Más de una treintena de ayuntamientos catalanes ponen trabas al empadronamiento de extranjeros. Por desconocimiento o voluntad política, como denuncian los últimos inmigrantes llegados a Ripoll (Girona) tras la llegada a la alcaldía de la líder del xenófobo Aliança Catalana, Sílvia Orriols. En el caso de este municipio de Girona se trata de una orden política, para demorar cualquier empadronamiento en la localidad los tres meses de máximo que establece la ley, según denuncia El Periódico de Catalunya. Pero el caso de Ripoll no es único.

El pasado mayo, a las puertas de las elecciones municipales, entidades vecinales como  Lafede.cat, Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), la Coordinadora Obrim Fronteres o la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC) denunciaron que al menos 35 municipios de Cataluña vulneran el derecho al padrón, que abre la puerta de los servicios sociales, la sanidad o la educación pública.

También lo denuncia el Estudio-mapeo sobre la situación del padrón en el Área Metropolitana de Barcelona, elaborado por la Fundación FICAT, que señala los consistorios de Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet o Badalona, todos gobernados entonces por el PSC, aunque el último ha pasado a manos del popular Xavier García Albiol, ponen trabas burocráticas para empadronar a determinados colectivos. Este estudio se centra en las dificultades de empadronamiento de las personas que viven realquiladas en una habitación, a los que los propietarios de la vivienda niegan el apoyo para empadronarse.

También Junts, ERC o la CUP

Estas maniobras no son exclusivas del área metropolitana de Barcelona. En Girona también han sido denunciados consistorios como Celrà (CUP), Bordils y Flaçà (Junts) o Palamós, de ERC, por trabas similares. También Martorell, Figueres o Igualada, de los mayores consistorios en manos del partido de Carles Puigdemont, o El Prat del Llobregat, gobernado históricamente por ICV y ahora en manos de los Comunes.

Las trabas denunciadas van desde posponer por sistema el empadronamiento tres meses -lo máximo que permite la ley- a reclamar documentación adicional que dificulta los trámites. Aunque la más flagrante, denuncian las entidades, es la negativa a aplicar el padrón social, que permite empadronar en un municipio a personas sin techo o que viven en infraviviendas.

Desde la dirección general de Derechos Humanos de la Generalitat advierten que las trabas se producen por incompetencia o mala fe, pero el resultado es que esas personas optan por empadronarse en municipios vecinos, generando disfunciones y más presión en los servicios sociales de los consistorios que sí facilitan el empadronamiento.

Por ello, el responsable de esta área, Adam Majó, se propone celebrar un encuentro de alcaldes y técnicos municipales para "unificar criterios". Aunque advierten, desde el Departamento de Igualdad, que la Generalitat no tiene competencias sobre la materia, regulada por la Ley de Régimen Local. "Lo único que podemos hacer para incidir es lo que ya estamos haciendo, formación a los entes locales y apoyo a las entidades" que acompañan a esos inmigrantes.

El servicio jurídico del Departamento ha atendido 250 consultas sobre este ámbito, y se ha dado formación a 1.200 técnicos municipales y personal electo tras el encuentro celebrado con entes y síndicos locales celebrado el pasado verano.