La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este jueves las viviendas de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del antiguo director general de Carreteras, Javier Herrero.

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Los agentes se han presentado en los inmuebles a primera hora de esta mañana y han terminado antes de las 14 horas. También han acudido a las dependencias del Ministerio de Transporte en busca de expedientes relacionados con Carreteras. Lo han hecho por mandato de la Audiencia Nacional, que lleva la investigación referente a ambos dentro del caso Koldo.

La semana pasada, el instructor de la causa en el Tribunal Supremo envió la parte que toca a Pardo de Vera y a Herrero a la Audiencia Nacional. Al no estar aforados, la investigación sobre su presunto papel le compete a ese tribunal, donde comenzó el tema de la compra de las mascarillas.

El juez del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, tomó esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, del 5 de junio. El documento se basa en grabaciones que realizó el exasesor del Ministerio de Transporte, Koldo García, y en las que hay presuntos indicios de corrupción por el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Las grabaciones recogen en varias ocasiones las voces de ambos. También se les hace múltiples referencias en los encuentros que Koldo mantuvo con su jefe en el Ministerio, José Luis Ábalos, y con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. A veces juntos, a veces por separados. Los tres están investigados por el Supremo, junto al empresario Víctor de Aldama.

En una de ellas en concreto, Koldo le dijo a Cerdán que la expresidenta de Adif "sigue mandando o intentando mandar en los Ministerios para conseguir dinero para ella". En otra, ella se quejó de que no podía darle un contrato a una empresa en concreto porque le habían adjudicado otro hace poco y eso podía "cantar".

Recientemente, Pardo de Vera ha cambiado de abogado. Como infromó El Independiente, la antigua alto cargo del Ministerio de Transportes ha nombrado a Gonzalo Rodríguez-Mourullo como su defensa en la causa. Antes eligió a Rosa María Seona, quien fuese abogada del Estado en el juicio del procés. Ahora ha optado por confiar su defensa a Rodríguez Mourullo, abogado de cabecera del empresario Florentino Pérez.

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