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PNV, PSE y Podemos se unen a Bildu para reiterar que la 'ley de abusos' no repare a policías

La comisión ha rechazado 460 peticiones de funcionarios de los CFSE que consideraban que la violencia de "motivación política" que reconoce la norma también les afectó y dejó secuelas a ellos en forma de persecución social y política.

El lehendakari Urkullu junto a la consejera de Empleo, Idoia Mendia.

El lehendakari Iñigo Urkullu conversa con la consejera de Empleo, Idoia Mendia, en el Parlamento Vasco,

La iniciativa había partido de EH Bildu. La coalición de la izquierda abertzale presentó en el Parlamento Vasco una propuesta para denunciar la actitud de los 460 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que solicitaron ser reconocidas como víctimas bajo la ley 12/2016 que reconoce a quienes padecieron «vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política» entre 1978 y 1999 en Euskadi. La comisión de valoración rechazó todas las peticiones al considerar que la llamada «Ley de abusos policiales» hace referencia a las víctimas de vulneraciones de derechos cometidos por funcionarios públicos o por personas particulares «incontroladas» por motivos políticos.

Hoy la Cámara de Vitoria debatía la propuesta presentada por Bildu contra lo que considera un intento por «desprestigiar y desconfigurar» la ley que debe reparar a las «5.000 víctimas de torturas». En su justificación, Bildu había asegurado que la ley debía ser modificada para evitar «interpretaciones maliciosas» como las que a su parecer han hecho los funcionarios policiales. Afirma que no puede darse reconocimiento y reparación precisamente a quienes pertenecen a los cuerpos que llevaron a cabo «torturas», o incluso «ejecuciones sumarias» durante el periodo que abarca la ley.

Finalmente, PNV, PSE y Podemos han acordado un enmienda transaccional con EH Bildu que reafirma que la citada ley no está pensada para la reparación de policías o funcionarios públicos, que ya disponen de otras normas que reconocen el impacto de la violencia de ETA que padecieron. La enmienda modifica el contenido de la propuesta inicial. En ella, tras reafirmar el compromiso del Parlamento con «los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que asiste a todas las víctimas», y en particular a las reconocidas en esta ley, se rechaza «cualquier intento de desvirtuar el espíritu y letra» de la norma. Además, se respalda la albor de la comisión de valoración.

El Parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha asegurado que la actitud de estos policías y guardias civiles recurriendo como víctimas a una ley que reconoce «la violencia que ellos mismos ejercieron» es «una involución». En su opinión, el intento por desvirtuar la ley está impulsada por «la ultraderecha»: «¿Van a ser las Fuerzas de Seguridad del Estado, sus lobbys y asociaciones de corte fascista las que van a tutelar el proceso de memoria?», se ha preguntado. «Las víctimas nos dicen que sufrieron algo más que abusos policiales, hechos como la bañera, los electrodos o los golpes hasta la muerte son algo más que abusos, son víctimas de la tortura del Estado».

«¿Pueden hacerlo sin sonrojarse?»

La parlamentaria del PSE, Gallastegi, se ha felicitado de que Bildu se abra a cerrar un acuerdo con la mayoría de la Cámara y a «reenfocar» el contenido de la iniciativa. «Ustedes habían puesto el foco en el mantra ideológico que tienen de la violencia del Estado, no en defender a las víctimas de la violencia». Ha señalado que la enmienda aprobada es «impecable» porque sitúa a las víctimas en el centro. Ha recordado a Bildu que ahora debe dar nuevos pasos, «debemos escucharles palabras que aún no les hemos escuchado, deben mirarse hacia dentro. Deben ver si pueden hablar sin sonrojarse de cualquier vulneración de derechos humanos. Nosotros sí, ¿ustedes?».

El representante del PNV, Iñigo Iturrate, ha asegurado que existen partidos y grupos que hubieran preferido «acallar a estas víctimas» de abusos policiales y que por ello intentan «obstaculizar esta ley». Una estrategia que impulsa la «extrema derecha». Ha señalado que la mayor parte de los agentes que se presentaron para ser reconocidas como víctimas no lo hicieron «de buena fe». Ha recordado que ya existen otras leyes que reconocen a las víctimas de ETA pero que no es el caso de la ley 12/2016, cuya aprobación fue complicada, ha recordado. Ha calificado de «sarcasmo» que cientos de funcionarios públicos pidan ser protegidos de los abusos de los funcionarios públicos.

El representante del grupo PP+Cs, Carmelo Barrio, ha denunciado que se intente criminalizar a los funcionarios que han concurrido a ser reconocidos como víctimas «porque consideraban que lo eran»: «Creen realmente que esta ley puede acoger a quienes como ellos sufrieron una persecución política con graves efectos y secuelas». Barrio ha señalado que ve con «estupor» cómo el PNV y el PSE «dan la razón a Bildu con la enmienda de transacción firmada»: «Han caído en la trampa».

Sin ‘cordón sanitario’

Desde Elkarrekin Podemos ha asegurado que no tolerará ninguna «campaña» en contra de esta ley. Ha recordado que ni las víctimas de ETA son del PP «ni las víctimas de la violencia del Estado son de EH Bildu». Para la formación todas las víctimas merecen ser reconocidas y reparadas.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaya Martínez, ha denunciado que Bildu no puede aparecer ahora «dando lecciones de respeto a los derechos humanos»: «Ustedes son responsables de esconder a los autores de más de 300 crímenes de ETA sin resolver». Ha subrayado que con este tipo de acusaciones contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la izquierda abertzale continúa «señalando con su dedo acusador». Ha recriminado a las formaciones que han respaldado la iniciativa aprobada por el Parlamento que, al contrario de lo que se práctica contra Vox en la Cámara, «contra este repugnante alegato de Bildu no habrá ‘cordón sanitario'»

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