La posibilidad de que los jueces vayan a la huelga es un escenario que va cobrando fuerza. Tal y como confirman a este periódico las cuatro asociaciones judiciales —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)—, magistrados no adscritos a ninguna de estas organizaciones se han coordinado por su cuenta y han conformado un grupo de WhatsApp que cuenta con más de 1.000 integrantes dispuestos a secundar un paro.

El trasfondo es el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, aprobado el pasado día 13 por el Gobierno a propuesta del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. La norma —cuyo texto incluye recomendaciones tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de Estado— plantea una reforma en el sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía, incluyendo un proceso extraordinario para convertir en fijos a jueces y fiscales sustitutos sin necesidad de superar una oposición.

Desde Foro Judicial Independiente reconocen que hay rumores "porque está sobre la mesa” y atribuyen el malestar a que “la gente se ha hartado”. Aseguran que, de forma paralela y al margen de las asociaciones, “se han empezado a organizar unos compañeros en un grupo de WhatsApp, donde hay ya mil y pico apuntados y donde efectivamente se está hablando de huelga”. Describen el movimiento como espontáneo y ajeno a la dirección de las asociaciones, aunque afirman que son “conscientes de ese descontento” y que su intención es “tratar de encauzarlo y dirigirlo a donde la mayoría de la carrera esté pidiendo llegar”.

Según indican, se trata de una consecuencia directa del malestar que venían advirtiendo al Ministerio de Justicia: “Está pasando lo que le dijimos: estáis pasando olímpicamente de lo que las asociaciones os estamos diciendo y no nos hacéis caso, la carrera judicial va a saltar y será incontrolable”. Añaden que tienen “el compromiso de hablar entre nosotros y ver qué sucede”, porque, concluyen, “motivos hay”.

La semana pasada, en un comunicado conjunto emitido el 14 de mayo, la APM, AJFV y FJI, junto a la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), alertaron de que el texto aprobado representa “una reforma estructural de gran calado” que compromete principios constitucionales como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a la función pública. Expresaron su rechazo frontal a un modelo que, a su juicio, “erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales” y abre la puerta a un acceso “arbitrario y sin garantías” a la carrera judicial y fiscal.

Entre sus principales objeciones figura la eliminación del examen oral procesal en el turno libre, sustituido por un dictamen práctico que, según denuncian, incrementa la subjetividad en la evaluación, y "supone una vuelta atrás de 30 años". También cuestionan el proceso de estabilización de jueces sustitutos, al considerar que consagra una vía de acceso excepcional carente de rigor, sin asegurar el nivel técnico exigible a los nuevos integrantes de la carrera. Las asociaciones advierten que, de seguir adelante, tomarán “las medidas que resulten precisas” para defender la independencia judicial y los valores constitucionales.