El Juzgado número 1 de Instrucción de Santander ha abierto diligencias previas, según ha podido saber El Independiente, tras una denuncia de la Unión de Oficiales (UO) que atañe al jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Antonio Orantos. Unos hechos que se produjeron en el otoño de 2022 y ante los cuales el uniformado habría hecho la vista gorda con uno de sus agentes.

En octubre de 2022, tras una celebración, un grupo de guardias civiles terminaron la fiesta en el club de alterne New Borgia, en Heras, un municipio de Santander. Aquella noche, uno de los agentes discutió con el portero: pretendía entrar al local disfrazado, algo que no le pareció correcto al responsable de seguridad.

Los hechos no fueron a mayores, pero una asociación profesional los puso en conocimiento de la Comandancia de Cantabria. Antonio Orantos, el jefe al que se señala en la denuncia con la que ahora se han abierto diligencias, ordenó abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los trabajadores del puticlub no denunciaron lo ocurrido e indicaron que no hubo ningún tipo de incidente más.

La Jefatura de Cantabria, aún así, calificó aquellos hechos de graves, y propuso sanciones para los guardias involucrados. Para uno de los oficiales, sus jefes proponen la imposición de dos faltas graves, y tres meses de suspensión.

Segunda visita al prostíbulo

Pero el papel de Orantes en la denuncia de la UO cobra protagonismo un par de meses después del primer incidente. En diciembre, otro grupo de guardias civiles volvió a visitar el mismo prostíbulo. Entonces, según el relato del encargado, uno de ellos subió a una habitación con una mujer. Al no quedar satisfecho con el servicio recibido, bajó las escaleras y se dirigió a un responsable enseñando su placa de agente del Instituto Armado para que le devolviese su dinero, algo que terminó ocurriendo.

En este caso, Orantos, que llegó a la comandancia en febrero de 2022 por orden de la entonces directora general María Gámez, consideró que no había caso que investigar. No se ha abierto ningún expediente sancionador a este agente. La Unión de Oficiales, la asociación que representa a los mandos en el Cuerpo, considera que podría tratarse de un delito de extorsión, algo más grave que el encontronazo entre guardias y el portero del establecimiento meses antes.

Estos hechos, que fueron publicados por El Español y se recogen en la denuncia presentada en Santander por la UO, han servido para abrir diligencias previas. La asociación representativa, con presencia en el Consejo de la Guardia Civil, dirige su denuncia por "omisión del deber de perseguir delitos" contra el jefe de Cantabria, Antonio Orantos, "responsable que, al parecer, obstruyó y tampoco dio cuenta a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ni al Mando de Operaciones de la GC", cargo que ostenta el teniente general Félix Blázquez.

La asociación, no obstante, refleja que, en caso de que estas dos personas sí fuesen conocedoras de los hechos y tampoco los hubiesen perseguido, su denuncia también se dirigiría a ellos. También contra el agente que exigió que se le devolviese el dinero tras estar con una mujer en una habitación por un posible delito de extorsión.

Queda la duda de quién se hará cargo de la investigación. Fuentes conocedoras de la situación dudan de que la propia Guardia Civil de Cantabria sea la más oportuna para dilucidar un asunto interno. Además, los hechos se circunscriben a la Comandancia, que es jurisdicción de la Policía Nacional. Que un Cuerpo investigue al otro nunca está bien visto desde el otro lado, lo que podría generar tensiones en la zona.

Retirada de sus representantes

La Unión de Oficiales ha decidido retirar a sus representantes del grupo constituido en la Dirección General de la Guardia Civil para la implantación del Plan de Acción de Ética Profesional en la Guardia Civil. La implantación de este plan fue acordada por el Consejo de la Guardia Civil el pasado mes de abril como medida de choque frente a los distintos casos de corrupción que habían saltado a la luz pública en los últimos meses, como era el 'Caso Cuarteles' y el ' Caso Mediador'.

"La omisión del deber de perseguir estos hechos ocurridos en Cantabria, sin ni tan siquiera ofrecer una explicación pública que salvaguarde la imagen de la Guardia Civil y aclare por qué no se ha hecho nada para perseguirlos, ilustra sobre el compromiso con la Ética Profesional dentro del Cuerpo de quienes dirigen la Guardia Civil, con el director Leonardo Marcos a la cabeza", señalan en un comunicado.