La defensa de la exconsejora de Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la instrucción de la causa judicial que investiga la DANA. Pradas es, junto al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, la única persona imputada en este procedimiento.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, está firmado por su abogado, Eduardo de Urbano, quien denuncia que el derecho de defensa de Pradas está siendo "gravemente afectado" por la forma en la que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, está conduciendo la instrucción.

Entre los motivos de la queja, la defensa de Pradas cita "existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente"; predeterminación del objeto de la instrucción; denegación "reiterada" de diligencias solicitadas por las partes; "limitación" del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas "ajenas" al procedimiento judicial. Además, se denuncia el uso de "informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales", así como la "excesiva duración" en la práctica de diligencias de prueba.

Asimismo, el letrado apunta que el "respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de ética judicial". Por ello, solicita al CGPJ que analice los hechos expuestos "y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a Derecho".

Además, Eduardo de Urbano explica que esta instrucción, una de las más "complejas" y de "mayor relevancia social" de los últimos años en España, "debe realizarse" con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial. "Sin embargo, hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento”, subraya.