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El Gobierno vasco da por acreditadas 58 muertes por abusos policiales entre 1960 y 1999

La Comisión de Valoración que aplica la llamada 'Ley de abusos policiales' presentará el lunes su tercer informe en el que identifica 7 casos de muerte y 49 de torturas.

Acceso al cuartel de Intxaurrondo de la Guardia Civil en San Sebastián.

Acceso al cuartel de Intxaurrondo de la Guardia Civil en San Sebastián. Mikel Segovia

No son sentencias judiciales, tan sólo ‘reconocimientos administrativos’ emitidos por una comisión de expertos. Sus conclusiones llegan a dar por acreditadas no sólo torturas y malos tratos sino casos de muerte por la práctica de abusos policiales. Incluso asignan cuál es el cuerpo policial que cometió el exceso y la vulneración de los derechos humanos. En los tres años que lleva operativa la comisión -que analiza posibles casos entre 1978 y 1999- ha estudiado 759 expedientes, la mayor parte de ellos han sido desestimados, pero entre ellos se ha dado por acreditados hasta 24 casos de muertes producidas por los excesos cometidos por miembros de la Policía o la Guardia Civil. A ellos se suman otras 34 muertes acreditadas en un informe previo relativo a un periodo anterior, entre 1960 y 1978. En estos tres años, además de las 58 muertes, se han dado por documentados otros 276 casos de torturas o heridas por excesos policiales.

Esta comisión fue constituida en julio de 2018 pero su actividad se inició en 2020. Compuesta por once expertos, entre juristas, historiadores o forenses, deriva de la ‘Ley de Reconocimiento y Reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política’ aprobada en 2016. Este lunes remitirá su tercer informe referido al periodo 1978-1999 al Parlamento Vasco, cuyo contenido trascendió ayer al reconocer 66 nuevas víctimas de torturas merecedoras de reconocimiento y reparación oficial. Se suman así a las 46 que ya reconoció el año pasado y a las 35 de su primer informe en 2021. A estos casos se suma el informe del periodo anterior (1960-1978) y en el que dio por acreditadas 34 muertes y 153 casos de tortura.

En estos expedientes la comisión considera probados casos de muerte y tortura provocadas por la actuación policial al margen de la ley, al vulnerar los derechos humanos básicos de las víctimas. Los más graves, los que provocaron el fallecimiento de las víctimas, fueron 11 en su primer informe, 6 en el segundo y 7 en el ahora remitido al Parlamento Vasco.

'La bolsa', 'la bañera'...

No se llega a identificar a los autores de los hechos, sino que simplemente se señala qué cuerpo policial estaría detrás de cada caso. En algunas de las comparecencias ante la Cámara vasca la presidenta de la comisión, la letrada Juana Balmaseda, llegó a afirmar que en la mayoría de los casos de abusos o torturas analizados se detectaba un patrón de conducta similar e incluso en el empleo de las prácticas de tortura.

Los responsables de la comisión han llegado a detallar algunas prácticas como ‘la bolsa’, ‘la bañera’, golpes a los detenidos, prácticas como ‘la rueda, el ‘pato’…”. En 2021 señalaron que también fueron habituales otro tipo de excesos policiales como las humillaciones continuadas al detenido, la privación de sueño, “el clima de terror, las amenazas dirigidas a familiares o la exposición a gritos de terceros “reales o grabados”.

El objetivo de la comisión es “reparar y reconocer” a las víctimas, recuerdan, sin invadir la competencia del poder judicial. Desde la comisión se viene recordando que en caso de que una de las denuncias recibidas esté bajo proceso judicial se abandonara su estudio. También que el procedimiento se basa en procesos que ya se llevaron a cabo, en testimonios que se puedan recabar y en documentación que se pueda solicitar a diversas instituciones. Una práctica, esta última, ante la que en todos los casos afirman que se han topado con cierta resistencia a colaborar por parte del ámbito de la Justicia y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La ‘Ley vasca de abusos policiales’ recoge que las personas que sean reconocidas como víctimas tendrán derecho no sólo a su reconocimiento sino también a su reparación con indemnizaciones económicas. Así, en los casos en los que se pueda dar por probado que el fallecimiento se produjo a consecuencia de la tortura o una actuación policial que vulnerar los derechos humanos la reparación económica por parte del Gobierno vasco podría llegar a los 135.000 euros.

Hasta 390.000 euros

También las secuelas de quienes fueron víctimas de torturas policiales tienen derecho a una reparación económica. En casos de que se pudiera acreditar una gran invalidez se podría reclamar la máxima indemnización, de 390.000 euros. La incapacidad permanente absoluta se repara con 95.000 euros, la total con 45.000 y la parcial con 35.000 euros.

La ley de abusos policiales se enfrentó tras su aprobación a un pulso judicial al ser recurrida por el PP y Ciudadanos que consideraron que invadía competencias propias del poder judicial. Consideraban que se pretendía ejercer una función propia de los jueces asignando responsabilidades de carácter penal. El Tribunal Constitucional concluyó que no se producía ninguna invasión competencial y que el único propósito del Ejecutivo vasco era reconocer y reparar desde un punto de vista administrativo a las posibles v´-víctimas de abusos policiales y que la cuestionada comisión no iba a "investigar hechos" sino a basarse en procesos ya realizados.

La Comisión de Valoración también rechazó la petición de cuentos de Guardias Civiles y Policías Nacionales que solicitaron la consideración de víctimas de "motivación política" como apuntaba la Ley aprobada en 2016. Finalmente, la cuestión fue votada en la Cámara Vasca que acordó dejar fuera de la ley a los miembros de los CFSE.

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1 Comentarios

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Comentarios cerrados para este artículo.

  1. ¿Estamos hablando de supuestos abusos policiales a los asesinos de los hijos de esos mismos policías?.