Génova calienta la víspera de la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes, que se desarrollará este viernes en Barcelona. Los populares denuncian que el Gobierno no ha querido pactar el orden del día de ese encuentro, que se produce seis meses después del último, que transcurrió en Santander (Cantabria) el 13 de diciembre y tampoco estuvo exento de polémica por los mismos motivos. En esta ocasión, la convocatoria del Gobierno, hace dos semanas, busca incidir en dos cuestiones: la vivienda y la educación, en concreto en lo que respecta a la formación profesional. Sin embargo, los presidentes regionales del PP, así como la dirección nacional, ven esencial, como ya trasladaron, abrir el cónclave a inmigración, fronteras, seguridad energética, infraestructuras, financiación así como educación en menores de tres años, entre otros asuntos. Cuestiones como la okupación ya se contemplan para el marco de vivienda.

La semana pasada, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, trasladó que su Gobierno no colaboraría con el lavado de imagen que, a juicio del Ejecutivo madrileño, busca Sánchez para desviar la atención de las investigaciones y causas judiciales que cercan a los socialistas por supuesta corrupción o persecución a organismos como la UCO. Este lunes, desde Génova, lejos de calmar las aguas tras el posicionamiento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso —amagó con ello en la última cita, aunque sí plantó a Sánchez en las bilaterales previas en Moncloa—, se dejó abierta cualquier posibilidad.

El portavoz nacional del partido y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, trasladó que el Gobierno se sigue negando a "incluir" las "materias" demandadas por los presidentes populares. Aunque erró al mencionar una reunión que se producirá por la tarde, aludiendo al Gobierno y no a los propios representantes populares en más de once gobiernos autonómicos —fuentes de la dirección lo matizaron posteriormente—, Sémper indicó que "si el Gobierno vuelve a saltarse la norma y hace lo que quiere", el partido meditará "lo que se hace". Aunque el mensaje es abierto: "No descarten ninguna posibilidad". Así se posicionó Sémper preguntado por la posibilidad de que algunos barones del partido con competencias de Gobierno, o la totalidad de los presidentes, decida levantarse del encuentro si el presidente Sánchez omite las demandas de los populares. No se detalla si, de haber un desplante, este podría ser previo a sentarse en Barcelona.

Las comunidades enviarán al Gobierno un escrito para incluir en el orden del día sus reclamaciones, de acuerdo a lo estipulado en el punto 5 del reglamento de la Conferencia

Los populares "van a intentar que se ejecute la normativa y se incluyan los puntos" demandados en ese orden del día "que preocupan a los ciudadanos", afirmó Sémper. Se refiere al reglamento de la Conferencia de Presidentes, en concreto a su Artículo 5, en el que se trata en parte el orden del día. "Será fijado por el Comité preparatorio con la conformidad de su Presidente y de diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía". "Eso ya sucede, al presionar el PP desde Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Cantabria, Galicia, Aragón y Baleares, así como desde Ceuta y Melilla.

A lo que se refería Sémper, y no a una reunión entre consejeros autonómicos y el Ministerio de Política Territorial, encargado de la cumbre, es a un encuentro que mantendrán todas las comunidades del PP en las próximas horas para acordar la difusión de un escrito general —todas enviarán el mismo documento— en el que se pide al Gobierno y al Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres que se cambie de actitud y se abran la incorporación de esas materias. Porque de lo contrario se estaría incurriendo en una ilegalidad.

Preguntado Sémper si, de lo contrario, verían bien un plante común a Sánchez y al Gobierno esa jornada, el político vasco aseguró que "el esfuerzo hecho por los presidentes" para abordar esta cuestión "es un esfuerzo institucional de primer nivel". No se mojó más allá de dejar todas las posibilidades abiertas, incluida esa al no descartarlo. "El problema es que se tiene un muro enfrente, se niega a incluir los temas y hace saltar por los aires el propio reglamento". "Hace un uso torticero de la conferencia y por incumplir la norma". "Es un uso torticero más en la deriva institucional del país, es sorprendente que estemos hablando de que el Gobierno se lo va a saltar". Pero Sémper sí aseguró que "nos parecerá bien la decisión que tomen los presidentes".

A Génova les parecerá bien las decisiones que tomen sus presidentes si el Gobierno no rectifica

La amnistía "es corrupción"

El otro gran asunto tratado en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del PP se ha centrado en el tema del día, en la valoración de la filtración de la ponencia del Tribunal Constitucional en la que se avala la legalidad del grueso de la ley de la amnistía tras el recurso de inconstitucionalidad presentado el año pasado por Génova, el 9 de septiembre. La ponencia no se pronuncia, en cambio, sobre el delito de malversación, en las cuestiones económicas. Por lo tanto, si se termina aprobando a finales de junio, como todo parece indicar, las posibilidades de que Carles Puigdemont pueda obtener la aplicación de la amnistía son nulas, y por tanto, con ello su capacidad de regresar a España sin que sea detenido. Así lo trasladan fuentes jurídicas a El Independiente.

El PP fue escueto en la valoración, con todo, a la espera de que se publique la sentencia definitiva. "Independientemente de lo que dice el TC, la amnistía es de una inconstitucionalidad absoluta, es un pago por siete votos [a Junts, a cambio de la investidura de Sánchez], es una indecencia política, una utilización fraudulenta de la norma y del Congreso para agasajar a los socios", concluyó Sémper. "Constitucional o inconstitucional, seguimos pensando que es corrupción política", insistió el portavoz que llama a esperar a que se pronuncie el TC finalmente.