La legislatura podría quebrarse en cualquier momento, porque ya el Gobierno camina sobre arenas movedizas, porque ya no tiene el control de la agenda, porque la agenda se la marcará la evolución de la investigación judicial del caso Koldo y las derivadas que vaya provocando la caída de Santos Cerdán como número tres del PSOE por los indicios sólidos que hay de que él fue el jefe de una presunta trama criminal corrupta. Pero lo que tiene al menos claro la Moncloa es que los socios no van a abandonar a Pedro Sánchez. Ni le darán la espalda, aseguran, ni apoyarán una moción de censura presentada por el PP. Y algo más relevante: no pueden subir el precio de su respaldo al presidente, porque ya está en máximos y para los socialistas no es asumible. "Más no puede elevarse", defienden.

El presidente ya subrayó el lunes en su comparecencia ante los medios que creía contar con la mayoría parlamentaria que le invistió presidente en noviembre de 2023. Y que si PP y Vox están "tan convencidos" de que no dispone ya de ella, que le presenten una moción de censura. Lo que no va a forzar Sánchez es una cuestión de confianza, un instrumento que presenta bastantes más riesgos y que en realidad es más incómodo para los aliados, porque les obligaría a tener que reconfirmar su apoyo al líder socialista en una votación aislada. Prestar su apoyo no a una iniciativa del Gobierno, sino dar un sí a Sánchez. En un momento en el que los socios, a izquierda y derecha, quieren marcar distancias, poner tierra de por medio, alejarse de un Ejecutivo que proyecta una imagen más tóxica por la presunta corrupción.

Durante el fin de semana, la Moncloa mantuvo contactos con sus socios —ERC, por ejemplo, reconoció públicamente que su jefe, Oriol Junqueras, habló con el presidente del Gobierno— y en esta semana el propio Sánchez encabeza las reuniones con ellas. Con foto o sin ella. El lunes se vio con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y referente de Sumar —que consideró "insuficientes" sus explicaciones y pidió acabar con los aforamientos y vetar en las administraciones públicas a las empresas que pagan mordidas—, y recibió este martes a Jordi Turull, secretario general de Junts, y a la portavoz de la formación independentista en la Cámara baja, Míriam Nogueras, que le reclamaron garantías de que cumplirá con los acuerdos de investidura. Este miércoles, las entrevistas continuarán en el complejo presidencial: Sánchez se verá con Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta (EH Bildu), Maribel Vaquero (PNV) y Cristina Valido (Coalición Canaria). Podemos y BNG han rehusado participar en los encuentros, porque entienden que la cita es un intento del PSOE de "blanquear" su corrupción.

La previsión de la Moncloa es que las cosas no cambien con el bloque de investidura. Que todo "siga como está", pese a que todos han aumentado la presión, exigiendo más explicaciones al presidente. De hecho, este martes los socialistas irritaron a sus socios en la Junta de Portavoces al plantear que Sánchez comparezca en la Cámara baja el próximo 9 de julio, y no antes, por su agenda internacional. El PP intentó que acudiera al pleno esta misma semana —más allá de la sesión de control de este miércoles—, pero el PSOE, con el apoyo de Bildu, se opuso. Para modificar el orden del día se necesita la unanimidad, que obviamente no se consiguió.

En el Ejecutivo no hay síntomas, al menos por ahora, de alerta. "El bloque de investidura no quiere que el Gobierno acabe". Y es que creen que el pegamento que cohesiona a todos los socios es el enemigo común, la suma de PP y Vox. ¿Teme el equipo del presidente que los aliados parlamentarios acaben elevando el precio a cambio de su respaldo? "¿Más? Más no lo pueden elevar. Hay que recordar que tenemos muchas leyes paradas ahora mismo en el Congreso bien porque nos plantean cosas inasumibles o bien porque plantean cuestiones contradictorias entre ellos, como nos sucedió con la reforma fiscal", responden fuentes muy próximas a Sánchez. Los socialistas son conscientes —y eso explica su rechazo a la cuestión de confianza— de que una renegociación de las condiciones de legislatura con sus socios sería una jugada de altísimo riesgo, porque ahora su situación es de mayor debilidad y, por tanto, el peaje a pagar sería potencialmente mayor.

Lo que sí está ofreciendo el presidente a los grupos es que le planteen medidas de regeneración democrática y de refuerzo de la lucha contra la corrupción. Él estará dispuesto a asumir aquellas, dijo, que sean "proporcionales y útiles". En el Ejecutivo están dispuestos, por ejemplo, a revisar la Ley de Contratos para tapar posibles fisuras, aunque ya advierten de que la norma está muy "aquilatada" y es muy exigente. De hecho, apuntan en Hacienda, los alcaldes han pedido en los últimos años relajar algunos puntos, porque "no se puede estrangular la contratación de las administraciones públicas". "La gente nos protesta por el encorsetamiento de la ley", señalan.

Y es que en el Gobierno creen que lo que realmente apuntaba la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe de 490 páginas que provocó la caída fulminante del que era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es a un tipo de presunta corrupción "de los años 90, cutre". Es decir, el cobro de presuntas mordidas a cambio de amaños de adjudicaciones públicas. Comisiones ilegales que podían obtenerse no tanto por la manipulación de la adjudicación —lo que habría implicado la participación de los funcionarios que forman las mesas de contratación—, sino de forma más tosca: adelantando a las empresas corruptoras los pliegos de licitación para que conocieran por anticipado las condiciones o bien que estas lanzaran ofertas económicas a la baja para luego poder hacer modificados de obra. Es decir, que el presunto cobro podría acordarse en un momento previo o posterior a la adjudicación.

"Es que un contrato multimillonario, de 500 millones, por ejemplo, tiene 700 ojos. Funcionarios corruptos creemos que no hay. Es decir, no encaja tanto que haya una alteración en la adjudicación del contrato, porque eso supondría la implicación de funcionarios", sostienen. En definitiva, el Gobierno no pondrá pegas a estudiar las propuestas de los grupos, siempre que "no hagan imposible la contratación pública". ¿Puede haber más medidas? "Pues que nos digan cuáles".

A lo que no está dispuesto Sánchez es a ceder piezas por adelantado. El lunes volvió a cerrar la puerta a cambios en el Ejecutivo, partiendo de la base de que el foco de presunta corrupción se halla en el área de Organización del PSOE, no en el Gobierno, obviando que el amaño de los contratos necesitaba de la participación del Ejecutivo, que es el que tiene la capacidad de licitar obras. Dicho de otro modo: el presidente no va a penalizar a dos personas sobre las que ahora circulan las sospechas, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en ambos casos por su etapa como los respectivos presidentes de Canarias y Baleares. "Los socios no nos pueden pedir cosas imposibles, no podemos decir 'y ahora tú te vas'. No podemos hacer una crisis de gobierno preventiva, no podemos desconfiar por adelantado de la gente, de nuestros equipos. Si no, apaga y vámonos", explican desde la Moncloa.

Este martes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, respondió con un "no lo sé" a la pregunta de si podía garantizar que no aparecerán nombres del Gobierno implicados en el caso Koldo. Un reconocimiento, otro más, de que los socialistas quedan al albur del avance de las pesquisas judiciales. Lo que sí promete el Ejecutivo es que actuará "con absoluta diligencia y contundencia" si vuelve a tener "el más mínimo indicio sólido" de casos de corrupción. Los socialistas quieren subrayar la diferencia de actitud con el PP. Fue lo que recogió Sánchez en su carta a la militancia de este martes: "Nosotros expulsamos a quienes nos fallan, otros los protegen. Nosotros tomamos decisiones rápidas y ejemplarizantes, otros escriben mensajes de apoyo. Nosotros denunciamos las prácticas corruptas, otros las encubren y amparan, valiéndose incluso de policías patrióticas", denunció en su escrito.