Choque absoluto de versiones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Los populares, a seis días de plantarse nuevamente en la calle en una manifestación contra Pedro Sánchez, contra sus políticas y como denuncia y rechazo de la supuesta corrupción y las prácticas de "las cloacas", han decidido calentar la Conferencia de Presidentes previa, 48 horas antes, que acontecerá este viernes en el Palau de Pedralbes de Barcelona. Génova deja abiertas "todas las posibilidades" de reacción de cara a esa cita si el Gobierno no atiende sus demandas, incluido un desplante generalizado de sus presidentes una vez toque debatir con Sánchez las materias del orden del día, cuando el Rey Felipe VI abandone el evento tras las primeras horas. Hay comunidades, con todo, más partidarias que otras, caso del Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que así se posicionó la semana pasada.

La exigencia del PP es clara. Se insta a Moncloa, y en concreto al Ministerio de Política Territorial, de quien depende la organización de las Conferencias, a "rectificar" y dar entrada a un amplio abanico de materias para abordar esa jornada. Materias que ya se pusieron sobre la mesa el miércoles pasado en la reunión del comité preparatorio. Si no se aceptan, los populares están dispuestos, además de escenificar su rechazo, a recurrir lo que verían como una "convocatoria ilegal" del Gobierno. Previsiblemente se haría ante el Tribunal Supremo.

Las comunidades del PP acordaron este lunes por la tarde una misiva conjunta remitida al Gobierno donde piden que den marcha atrás y se incluyan esas carpetas. Esperarán a que se pronuncie Moncloa para plantear un siguiente paso. Este es el documento conjunto difundido, al que ha tenido acceso este periódico, se incluyen las mismas medidas ya exigidas la semana pasada:

PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA CONFERENCIA DE PRESIDENTESDescarga

En concreto, el PP quiere que se hable de inmigración, fronteras, okupación, caos ferroviario, energía, infraestructuras, educación infantil o financiación, entre otros asuntos. Pero también añade dos cuestiones polémicas para el Gobierno y que según denuncian en el Ejecutivo, sirvieron al PP para rechazar el resto de consenso alcanzados el miércoles pasado en el Comité preparatorio. Se trata de el control de las fronteras y reafirmar que eso sea "competencia exclusiva del Estado", un dardo directo a Moncloa tras pactar la cesión de esta materia a la Generalitat de Cataluña con Junts, algo que es muy difícil que acabe materializándose, pese a todo. Y por otro lado, que el PSOE retire los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal que buscan objetivos como que la instrucción judicial pase a los fiscales.

Esas propuestas se llevaron al comité preparatorio, frente a las del Gobierno, reducidas a tres: vivienda, formación profesional y universidades. No hubo acuerdo por las discrepancias con Moncloa. La versión de los populares contrasta con la del Gobierno. Mientras este asegura que cedió ante el partido de Alberto Núñez Feijóo en todos los asuntos salvo en esos, Génova y sus presidentes insisten en que Sánchez quiere obligar al resto a hablar de lo que considera sin opción a debate. Solo por el rechazo a esas dos cuestiones.

El Gobierno justifica su rechazo a las dos demandas extraordinarias de las autonomías del PP asegurando que los servicios jurídicos del comité preparatorio así lo estimaron

Preguntadas fuentes del Ministerio de Política Territorial, estas insisten en las palabras del ministro Ángel Víctor Torres a la salida del encuentro del pasado 28 de mayo. Se recalca que se aceptaron la mayor parte de los puntos solicitados por los populares en ese orden del día y solo se dejó fuera esas dos reclamaciones de competencias y reforma fisca porque los servicios jurídicos entendían que "no entraba en la materia de la Conferencia" si no que es un asunto parlamentario. "Se aceptó hablar de okupación en ese marco de vivienda, del modelo energético, de la inmigración, de la financiación autonómica y la reestructuración de la deuda, de la aprobación del real decreto ley de las entregas a cuenta o de la educación infantil". Tanto por petición de Cataluña o País Vasco en puntos concretos, como descarbonización en el caso de los segundos, pero especialmente atendiendo a las reclamaciones de los populares.

Las mismas fuentes aseguran que la reforma de la Justicia que ahora recoge esta carta conjunta de los populares salió en el comité preparatorio sobre la marcha, se atribuye al consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz. Respecto a las fronteras, se aceptó abrir el debate migratorio sin abordar esas competencias del Estado. "Los servicios jurídicos así lo indicaron", se recoge, algo que pone en choque el propio pacto con los posconvergentes. Se remarca la voluntad de "debate y consenso" del Gobierno, y se afea, al contrario, que "el PP votó en contra" de todo y ahora acusa a Sánchez de "no querer pactar nada".

Fuentes de Política Territorial también asumen que el descrédito por el que está abogando el PP responde igualmente a un rechazo del formato actual de la Conferencia. Aseguran que las comunidades querían fijar plazos de diez minutos para cada intervención de cada presidente, algo que aunque no se recoge en el Reglamento, es la dinámica habitual. También creen que la actitud del PP responde a que se declinó la posibilidad de modificar el formato, aunque sí se instó a plantearlo en la propia Conferencia de cara a futuros encuentros. Pese a todo, las mismas fuentes concluyen que "haría falta cinco días para tratar todos los asuntos" en profundidad.

En relación a la presión de Génova, desde el Gobierno se entiende que el PP quedó algo desubicado el miércoles pasado porque "no se esperaban que fuésemos a aceptar" la mayoría de sus exigencias.

Bajo este prisma, y con el aval de los servicios jurídicos, un recurso de ilegalidad no tendría recorrido si Sánchez se abre el viernes a tratar el resto de temas

De cara a las próximas horas, claves para la preparación de la Conferencia, desde Política Territorial comentan que siguen abiertos a pactar ese orden del día. "Estamos a tiempo de que sean más los temas. El PP no dijo 'no' a los temas propuestos, sino a todo", comentan. La oferta sigue sobre la mesa, en vista a que las reclamaciones de los populares son las mismas que ya se plantearon. Ante la posibilidad de un desplante generalizado o parcial a Sánchez de las once comunidades bajo control popular junto a Ceuta y Melilla, se advierte que "sería una situación inédita e inaudita". Creen que no hay base para él si se cuenta con el aval de los servicios jurídicos para excluir los dos temas polémicos.

"Se tiene que desarrollar la Conferencia en el marco de la institucionalidad, hay que hablar. Esto no es el Congreso ni se viene a legislar", recuerdan, al advertir de la intencionalidad de querer debatir las competencias fronterizas para hacer mella en las relaciones entre el PSOE y Junts.

La interpretación del Reglamento

El discurso que trasladan en Génova es que el Gobierno se negó a negociar esas inclusiones en el orden del día, por lo que acusan al Ejecutivo de incumplir el artículo 5 del Reglamento que regula la Conferencia. Este, en subpunto 1, refleja que los temas a tratar se acuerdan con consenso del Presidente del Comité preparatorio y al menos diez comunidades. Al no haberlo, no existe como tal ese orden del día, por lo que el Gobierno no ve que se llegue en situación de ilegalidad como denuncia el PP, al no contemplarse alternativas en el Reglamento. Es la primera vez que sucede esto, con todo.

La interpretación de Reglamento que regula las Conferencias de Presidentes genera ambigüedad de cara al planteamiento de un recurso del PP, lo que sería inédito

Ahora bien, la controversia se mantiene al atender al subpunto 2. Se permite tanto a Sánchez como a comunidades del PP —si suman diez o más— añadir temas ajenos al orden del día. Pero al mismo tiempo, el cuarto subpunto afirma, aunque habla de inclusiones de emergencia, la necesidad de consenso entre Presidente del Gobierno y al menos un tercio de comunidades. De ahí que no quede claro, ni si quiera para fuentes del Gobierno, la capacidad de un recurso judicial si el PP decide presentarlo al interpretar que se vulneran los derechos de la mayoría de las comunidades.

"Habría que preguntar a los servicios jurídicos" sobre un hipotético recurso, porque "la situación que se genera es nueva". Lo que está claro es que al margen de los dos temas espinosos, Moncloa se abre a abordar los otros cinco puntos de los populares, pese a la falta de tiempo para profundizar.

El PP prefiere no adelantarse a la espera del Gobierno

A falta de que el Gobierno responda a las misivas, la tensión es máxima. Se parte de una fórmula que imposibilita el acuerdo si las regiones del PP no ceden. Fuentes nacionales del PP aseguran que la presión que se está haciendo desde las autonomías responde a que éstas "quieren celebrar la reunión con normalidad" frente a un Gobierno que "manipula la conferencia" y no permite abordarlo todo. Para el PP el reglamento, pese a esas ambigüedades, refleja que debe haber consenso y ahora no lo hay. Confían en una rectificación, algo difícil, ya que el PSOE se queda sin margen para no dañar las relaciones con los socios catalanes.

Ante la posibilidad de plantara Sánchez, se prefiere esperar hasta el pronunciamiento del Gobierno. Para, entonces, tomar decisiones. Hay quien cree que es mejor recurrir sin más, sin plantar a Sánchez. Otras voces, como Madrid, lo reivindican si in situ no se acepta incluir las propuestas del PP [el Gobierno ya descarta una nueva reunión del Comité preparatorio]. Y otras ven difícil poner de acuerdo a los PP más moderados con la posición de Ayuso, caso de la Andalucía de Juanma Moreno o incluso al PP de Murcia.

El presidente murciano Fernando López Miras verbalizó que a su juicio "no habrá ningún problema" de cara al viernes. "La reunión será productiva si se respeta el reglamento", apreció este lunes, instando a que no se convierta en una de "folio en blanco" como se hizo en Santander. Otros enclaves relevantes como Castilla y León prefieren esperar a ver las posiciones del Gobierno tras la carta.

Antes de conocerse esos dos asuntos discrepantes, que darán que hablar, el PP confiaba en que la presión haría cambiar de parecer al Gobierno, especialmente para no polemizar ante la posibilidad de recurso judicial y más por la presencia del Rey. Si el Gobierno no llega a un acuerdo, lanzarán más fuego sobre el marco de socavación de las instituciones y la legalidad. Algo que ya se denunciará el domingo, con la posición del TC sobre la amnistía la influencia sobre entidades como el CIS muy presente.