El elitista colegio British Council intenta que la Fiscalía no participe en un juicio sobre la expulsión de un alumno que se produjo sin pruebas. En un escrito, la defensa del centro señala que "carece de legitimación" en la causa que se sigue en Madrid

El juzgado número 3 de Madrid tiene abierto una investigación a raíz de que el colegio echase a un menor sin abrirle un expediente interno. Como ya publicó este periódico, el mismo British reconoció en febrero de 2024 que "no consta" ningún informe contra el chaval, aunque alegó faltas y sanciones para expulsarlo de las aulas.

El caso lleva ya meses en el juzgado, puesto que la expulsión es de marzo de 2023. La Fiscalía de Menores ya intentó salirse del asunto, a pesar de que se investigan delitos contra los derechos fundamentales del alumno, entre otros. A principios de abril comunicó al juez que "no es parte" de la causa, a pesar de que el juez ya le advirtió que tenía que emitir un informe al respecto.

El British Council se aferra a ese escrito de la Fiscalía e intenta maniobrar para que no se pronuncie, a pesar de que el juez ya corrigió al Ministerio Público. En unas alegaciones presentadas a finales de marzo, asegura que "la demanda presentada se limita exclusivamente a reclamaciones indemnizatorias".

La defensa del menor, por su parte, sí cree que hay una afección a derechos fundamentales. Por eso consideran clave la intervención del Ministerio Fiscal "en aras de una mejor garantía de los derechos fundamentales conculcados".

El caso

La causa se centra en la expulsión de un chico durante el curso 2022-23. La demanda presentada por los padres señaló que la decisión fue arbitraria, y que no les dejaron defender a su hijo. Por ello piden 50.000 euros por daños morales y 1.125 por daños patrimoniales. El colegio tomó la decisión a raíz de una supuesta agresión que ocurrió el 16 de marzo de 2023.

Según la versión del centro, el niño, entonces en segundo de la ESO, habría sujetado a otro alumno por el cuello, golpeándolo varias veces en el estómago. Pero los padres ponen en duda esto. Dicen que no hay ningún parte de lesiones ni pruebas que respalden el relato del colegio.

El British Council comunicó la expulsión definitiva el 24 de marzo, y los padres reclamaron el 28. Sin embargo, les dijeron que ya era firme. Según la normativa interna, las faltas muy graves, como una agresión a otro alumno, deben tener una constancia escrita y unos hechos que motiven la sanción. Pero en este caso no existe ningún expediente, tal y como dijeron al juez.

Los padres del chico aportaron un informe psicológico pericial. Según este, el menor sufrió un deterioro psicológico con cuadros de estrés, frustración y un sentimiento de persecución por parte del colegio. Esto, apunta la demanda, se produjo por un cambio de clase que no tenía ninguna motivación, lo que le aisló de sus amigos de siempre y compañeros.

La versión del colegio

Por su parte, el British Council alega que todo se resolvió de manera ordinaria. En su contestación a la demanda, señalaron que durante el curso 2022-23 cometió 23 faltas que iban de las leves a las muy graves. Estas provocaron su expulsión definitiva.

Algunos ejemplos que señalan: en marzo de 2022 dañó propiedad del colegio. En diciembre del mismo año rompió, supuestamente, un ordenador. También aseguran que agredió a una compañera. Y sus interrupciones en clase, faltas de respeto y deberes sin terminar le acarrearon 10 faltas leves.

Además, aseguran que los padres dieron su consentimiento al polémico cambio de clase, lo que le habría provocado los episodios de estrés. En su contestación, el colegio hace alusión constante a las comunicaciones que tuvieron con los padres tras cada incidente. El problema surgió cuando se produjo la expulsión definitiva. Ahí los padres pidieron el expediente completo, donde deberían estar todas las pruebas. El colegio admitió que no podía aportarlo al juzgado porque no existía.

Veto a la prensa

El British, en otro caso que se sigue contra el centro por acoso, pidió a la jueza que multase a una presunta víctima por filtrar supuestamente información a la prensa. La diligencia ha sido presentada en una causa en la que el padre de una menor denunció a la institución por un supuesto caso de bullying contra su hija.

La causa la lleva el Juzgado de Instrucción número 3 del municipio de Pozuelo de Alarcón. En noviembre admitió la demanda civil contra el British y cuatro docentes. Los padres de la menor acusan al colegio de acoso escolar. Afirman que el comportamiento de los profesores le provocó un estrés severo que terminó en anorexia nerviosa. El centro, por su parte, niega las acusaciones y asegura que la alumna podría haber evitado toda la situación.

El colegio solicitó a la jueza que ponga "multas coercitivas" a la menor para que cumpla "con el deber de confidencialidad". Según un escrito del pasado 5 de febrero, al que ha tenido acceso El Independiente, el centro señala que el juzgado ha pedido en varias ocasiones a la familia de la menor que sea reservada en cuanto a los avances de la investigación.

En medio de las dos investigaciones, la organización internacional que dirige el centro ha vendido su elitista colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El comprador es Inspired Education Group, una compañía que se dedica también a la educación en todo el mundo. La operación se ha fraguado en un momento en el que la filial británica encara, al menos, dos procesos judiciales por demandas de padres de dos alumnos, como ha ido contando El Independiente.