La declaración este lunes como testigo de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha apuntalado en varios puntos la versión que ofreció el pasado viernes la exconsejera de Interior de la Generalidad Salomé Pradas, que acusó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de actuar de forma "negligente" durante la reunión de emergencia del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) que se celebró durante la tarde del 29 de octubre, el día de la tragedia.

Según fuentes presentes en la declaración consultadas por El Independiente, Bernabé confirmó ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que, durante la primera reunión, la Confederación sólo informó sobre la situación en la presa de Forata, sin advertir de riesgos en otros puntos, en línea con lo manifestado por Pradas, que criticó la actuación de este organismo —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— porque, según dijo, sus responsables avisaron del desbordamiento del barranco del Poyo cuando ya era tarde.

Bernabé explicó que, al ser convocada al Cecopi, se dirigió a las 17:00 a la sede de la Delegación del Gobierno, el punto más cercano en ese momento. La reunión se interrumpió a las 18:00 horas, cuando Pradas anunció una pausa para valorar los siguientes pasos. En ese momento se desconectaron los micrófonos y las cámaras, momento que aprovechó para hablar con los alcades de los municipios afectados. Según la delegada, el incremento del caudal en el barranco del Poyo se detectó a las 18:43 —cuando la CHJ envió el primer aviso por correo electrónico—, pero el Cecopi en ese momento no estaba operativo y no recibieron esa información.

Además, aseguró que no tuvo conocimiento del desbordamiento del mismo hasta las 19:05 horas, cuando llamó a la alcaldesa de Paiporta después de ver imágenes en prensa de los desbordamientos, quien le informó de que había habido ahogamientos. Fue entonces cuando contactó con Pradas y se reactivó la conexión con el Cecopi. Según su relato, reclamó el envío inmediato del ES-Alert a toda la provincia. El mensaje, sin embargo, no se emitió hasta las 20:11, cuando la situación ya estaba desbordada.

También señaló que pensó que la alerta incluiría un texto en el que se indicase a la población de que subiese a plantas elevadas. En su declaración, Pradas explicó que el aviso se mandó cuando los técnicos presentes en el Cecopi lo recomendaron, y delegó en ellos toda la responsabilidad de las decisiones que se tomaron en la reunión de urgencia durante aquella tarde. En este punto, su testimonio también coincide con el de la exconsejera, puesto que explicó que eran los especialistas los que estaban capacitados para interpretar los datos que iban llegando al centro de emergencias.

Por otro lado, Bernabé relató que esa misma mañana ya había alertado a Pradas de la desaparición de una persona y le instó a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 12:20 horas para actuar en Utiel. No obstante, el Gobierno autonómico no formalizó la petición hasta las 14:54. Sobre el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, declaró que lo vio al reconectarse al Cecopi y que, más tarde, después del envió de la alarma, le llamó desde un número desconocido porque, según le dijo, su teléfono se había estropeado. Además, indicó que no fue hasta la madrugada del día 30 cuando tuvo noticia de las primeras víctimas mortales.

Mando único o gestión compartida

Desde el inicio de la catástrofe, el Gobierno ha señalado a la Generalidad por su actuación en las horas críticas, asegurando que disponía de información suficiente para alertar a la población. En su comparecencia, Bernabé subrayó que la responsabilidad de vigilar las ramblas recaía en la administración autonómica, ya que fue ésta la que decretó la alerta hidrológica para el Poyo a las 12:20 horas, basándose en los datos de la Confederación. La Generalidad, por su parte, ha culpado a la CHJ y a la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), alegando que no recibieron avisos claros sobre la magnitud del fenómeno que se avecinaba.

Fuentes jurídicas explican a este periódico que la delegada defendió ante la jueza que “la directora del plan de emergencias” era Pradas, y que la responsabilidad de lo ocurrido esa tarde recaía en ella. Sin embargo, la exconsejera matizó que esa figura jurídica fue derogada en 2015 y argumentó que la Guía de Organización Operativa estatal para la respuesta inmediata ante emergencias de Protección Civil establece una dirección colegiada y coordinada entre administraciones. Añadió que el Gobierno puede activar el nivel 3 de emergencia sin que lo solicite la comunidad autónoma y recordó que, junto a ella, Bernabé formaba parte del comité de dirección del Cecopi.

Además de señalar a la CHJ, Pradas también apuntó a la Aemet, a la que acusó de prever precipitaciones muy inferiores a las que finalmente se registraron: 180 litros por metro cuadrado frente a los 800 que cayeron, según su testimonio. Estas mismas fuentes señalan que la jueza no permitió preguntas incriminatorias dirigidas a Bernabé, al declarar como testigo. La asociación Liberum, personada en la causa como acusación popular, ha anunciado que pedirá su imputación.