El Ministerio del Interior acaba de presentar un contrato por 1,85 millones de euros (3,7 millones contando impuestos) para contratar un "servicio de interpretación y traducción" que de asistencia a estas personas. "Se puede afirmar que la tendencia en los últimos años ha sido, y se estima que lo siga siendo en el futuro, claramente ascendente", se lee en el pliego del contrato.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska está seguro de que la llegada masiva de solicitantes de asilo se prolongue durante todo el 2024. En las últimas semanas las tres salas de recepción de estas personas en el aeropuerto de Barajas en Madrid se han saturado, dejando situaciones de peligro e insalubridad.

"Hay que señalar que desde el inicio del año 2016 hasta el año 2023 se ha producido de manera continuada un incremento de solicitantes (sólo interrumpido por la suspensión de tramitaciones como consecuencia de la Covid-19 durante 2020 y la posterior tardanza el recuperar el ritmo anterior)", se lee en la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente.

Según los datos de Interior, la tendencia de los primeros meses de 2023 "confirman la continuidad del incremento de solicitudes que se ha venido manteniendo" en los últimos años, algo confirmado, e incrementado, en las últimas semanas del año pasado y las primeras del presente. El nuevo contrato de 12 meses comenzará "se iniciará al día siguiente de finalización del contrato actualmente en vigor", que es el día 19 de mayo.

Reforzar Ceuta, Melilla y Barajas

El pliego de condiciones señala los requisitos que deberán tener los intérpretes, que principalmente prestarán servicio "en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla y en el Aeropuerto de Barajas en Madrid y en el Aeropuerto del Prat de Barcelona". El servicio comprenderás la interpretación y traducción de varias lenguas, primando el árabe, el francés, el inglés y el ruso.

En las últimas semanas, el aeropuerto de Barajas ha visto incrementado las solicitudes de asilo desde Marruecos, Senegal y Kenia. Ahora se han añadido también Mali y Guinea. La saturación ha llegado a tal punto, y los policías nacionales se han visto tan desbordados, que hace unas semanas se fugaron 26 personas rompiendo el cristal de una de las salas. Las instalaciones madrileñas copan la mayoría de las peticiones. Sólo en el noviembre pasado recibió el el 93,3% de toda España.

El ministro Marlaska voló el pasado 19 de enero a Rabat para mantener nuna relación bilateral con su homólogo marroquí. Junto a él viajaron la directora general de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería, Elena Garzón; el comisario general de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Julián Ávila; y el teniente general jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, Juan Luis Pérez. También la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, aunque la convocatoria del Ministerio no la incluía.

Tras la recepción al ministro, los equipos de cada parte se reunieron en una sala contigua, más grande. El tema principal era el de la inmigración. Allí estaba el agregado de Interior en la embajada en Rabat, Enrique Taborda, antiguo responsable de la Comisaría General de Extranjería. Algunos mandos policiales lo señalan como uno de los responsables en la actual crisis de llegada de asiliados a Madrid, aunque fuentes del Ministerio defienden el trabajo que viene realizando desde el verano de 2022.

Situación en Barajas

La situación de hacinamiento y colapso no es nueva en Barajas. El 22 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) exigió al Ministerio del Interior que tomases medidas urgentes. En ese momento se encontraban 250 personas durmiendo en las dependencias de asilo. Fuentes policiales explicaron a este periódico que en esa ocasión el problema estaba con los vuelos provenientes de El Salvador.

El ministro Grande-Marlaska afirmó el 4 de enero que la situación de colapso era "puntual" y que en ese momento ya estaba "controlada". Nueve días después se produjo la citada fuga. La diferencia con la anterior situación es que ahora las nacionalidades mayoritarias son la magrebí, la senegalesa y la keniata.

Fuentes de seguridad y policiales no dudan en señalar que la llegada de estas personas se debe a la política migratoria del Gobierno. Por un lado, el férreo control que Marruecos está haciendo de las vallas de Ceuta y Melilla, sobre todo tras la crisis de 2021 en la que entraron 10.000 personas en la segunda de las ciudades autónomas.

Por otro lado, la llegada masiva de cayucos a las Islas Canarias ha obligado a Interior a refortalecer las relaciones con las autoridades de Senegal, de donde llegan la mayoría de migrantes.

Marlaska ha repetido en varias ocasiones que la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía del país africano han conseguido frenar el 40% de las salidas por mar hacia España. El problema es que Senegal se enfrenta a varios problemas, entre ellos la inestabilidad del terrorismo yihadista, por lo que los ciudadanos buscan cualquier manera de salir del país. Si no es por mar lo harán por aire.

La cuestión con los magrebíes es diferente. Los agentes expertos en extranjería saben que son más peligrosos e inadaptados que los senegaleses, que suelen causar pocos problemas. Desde el norte de África llegan a Barajas con un billete de ida en regla para coger otro vuelo que los lleve a un país diferente, explican mandos policiales.

Para subirse en el primer avión necesitan tener documentación en regla, aunque necesitan un justificante de que no vienen para quedarse en España, si no que el aeropuerto sólo es un paso intermedio para ir a otro lugar. Es lo que se conoce como "pasajeros de tránsito". El problema estriba, según los mandos consultados, en que antes de aterrizar y de pedir asilo se deshacen de ellos.