Los guardias civiles siguen manifestándose en contra del traspaso de competencias a la Generalitat de Cataluña. La asociación profesional Jucil advertía este jueves que, de llevarse a cabo, sentaría "un mal precedente para el resto de comunidades".

Desde hace semanas, las asociaciones temen que en un futuro cercano se entregue al gobierno catalán el control de aeropuertos, puertos y medio ambiente. Ante la celebración de la próxima junta de seguridad, representantes de Jucil se han reunido con el general jefe de la zona de Cataluña, Pedro Antonio Pizarro, para mostrarle sus preocupaciones.

De hecho, en la última reunión de este tipo, el pasado 5 de diciembre, el Ministerio del Interior ya comunicó el traspaso de las competencias del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), "condenando a esta especialidad de la Guardia Civil al desmantelamiento de unidades en favor de los Mossos d'Esquadra y agentes rurales".

"Hemos transmitido al general nuestro rotundo rechazo a esta pérdida de competencias, que supondría la práctica desaparición de la Guardia Civil de Cataluña y un mal precedente para el resto de comunidades”, asegura Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, quien añade: "Además, creemos que los Mossos no tienen capacidad policial para asumir estas competencias".

Pelea judicial

La asociación ha asegurado que llevará a los tribunales cualquier cesión a la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, ya que la legislación las atribuye exclusivamente a la Guardia Civil.

El secretario general de Jucil señala que "el actual modelo policial se debe de revisar en profundidad, siendo conscientes de que los cuerpos policiales autonómicos no generan más seguridad que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; prueba de ello es que Cataluña es la segunda comunidad con el índice de delincuencia más alto, según datos del Ministerio del Interior".

"A pesar de las reiteradas solicitudes de información previas, tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat han mantenido una gran opacidad sobre este asunto, lo que ha generado mucha inquietud en el seno de la institución y de los agentes afectados. Actualmente hay desplegados en Cataluña 3.600 efectivos de la Guardia Civil, a los que habría que sumar otros 1.200 si se cubriesen las plazas contempladas en el catálogo de puestos de trabajo".

Como argumento para reforzar su lucha en los tribunales, fuentes de la asociación recuerdan que el Tribunal Supremo ya declaró ilegal la cesión de las competencias de tráfico en Navarra a la Comunidad Foral, tras estimar el recurso presentado por la asociación en su momento. "Este precedente refuerza la convicción de que serán los tribunales los que frenen esta posible decisión que afecta gravemente al funcionamiento de la Guardia Civil en Cataluña y el resto del Estado".