Los sindicatos de prisiones han pedido explicaciones al Ministerio del Interior y que garantice el proceso de oposiciones al cuerpo de ayudantes tras las denuncias sobre el uso de pinganillos y de dispositivos electrónicos prohibidos con la intención de recibir información del examen desde el exterior.

Los sindicatos ACAIP-UGT, CSIF y CIG se han dirigido al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para recordarle que tiene que supervisar que las oposiciones que se realizaron el 4 de febrero en Madrid y Las Palma respetando los principios de igualdad y seguridad jurídica.

En concreto, citan lo ocurrido en el aula 16 de la Faculta de Informática de Madrid con la expulsión de una docena de opositores en medio de un "absoluto revuelo" y la paralización de la prueba durante unos momentos, hasta que se recondujo la situación.

"Entendemos que es imprescindible que la Administración Penitenciaria dé explicaciones sobre los hechos acaecidos y, en su caso, las diferentes consecuencias derivadas de aquellos a efectos de garantizar la transparencia del proceso y la imagen de la institución", han apuntado los sindicatos, afeando el "hermetismo" de Instituciones Penitenciarias.

2300 "perjudicados"

Por el momento, unos 2300 "perjudicados" se están organizando en un grupo de Telegram. En él comparten lo que consideran "irregularidades" que pasaron el pasado domingo. Algunos cuentan experiencias propias como que en algún aula "entraron opositores cinco minutos después", mientras que otros sólo narran rumores que han oído que les han contado de gente que vio algo en otra sala distinta a la que estaban ellos.

Lo que se sabe es que los examinadores pillaron a dos personas que usaron pinganillos durante el examen. En un momento dado, a una chica empieza a sonarle el dispositivo y se escucharon algunas respuestas: "La 40 A, la 41 C...". Algunos opositores, más allá de las evidentes trampas, dicen que aquel suceso les desestabilizó y que ya no pudieron hacer bien el test. Piden que se anule el examen.

La principal teoría que manejan es que el tribunal examinador filtró a alguien el examen y que a través del pinganillo chivaron algunas respuestas. Muchos en el grupo de Telegram apuntan a algún tipo de conchabeo entre los jefes examinadores y alguna academia.

Ahora su principal estrategia es el envío masivo de correos electrónicos a Instituciones Penitenciarias para hacer llegar sus quejas. Han creado una plantilla para que cada uno vaya incluyendo su experiencia personal. "Si mandamos 10 o 20 no nos van a hacer caso, pero si mandamos 1000 o 2000...", apuntaba uno.