Los cimientos y tuberías del PSOE y de su sede en la calle Ferraz han hecho algo más que temblar en menos de dos semanas. Desde que la Guardia Civil entrase en la casa del exministro José Luis Ábalos, las noticias en prensa no han hecho otra cosa que poner puntas sobre los maderos en los que se va enterrando el proyecto socialista. Diez días y 12 registros después, la legislatura está más endeble que nunca. Más tras la imputación de Santos Cerdán.
El 10 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) entraba en casa del exdirigente Ábalos con una orden judicial. Tenían como misión llevarse cualquier soporte digital y documentación relacionada con obras presumiblemente amañadas para cobrar comisiones ilegales. Los agentes estuvieron varias horas, muchas. Buscaron incluso entre los libros por si entre las hojas había algún manuscrito que incriminase al exministro o a alguno de los integrantes de la "organización criminal" que se investiga entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La jornada se hizo larga. Los agentes rebuscaron por toda la casa, el coche de Ábalos, la planta baja y en altillos. La mayor sorpresa llegó días después, cuando se conocieron las actas de los registros. Nada más llegar los agentes se encontraron a una mujer junto al socialista. El ex secretario de Organización le pidió que la dejaran sacar al perro y llevarse algo de comer. Pero en el pantalón llevaba algo más. Un agente se percató, y una compañera la cacheó. Intentaba sacar un pequeño disco duro. Así se enteró toda España que la mujer se llama Anaís y que es actriz porno. Ahora podría enfrentarse a un delito de ocultación de pruebas.
"Me crecen los enanos", ha dicho recientemente el valenciano a la Cadena Ser, en referencia a su compañía femenina. Ábalos ha repetido por activa y por pasiva que jamás ha pagado por sexo, y que la prostitución le causa repulsión. Pero la presencia de la mujer en su casa el día 10 (porque también se ofrecía en páginas de contactos) y algunos audios grabados por su exasesor, Koldo García ("Carlota se enrolla que te cagas"), ponen en cuestión un rumor que sonaba a gritos durante su etapa en el Gobierno.
Cortina de humo
Desde la sala de mandos de Ferraz han intentado dirigir la atención hacia la relación de Ábalos y Koldo con las trabajadoras del sexo. En los audios se les escucha debatir, presuntamente, qué prostituta prefieren para un día concreto. El hombre para todo del ministro le llega a decir que si tenía dudas, se quedase con las dos mujeres. Una de las primeras disculpas que pidió el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue por las palabras vertidas en las grabaciones.
Pero la cortina de humo duró poco, ni siquiera para la parroquia. Un vendaval de informaciones, sobre todo en lo referente al supuesto reparto de mordidas, la disipó. Porque además del registro en casa de Ábalos, los investigadores entraron en diez lugares más. Casas de empresarios, relacionados con la construcción, y las sedes de sus compañías. El informe de la Guardia Civil, que se publicó a los dos días, varias obras que presentan dudas de estar amañadas.
En el extenso informe de 490 folios se señala, principalmente, a cuatro empresas: Levantina, Ingeniería y Construcciones (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Servinabar 2000. De esta última, una pequeña empresa de Navarra -de donde es original Santos Cerdán-, están en duda algunos contratos que ha ganado con el gigante Acciona. Aunque la Guardia Civil señala a la compañía de la familia Entrecanales como el principal actor de la trama en cuanto a corruptoras, los agentes no se presentaron en su sede. Se da la circunstancia de que el antiguo jefe de la UCO, el coronel retira Manuel Sánchez Corbí, fichó por la firma en 2021.
De las mascarillas a las obras
Esas diligencias, los registros en varias provincias españolas, se enmarcan dentro de la Operación Delorme, conocida también como caso Koldo. La causa, que lleva casi un año y medio abierto, empezó como un caso de compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Pero en la actualidad, está lejos de tratar, principalmente, sobre eso.
El empresario Víctor de Aldama, investigado en el asunto de las mascarillas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para salir de la cárcel, donde entró por otro motivo. A cambio, tenía que cantar. En la Audiencia Nacional contó que pagó en mano 15.000 euros a Santos Cerdán, quien no dejó de negarlo. También dijo que se encargaba del "cupo navarro", las adjudicaciones que se daban en el norte. Pero luego en el Supremo dijo mucho más.
Explicó que en el seno del ministerio de Transportes se amañaban obras a cambio de mordidas. Entregó documentación en la que se señalaban obras en concreto. Y todas ellas fueron las que la UCO visitó la semana pasada, el mismo día que entraron en la casa que Ábalos tiene en Valencia.
El vía crucis del PSOE culminó este viernes. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió a los agentes hasta su cuartel general. También a Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras. Allí tenían que coger documentación y clonar los correos electrónicos de Cerdán y Ábalos. También envió a la Audiencia Nacional todo lo relativo a la expresidenta del organismo ferroviario, Isabel Pardo de Vera, y al jefe de la dirección general mencionada, Javier Herrero. Y todavía queda por analizar el móvil de Ábalos y los pendrives que se llevó la UCO, incluidos los de la actriz porno. Y, posiblemente, también el teléfono de Cerdán.
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