El hombre clave en el entramado del caso Delorme o, más popular, el caso Koldo es un empresario sin rostro. La Guardia Civil y la Fiscalía sitúan en la cúspide de la organización a Juan Carlos Cueto, un viejo conocido del Ministerio Público y de la Audiencia Nacional. Un experto comisionista.

En este caso se investiga si, junto a Víctor de Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados, para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa instrumental". Se calcula que habría obtenido un beneficio de 9,6 millones de euros, presuntamente.

Aunque lleva más de 30 años trabajando con su empresa Comercial Cueto 92, no hay una foto suya pública. Tampoco a pesar de que la Fiscalía le pide 55 años de prisión. En 2014, el juez Pablo Ruz desveló la estafa millonaria alrededor de la empresa pública Defex. Y allí erstaba el principal cerebro en el cobro de somisiones por la compra de material sanitario en 2020.

Defex era una empresa del Estado controlada por militares. En 2008 se unió en una unión temporal con una de las empresas de Cueto para vender armas a la Policía de Angola. El contrato tenía un importe de unos 152 millones de euros, aunque el coste de Ejevución era de 59. Es decir, en comisiones hubo cerca de 100 millones. Cueto se quedó con 41 que aparecieron en una cuenta de Luxemburgo.

Visita del Papa

Los otros dos contratos investigados en ese procedimiento son las operaciones comerciales de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la vista del Papa en 2009, por importe de casi dos millones de euros, y el suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011 por importe de cerca de dos millones.

Según el juez, existen indicios en este caso de que la finalidad de la organización constituida era doble: por un lado, conseguir contratos en países extranjeros mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios angoleños y, por otro, enriquecerse ilícitamente cargando "brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de decenas de millones de euros".

Apunta el instructor que toda la operativa estaba organizada sobre "con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización", representadas en este caso por Cueto Martin, Encinas Charro, Ángel María Larumbe Burgui y Manuel Iglesias Sarria, "auténticos líderes de la organización".

El juez señala como otra pieza fundamental de esta estructura criminal a Beatriz Garcia Paesa, sobrina del espía Fernando Paesa, que se ocupó de "implementar la estrategia acordada, diseñar y poner en marcha toda la estructura de sociedades y asumir directamente buena parte de la falsificación de facturas y documentos, y distribuir los fondos ilícitos obtenidos".