El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha votado por unanimidad este jueves que no pueden dar por anunciada la huelga que los jueces y fiscales quieren hacer la próxima semana (los días 1,2 y 3 de julio) porque, si bien la Constitución reconoce el derecho a huelga, no existe regulación específica para ellos. Por eso, el órgano de gobierno de los magistrados no puede ni siquiera establecer unos servicios mínimos para la protesta que estaba convocada contra la ley que el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, quiere realizar para ampliar la plantilla incluyendo a jueces sustitutos de manera excepcional.

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Según el acuerdo fijado este jueves, el pleno dice que no existe "soporte normativo" sobre el que poder poner las normas de la huelga. Esto, según fuentes del sector conservado, no quiere decir que se opongan a la huelga sino que, simplemente, no pueden regularla para calcular servicios mínimos que aguanten por ejemplo las causas con preso o los juzgados de violencia de género.

El pleno, que se ha celebrado de forma extraordinaria, ha seguido la línea que ya se fijó en febrero de 2009, 2012 y 2013 en las anteriores huelgas para declarar que la convocatoria no debería afectar al reparto de asuntos, los servicios de guardia y las decisiones urgentes. Fuentes del órgano aclaran que no se prevé ninguna sanción disciplinaria para los togados que quieran unirse a su derecho.

El bloque progresista, a excepción de Carlos Preciado, sí se ha mostrado más explícitamente contrario a la huelga defendiendo que "no es admisible" que el "Poder Judicial, otorgado a título individual a jueces y magistrados, se auto erija en garante de la defensa del Estado de Derecho y reclame, sin apoyo orgánico alguno, la retirada de dos procesos legislativos en tramitación".

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