El Congreso de los Diputados vivió esta semana un debate ochentero en torno a la supervivencia de la energía nuclear en nuestro país. Nada que no haya pasado en el resto de una Europa alarmada por su dependencia energética desde que Vladimir Putin invadió parte del territorio de Ucrania, pero aquí agravado por el apagón eléctrico del pasado 28 de abril. Nunca, desde aquellas chapitas con un sol sonriente que rechazaba las nucleares, emblema de toda una generación, volvió a abrirse en España una controversia en torno a una cuestión tan impopular que ni siquiera el PP osaron resucitar José María Aznar y Mariano Rajoy siendo presidentes del Gobierno de la nación.

Y así, mientras la Unión Europea convertía la energía nuclear en energía verde; en Alemania, un gobierno de coalición entre socialdemócratas y verdes daba marcha atrás al cierre de centrales decretado en los tiempos de Angela Merkel y Francia subía su apuesta por los reactores, España seguía soslayando este debate como algo vergonzoso. "Desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables o de nucleares porque esto no es así", dijo el presidente el Gobierno el pasado miércoles durante su comparecencia parlamentaria autoexculpatoria sobre un apagón todavía inexplicable.

"Esto no va de renovables o nucleares, va de renovables y nucleares. Es ciencia", replicó el líder del primer partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "Las nucleares las quería en España, pero no en Galicia", atornilló el jefe del ejecutivo en alusión a los tiempos en que Feijóo era presidente de la Xunta gallega, todo ello entre alusiones a los "poderosos" y a los "lobbys", frente a los que el Gobierno de coalición presentó como un cortafuegos.

España sigue adelante, impertérrita, con su calendario de cierre de las nucleares para el periodo comprendido entre 2027 y 2035 -con la extremeña Almaraz (Cáceres) como primer laboratorio de pruebas- tras el acuerdo alcanzado con las propias empresas del sector en 2019. Son las mismas que ahora controlan en muy buena medida las inversiones en renovables, vamos, esos 'ultrarricos' de los que hablaba Sánchez con desprecio y un punto de rebeldía revolucionaria. Pero la situación pactada entonces poco o nada tiene que ver con la actual, con una España que se fue a negro a pesar de las renovables y del gas que no hemos dejado de comprar a la Rusia de Putin.

"Repensar" el calendario

El lobby que conforman las empresas del Foro Nuclear ha visto una ventana de oportunidad. Su presidente, Ignacio Araluce, apuesta por "repensar" dicho calendario con la que está cayendo. No se habla ni de nuevas centrales ni de nuevos reactores, sólo ampliar lo existente, aunque eso exige unas inversiones millonarias que Sánchez dice no estar dispuesto a pagar. "Empieza a haber un clamor de, oiga, porqué vamos a cerrar las centrales nucleares", dijo para defender que, durante el apagón, "no fueron ninguna rémora", versión que desmiente el Gobierno.

Lo cierto es que, a diferencia de sus antecesores en el PP, Feijóo ha sido capaz de dar un paso adelante en defensa de la continuidad de las nucleares sin renegar ni de los molinos ni de la fotovoltaica. Puede que medie algún estudio interno sobre la aceptación ciudadana de una fuente de energía que no deja de presentar problemas tanto de seguridad como de residuos, pero generadora de mucha menos alarma que en aquellos años 80 de profundo activismo antinuclear.

A lo más que llegó Rajoy fue a la aprobación, precisamente, de un almacén nuclear en la localidad coquense de Villar de Cañas, que la ex vicepresidenta Teresa Ribera suspendió por la vía rápida en cuanto llegó al Gobierno. Iberdrola y Enresa piden 82 millones de euros de indemnización por las obras ya iniciadas. Cosas de la voracidad de los "poderosos", que diría Pedro Sánchez.

Frente PP, Junts y ERC

Pero en el ámbito político resulta que el PP no esta solo. Que Junts se sume a la petición de alargar la vida de las nucleares por servir a esos intereses inconfesables de los gigantes eléctricos podría resultar para el Gobierno de coalición un buen argumento, pero que también se sitúe en esa posición ERC les fastidia el discurso. Y es que entre el 30 y el 50 por ciento de la energía consumida en Cataluña -el 60 por ciento según el Foro- tiene origen nuclear. El experto de ERC en esta materia, Jordi Salvador, se justificó recientemente en el Congreso afirmando que "nosotros estamos porque la nuclear continúe porque no hay por ahora otra alternativa energética ni económica ni de empleo para las zonas afectadas". Nada que ver con la derecha independentista, que responde, adujo, a "los intereses de las eléctricas y energéticas".

"Ya veréis cómo las únicas centrales no desmantelan son las catalanas", comentan en las filas populares en alusión a Ascó I y II y Vandellós II mientras Génova se vuelca en revertir el calendario de Almaraz respaldando a su presidenta autonómica María Guardiola. También la madrileña Isabel Díaz Ayuso ha hecho causa junto con su compañera de filas, pues buena parte de la electricidad que consume Madrid bebe de la central extremeña. Pero no solo. También el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a las propietarias de los reactores de esta central, Iberdrola, Encesa y Naturgy, que soliciten formalmente al Gobierno una prórroga. Habla Gallardo del impacto "social y económico" que este cierre supone para su tierra.

Y mientras el debate político sobre la transición de nuestro modelo energético no deja lugar a una reflexión serena y técnica sobre si es necesario corregir el rumbo, la Unión Europea toma nota de lo sucedido en España ante el temor de contagio. El Parlamento Europeo ha abordado nuestro fundido a negro, pero no para elogiar que los ciudadanos no quemaran contenedores ni reventaran escaparates durante el apagón, sino para trabajar en una mejora de la interconectividad de las redes. Asimismo, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) ha designado un panel de expertos para investigar las causas de un corte eléctrico demoledor a efectos reputacionales.

La millonaria 'tasa Enresa'

Además de por una cuestión ideológica muy arraigada en la izquierda de nuestro país -plasmada en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética- el Gobierno se aferra a la tesis de que las propias eléctricas decidieron el calendario del cierre de las centrales nucleares y sólo ellas pueden solicitar más tiempo. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha explicado en varias ocasiones, que no se puede ampliar el calendario "porque el sector energético, igual que otras actividades económicas, está liberalizado, es decir, son las empresas las que solicitan o no el cierre" y "las empresas han decidido el calendario de cierre".

De fondo subyace un tema no menor, otro motivo que explica el enquistamiento de este debate en España a diferencia de otros paises de nuestro entorno, y cuyo nombre es 'tasa Enresa'.Esto es, la tarifa que pagan las empresas propietarias de las centrales para financiar la gestión, sufragar el coste del cierre de las mismas y abordar multimillonaria gestión de residuos. Las empresas acusan al Ejecutivo de Sánchez de obligarlas a cerrar por la vía de la asfixia económica hasta el punto de hacer inviable el modelo de negocio y Moncloa no está dispuesta a ceder y asumir parte de esos costes.

A costa del bolsillo de los "ultrarricos"

Lo dijo Sánchez en el Congreso el pasado miércoles. "Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, nosotros les escucharemos". Pero advirtió que "no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo, por cierto, de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de los centrales nucleares".

Y eso que solo se habla de prolongar la vida útil de las centrales ya existentes para exorcizar el riesgo de nuevos apagones. Solo Vox ha subido la apuesta al defender la construcción de una nueva centra nuclear en Aragón. Ni el PP ha osado a tanto.