Los técnicos que revisaron el contrato de la obra en Navarra que la Guardia Civil tiene en el punto de mira señalaron múltiples irregularidades en su adjudicación. Este martes, la Unidad Central Operativa (UCO) registró las sedes de varias constructoras, además de la casa que el exministro José Luis Ábalos tiene en Valencia, dentro de la investigación del caso Koldo.

PUBLICIDAD

En el expediente de la adjudicación, consultado por El Independiente, hay cinco votos que muestran "discrepancias" con los criterios que se emplearon para dar el contrato, de 77 millones de euros, a la unión temporal de empresas (UTE) en la que estaban Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar.

El secretario de la mesa de contratación, avisó a dicho órgano que "varios empleados" del Ayuntamiento le "habían revelado la existencia de comentarios (incluso de personas ajenas a la Administración) acerca del sentido de la valoración. Este extremo, así como el acierto de la orientación del comentario, fue corroborado por cinco de los miembros de la Mesa presentes en dicha reunión".

Es decir, que tuvo conocimiento de que algunas personas estaban intentando que influir en las puntuaciones que se les dio a las distintas empresas que se presentaron. Y que esa situación fue ratificado por otras cinco personas. Otra persona aseguró que "se valoraron aspectos no establecidos en los pliegos", es decir, que se puntuaron cosas que no deberían haberse hecho. Un tercero indicó que "no se indica por qué una propuesta es mejor que otra".

La UCO en Navarra

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, envió a los agentes a registrar las compañías al ver indicios claros de que Ábalos podría haber cobrado mordidas por la adjudicación de algunos contratos. En el caso de Navarra, los agentes fueron hasta la sede de Servinabar. Acudió hasta el teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO, y que ha sido señalado por Leire Díez, presunta fontanera del PSOE.

El juez impulsó esta pieza separada, que todavía está secreta, tras las declaraciones del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que dijo que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, habría cobrado comisiones a cambio de obras públicas. Llego a afirmar que él se encargaba del "cupo vasco". También apunta a grabaciones que estaban en poder del asesor de Ábalos, Koldo García, que involucrarían al exministro.

Los apuntes de Aldama

Víctor de Aldama entregó el pasado diciembre en el Tribunal Supremo una serie de documentos que contenían información sobre obra pública que se adjudicó presuntamente mediante licitaciones amañadas.

Dentro de la información que puso a disposición del Alto Tribunal se encontraban pantallazos de WhatsApp y notas manuscritas que atribuyó a Koldo García. También trascendió en aquellos últimos días de 2024 una hoja de Excel con obras subrayadas que se corresponderían con las supuestas adjudicaciones irregulares.

En la declaración de Aldama ante la Audiencia Nacional, afirmó que había repartido comisiones de 400.000 euros a José Luis Ábalos, de 250.000 a Koldo García y de 15.000 a Santos Cerdán.

Los documentos de Aldama ponían el foco en 128 contratos que ascendieron a más de 50 millones de euros. Entre las empresas que habían sido presuntamente beneficiarias de los mismos estaban Obras Públicas y Regadíos, S.A., Áridos Anfersa, Levantina Ingeniería y Construcción S.L., Grupo Azvi, ASCH, Civis Global, Lantania S.A.U. y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.

En las contrataciones hoy investigadas se pueden apreciar sospechas en diferentes regiones de España, como Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía.

Las cuentas de Sevinabar

La UCO ha puesto el foco sobre otra empresa más, Servinabar, ante las sospechas relacionadas con al adjudicación de la obra del túnel de Belate, en Navarra, en una Unión Temporal de Empresas con Acciona y Excavaciones Fermín Osés. De hecho, los agentes de esta unidad registraron el martes sus dependencias durante varias horas.

Su actividad no ha sido elevada durante los últimos años. De hecho, su último informe de cuentas data de 2021. Durante ese ejercicio registró una facturación de 1 millón de euros, frente a los 825.771 de 2020 y los 295.118 de 2019.

Su fundador, Joseba Antxon Alonso Egurrola, comenzó su actividad empresarial en el año 2000 en la provincia de Guipúzcoa, posteriormente dio el salto a Navarra y actualmente posee algunos negocios en Madrid. Se le vincula a Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, a quien Aldama acusa de haber cobrado una comisión.

PUBLICIDAD