Leire Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE, nunca ha conseguido favores para investigados de la Fiscalía Anticorrupción. Ni ella "ni nadie". Así de contundentes se muestran fuentes consultadas en esta sede que señalan que las reuniones que han salido a la luz en las que la exconcejal socialista ofrece pactos con el Ministerio Público o la Abogacía a cambio de información pueden ser constitutivas de un delito de tráfico de influencias. El Consejo fiscal, por su parte, revisa este viernes una petición de amparo del fiscal José Grinda quien, tal y como reveló este medio, recibió una oferta de chantaje vinculada a las cloacas.

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Díez nunca se ha "asomado" en la Fiscalía que dirige el fiscal de Sala Alejandro Luzón ni se ha "atrevido" nunca a tantear directamente a personal de ese departamento que se encarga de revisar la corrupción más importante del país. Las fuentes consultadas allí aseveran que ni Leire Díez ni ninguna otra persona "de ningún ámbito" ha llegado a sugerir de una forma directa torcer o torpedear los procedimientos penales que están en marcha como, por ejemplo, el 'caso Koldo' o el 'caso hidrocarburos'.

Lo más parecido a un intento de ese tipo fue la petición que recibió el fiscal Grinda de parte de un periodista en una céntrica cafetería de Madrid. Al fiscal Anticorrupción le entregaron un papel en el que le pedían que archivara varios casos relacionados con el independentismo como el 'caso Pujol' --una investigación sobre corrupción contra el expresidente de la Generalitat catalana que está pendiente de juicio--; el 'caso del 3%' --sobre el escándalo de la antigua Convergència y el porcentaje de obra pública que presuntamente cobraban en mordidas--; además, de otro asunto relacionado con Venezuela, el de 'Duro Felguera', y el 'caso Zed', que afecta al empresario Javier Pérez Dolset, otra supuesta antena de este trabajo de fontanería. Además, que buscara información comprometedora de su jefe Luzón y, a cambio, se le daría un puesto en el extranjero.

Luzón remitió estos hechos a la Fiscalía General del Estado, que a su vez lo envió a la Fiscalía de Madrid. Se abrió una investigación, se intentó identificar al periodista y luego se archivó porque no se logró contactar con él. Este viernes el Consejo Fiscal celebra un pleno en el que se abordará una petición de amparo formulada por el propio Grinda, que considera que se le está intentado presionar por su trabajo.

Más allá de este asunto, en la Fiscalía Especial niegan siquiera "sugerencias" de modificaciones de procedimientos. "Cómo [Díez] puede haber traficado con influencias de las que carece", señalan. Algunas voces señalan que, sin embargo, no es necesario que se llegue a materializar el tráfico de influencias para que pueda existir este delito y, por tanto, vaticinan la apertura de unas diligencias.

A pesar de los intentos de la exconcejal por defender que todas sus reuniones tuvieron lugar con la excusa de la escritura de un libro de investigación, en el Ministerio Público tienen "clarísimo" que la exmilitante del PSOE no era periodista.

Por el momento, está acreditado que Díez, Dolset y el letrado Jacobo Teijelo se reunieron con el empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn y le pidieron información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, así como del excapitán de la misma unidad Juan Vicente Bonilla y del fiscal Grinda. Además, Díez se vio con el comandante del Servicio de Información Rubén Villalba, imputado en el 'caso Koldo' o con el exsecretario de Estado de Seguridad del PP Francisco Martínez. Con este último fueron dos encuentros en los que la exconcejal del PSOE pidió datos sobre la utilización del Gobierno de Mariano Rajoy de la Policía contra sus adversarios políticos y a cambio le prometió un pacto con Anticorrupción para evadir la cárcel tras el juicio del 'caso Kitchen' que comienza la primavera del próximo año.

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