La Generalitat afronta ya demandas por valor de 1.000 millones de euros de los propietarios de licencias de pisos turísticos. Un monto que puede ascender a los 7.000 millones, según las previsiones de Apartur, la patronal de pisos turísticos en Cataluña, que este lunes ha advertido contra la "expropiación encubierta" que supone a su juicio la regulación aprobada por el Govern de Pere Aragonès para limitar la proliferación de esta modalidad de alojamiento turístico.
La pasada primavera el Govern aprobó por decreto la caducidad de las licencias de pisos turísticos, con una validez de cinco años. Una regulación a la que se ha acogido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para anunciar que en 2028 suspenderá todas las licencias de pisos turísticos en la capital catalana. En total, 10.000 viviendas dedicadas a uso turístico que, según la patronal del sector, suponen el 45% de la oferta de alojamiento turístico en Barcelona.
El anuncio de Collboni ha sido el detonante de las reclamaciones impulsadas por Apartur, que este lunes daba datos sobre el coste de esa medida para las arcas autonómicas. Por el momento, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Generalitat suman 1.000 millones e incluyen tanto a propietarios como a gestores vinculados a la actividad.
Hasta 7.000 millones en Cataluña
La patronal calcula que el valor final de las indemnizaciones que deberá afrontar la Generalitat podría superar los 3.000 millones de euros sólo en Barcelona. En toda Cataluña se calcula que esta cifra podría superar los 7.000 millones de euros. El plazo para presentar recurso finaliza el próximo 8 de noviembre, un año después de la publicación de la ley, y muchos de los afectados están todavía en trámites para sumarse.
"La expropiación de las licencias previstas en el decreto es ilegal" advierten, porque las indemnizaciones en caso de expropiación deben ser económicas, algo que no contempla la ley catalana. Ante la falta de compensación económica, los titulares de pisos turísticos tienen derecho a reclamar a la Generalitat el importe resultante de un cálculo sobre los gastos de los últimos 5 años y los beneficios que se obtendrían de continuar con la actividad, argumentan desde Apartur para justificar sus cálculos.
Regulación catalana
A partir de 2028 recae en los ayuntamientos la responsabilidad de renovar, o no esas licencias, con una limitación máxima de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes. PSC y Junts se unieron entonces para frenar el decreto y flexibilizar la medida, de modo que sean los gobiernos locales los que decidan el porcentaje de pisos turísticos en cada población. Pero el PSC pactó con los Comunes mantener esa limitación en el pacto de investidura de Salvador Illa.
Apartur argumenta que el Decreto ley de la Generalitat implica una "una expropiación de hecho de las licencias de los pisos turísticos en 2028". Añaden desde la patronal que, a pesar de que aún faltan cuatro años para que expiren las licencias, "los efectos negativos de la nueva normativa ya se han empezado a notar" en términos de incertidumbre entre trabajadores y clientes, imposibilidad de amortizar inversiones y pérdida de valor de los pisos.
"Nos encontramos ante una expropiación forzosa encubierta en la que debería indemnizarse económicamente a los propietarios. No hacerlo nos lleva a una situación absolutamente inaudita, contraria a cualquier garantía jurídica, contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea", advertía la directora general de Apartur, Marian Muro.
La patronal de los pisos turísticos esgrime además el estudio que elaboró de oficio la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) –organismo que depende del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat– y que ya señalaba que el Decreto de viviendas de uso turístico no respondía a los principios de necesidad y proporcionalidad y que era indiscriminado y abusivo. En su informe la ACCO pedía al Gobierno más rigor para impulsar una regulación eficiente.
Otro informe contrario a la ley es el que publicó la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, que también cuestionaba la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y la Comisión Europea ha abierto un expediente por vulneración de la normativa comunitaria como consecuencia de la aprobación de esta regulación por parte la Generalitat.
Por todos estos motivos, Muro apuesta porque "los tribunales acabarán dando la razón al sector". Sin embargo, desde la patronal se recomienda firmemente a todos los afectados que aún no lo hayan hecho que presenten sus reclamaciones patrimoniales dentro del plazo previsto por si la norma no fuera anulada.
Desde Apartur se sigue apostando por una “regulación justa y equitativa” que evite la desaparición de una alternativa de alojamiento que representa el 40% del alojamiento reglado en Barcelona, la mayoría turismo familiar, que emplea a unos 5.000 trabajadores de forma directa y otros tantos de forma indirecta y aporta anualmente más de 347 millones de euros a las arcas públicas de Barcelona.
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