Podemos entra de lleno en el debate en torno a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, capitalizado en las últimas horas por la enmienda a la totalidad que Junts impondrá al proyecto de ley para ese cometido que este martes aprobó el Consejo de Ministros. De procederse de cualquier forma a limitar el carácter de la reforma, para atenuarlo y contentar al partido de Carles Puigdemont, de la que depende para salir adelante con el PP también en contra, Podemos desequilibrará la balanza y pondrá contra las cuerdas al Gobierno, incapacitando la mayoría necesaria en el Congreso para sacarla adelante.

Tras la reunión del Gobierno en Moncloa de este martes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intervino en rueda de prensa y asumió que tendrá que adaptarse a las demandas que Junts le haga para sacar adelante la que es su propuesta estrella de la legislatura tras la reforma laboral de 2022. En su declaración, Díaz precisó que "el margen [de negociación] es absoluto" con los de Miriam Nogueras en el Congreso. "Hemos vivido negociaciones más complejas que esta, nuestro planteamiento es bastante sensato", consideró la vicepresidenta tercera, que ve "la enmienda de devolución" de los posconvergentes como "una herramienta de negociación explícita". Algo que también apreció Nogueras en una entrevista en RNE por la mañana y desde el Congreso por la tarde.

Díaz, de hecho, asegura que en la negociación con los agentes sociales ya puso sobre la mesa medidas de acompañamiento a pymes y autónomos, pero se suprimieron al levantarse la patronal de ella. El compromiso es volver a sugerirlo una vez se abra en el Congreso el diálogo con los partidos, incluido Junts. Desde su grupo parlamentario, Sumar, sus integrantes avalan la posición de Díaz y prevén la posibilidad de que Junts rectifique. "Con Junts nunca se sabe", advierten, con todo.

La posición de los posconvergentes, a priori, pivota en el impacto que la reducción tendrá en las pymes. Creen que la medida "dificulta trabajar" al sector y lleva a una "fiscalización inaceptable" a las empresas catalanas, pequeñas y medianas en un 99,8% en el territorio. Igualmente, se entiende que el proyecto nace viciado y "no puede ser una buena ley" por centrarse Trabajo en "los sindicatos españoles" y omitirse, dicen, las negociaciones "la pequeña y mediana empresas catalana" o los autónomos de la comunidad. Durante los meses atrás, con todo, tanto Sumar como fuentes muy próximas a Díaz, vienen incidiendo en que el diálogo con Junts ha sido contaste y siempre abierto. Pero los posconvergentes aseguran que no ha habido apenas profundidad. Por todo eso, los de Puigdemont están instalados en el 'no'.

Nogueras, este martes, se quejó, además, de que la medida llega en un momento en que "la productividad" de las empresas españolas "es baja" en comparación con otros países con horarios similares al nuestro. Además, puso de relieve "el absentismo laboral" en alza. "Me da la sensación de que aquí interesa más tener un titular que no tener una ley". "No es una buena ley. En los términos en los que está escrita, es una ley para seguir presionando y acribillando a impuestos" a esas pymes, dijo, asumiendo que si se adapta a los intereses de Cataluña, no tendrán problema en cambiar de un 'no' a un 'sí'. "No vamos de farol", apreció Nogueras.

La posición que adelanta Junts es la de diferencias de modelos, lo que les inhabilita para pactar nada. Sumar cree que hay margen para un pacto pese a las diferencias

En privado, fuentes de Junts aseguran que no hay concesión posible que les haga apoyar la medida, porque el problema es de "modelo", de base. Aseguran que desde tras su contacto con el sector, la patronal y los pequeños empresarios y autónomos no hay nadie que les invite a avalar la ley. Perciben que destruirá empleo, de hecho. "Cuando nos presentaron el texto les dijimos que no podríamos votarlo. Es inaceptable. Que dejen a los empresarios y los sindicatos negociar sus convenios, el Gobierno no debe meterse en estos asuntos", instan desde Junts. Alertan, además, que todas las horas que se quiten a los trabajadores deberán asumirlas los autónomos, haciendo insostenible la situación y llevando a cierres. Pese a esa negativa a negociar sobre este proyecto y pese a pedir partir de cero, en Sumar creen que hay capacidad. Ven favorable la disposición de Junts "a negociar siempre".

Las concesiones que se hagan por ese camino preocupan a Podemos, sin embargo. Fuentes de la dirección estatal morada se muestran contundentes ante esa tarea de atracción a los posconvergentes. Por ahora ven "difícil" que salga adelante cualquier pacto pese al optimismo de la vicepresidenta segunda, con quienes las relaciones son prácticamente nulas por las rencillas partidistas entre espacios. Pero advierten de que si cualquier guiño a los de Puigdemont desvirtúa el texto presentado, no respaldarán la medida. Si se inclina demasiado la balanza "por el otro lado", promoviendo "recortes" que modifiquen notablemente la propuesta, Podemos "no va a votarlo". Ahora, "tal y como está es asumible", afirman fuentes moradas.

Cualquier guiño a los de Puigdemont que desvirtúe el texto hará que Podemos no respalde la medida

Con todo, ante la consulta de El Independiente, Podemos no detalla a qué tipo de "recortes" se refiere. De hecho, aseguran que no quieren aventurarse, sino esperar a ver qué se propone. "Estaremos pendientes", avanzan. En vista a las advertencias de Junts, uno de los ámbitos señalados y que podría irritar a Podemos podría ser el de las multas. Las sanciones se elevan por ausencia de registro o falseamiento de datos de cada persona afectada. También por cuestiones de seguridad y salud de las personas trabajadoras en los centros de trabajo. Cualquier merma en estas sanciones, que tienen carácter disuasorio, podrían mover a Podemos.

Este martes, en comparecencia de prensa previa al pleno de por la tarde en el Congreso, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, reforzó ese argumento pero tampoco ahondó. "Votaremos todo lo que sean avances. Si no, no estaremos ahí", dijo. Podemos viene mostrándose, de hecho, muy crítico con Pedro Sánchez y los suyos por lo que percibe como una deriva de sus objetivos hacia postulados de derecha. Especialmente por el rearme militar que este miércoles lleva al presidente del Gobierno a comparecer en el Congreso.

Podemos, de momento, niega que hayan negociado o estén dialogando con el Gobierno o Trabajo sobre este asunto. En el partido ven la reforma "modesta", por lo que cualquier cambio notorio puede hacer a Podemos moverse hacia la crítica. Se aproximan a la demanda de 35 horas semanales, ya defendida "hace 20 años".

Un equilibrio de escaños clave

La advertencia de Podemos, de contentarse a Junts, dejan dos escenarios posibles. Uno crítico y otro intermedio que permitiría compaginar el descontento de los morados con la aprobación de la ley. Si los de Belarra decidiesen abstenerse, acreditando su disgusto, la norma saldría adelante sin problema. Por el contrario, de ubicarse en la negativa, sería imposible que Díaz viese refrendada su ley, trasladando el problema de socios de la derecha a la izquierda.

Ahora la mayoría de legislatura es de 179 escaños contando al PSOE, Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria, además del voto del diputado no adscrito y exsocialista, José Luis Ábalos. La oposición la componen PP, Vox y UPN con 171 diputados. Una abstención de Podemos dejaría en 175 vs. 171 al Gobierno, pero un rechazo concreto igualaría a 175 el resultado, impidiendo tras tres votaciones que saliese adelante la norma pasando ésta al Senado.

Fuentes del Grupo Socialista en el Congreso, ante este panorama, también ven "muy complicado" que se consiga llegar a buen puerto. Hasta entonces, el compromiso del resto de socios está en el sí al proyecto de ley, aunque pugnarán por intentar enmendarlo a su favor y bajo sus criterios. EH Bildu, como Junts, se ha quejado de que el borrador de la norma se ha elaborado sin contar con la "sociedad sindical vasca", pero tiene un compromiso con la aprobación de la medida. También se posicionó el BNG, quien consideró "poco ambiciosa e insuficiente" el propósito de Trabajo, "ya que existen muchos sectores en el ámbito privado y la totalidad del sector público que ya tienen recogido el mismo horario que se pretende establecer". Abogan por las 35 horas semanales como pide Podemos, "con el horizonte de las 32 horas y 4 días semanales".