En las ruedas de prensa posteriores a la reunión semanal del Consejo de Ministros son muy frecuentes —y cada vez más, en una legislatura más colonizada por los casos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE que por el acelerón legislativo— las preguntas de los periodistas sobre decisiones recientes de los tribunales. En las últimas semanas, sobre el procesamiento del fiscal general del Estado o sobre la instrucción del caso Koldo / Ábalos / Cerdán. Este martes, la comparecencia de la portavoz, Pilar Alegría, llegaba después de que el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, elevara una exposición razonada al Supremo para que impute al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El magistrado entiende que pudo cometer malversación y falso testimonio en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora personal de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En otras ocasiones, el Ejecutivo no solo ha manifestado su disconformidad con la decisión de los jueces, sino que las ha criticado abiertamente, una salida que antes no era habitual escuchar en la comparecencia más solemne que tiene el Gobierno cada semana. Pero Alegría, este martes, optó por la cautela y rebajó el tono cuando se le preguntó por la decisión de Peinado.

"Máxima tranquilidad. Máxima tranquilidad, conocemos perfectamente esta instrucción y por tanto lo de hoy es un capítulo más. Por parte del Gobierno de España y en este caso también por parte del ministro de Justicia, tranquilidad máxima", respondió primero. Y cuando se le preguntó por la respuesta que cree el Ejecutivo que dará el Supremo al escrito de Peinado y por si cabría, en caso de formalizarse la imputación, la dimisión del ministro, la portavoz se aferró a lo dicho: "Conocemos perfectamente esta instrucción, por tanto esto es un capítulo más y por ello tranquilidad máxima por parte del Gobierno y por supuesto también por parte del ministro Bolaños". No hubo forma de que la portavoz abandonase por tanto su declaración inicial.

El juez señala en su exposición razonada que existen "indicios razonables, sólidos y cualificados" de que Bolaños, cuando era secretario general de Presidencia del Gobierno —cargo que ejerció entre junio de 2018 y julio de 2021, cuando Pedro Sánchez le nombró ministro—, pudo cometer los delitos de falso testimonio y malversación (este último, como coautor), y dado que es aforado, eleva la causa al Tribunal Supremo para que decida si ha de investigarlo o no.

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