La Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador con 25.000 euros de penalidad a la residencia concertada de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela, por no haber comunicado a tiempo, de manera oficial, la muerte de una usuaria por asfixia con las sujeciones de su cama el 11 de abril pasado.

Este suceso, adelantado por El País, ocurrió hace tres meses y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha abierto expediente porque el centro informó a la familia de la fallecida, a la policía y al juez, pero no a la Consejería, como estipula el contrato.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales han explicado a Efe que los fallecimientos por esta causa “son muy excepcionales y en ocasiones la causa de la muerte no es posible relacionarla con el uso de dichos mecanismos”.

En este sentido detallan que las sujeciones son un recurso excepcional que se utiliza en último término para impedir que estas personas se hagan daño a sí mismos o a los que les rodean y se utilizan por el periodo de tiempo más limitado posible, y siempre están prescritas por un facultativo y con autorización de los familiares.

Asimismo han añadido que en 2022 se inició un plan especial de comprobación, seguimiento y reducción de sujeciones por parte de la inspección de la Consejería.