La ley de amnistía, avalada este jueves por un fracturado Tribunal Constitucional, es una barbaridad jurídica. Pero no tiene marcha atrás.

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Los efectos de la ley son irreversibles y la vuelta a España de Puigdemont depende, más que de cualquier otra cosa, de su propia voluntad. Utilizando arteramente sus poderes, Conde Pumpido decidió resolver primero el recurso del PP. De esa forma, la decisión cobra de inmediato un carácter político, no jurídico. Además, le ha permitido no mojarse sobre el delito de malversación, que es el que mantiene inhabilitado a Junqueras y todavía fugado a Puigdemont. Esa patata caliente se la tiene que comer el Supremo.

Pero, si Puigdemont decide venir a España, tras ser detenido -no como ocurrió en agosto de año pasado en Barcelona tras otro vergonzoso pacto- tendría que declarar ante el juez Llarena que, acto seguido, elevaría el caso al tribunal que sentenció el procés, que no tendría más remedio que decretar su puesta en libertad. Es decir, que si quiere venir, puede.

Los argumentos para descalificar la sentencia del Constitucional están desgranados en los votos particulares de los cuatro magistrados que votaron en contra: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y César Tolosa. Recomiendo su lectura. Pero fue el ex presidente Felipe González quien, en su entrevista con Carlos Alsina, le dio la puntilla política. Resumo su intervención: es una norma hecha por los que se benefician directamente de ella; es un pago en forma de ley a cambio de los siete votos que necesitaba Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa. En cuanto a que la amnistía es constitucional porque no está expresamente prohibida en la Constitución, González argumentó que tampoco está prohibida la esclavitud, lo que no significa que sea constitucional mantener esclavos. Se puede decir más alto, pero no más claro.

Con su sentencia, el Constitucional ha blanqueado una ilegalidad cuyos efectos son inamovibles

Dar luz verde a una ley tan relevante sin un consenso ampliamente mayoritario o la unanimidad de Tribunal es un despropósito. Si los dos magistrados que no han participado en la votación (el ex ministro Juan Carlos Campo y el magistrado José María Macías), lo hubieran hecho, el resultado de la votación hubiera sido de seis a seis. Los dos -uno progresista, el otro conservador- habían declarado previamente que la ley es inconstitucional.

Nace, por tanto, la norma con una división profunda en el Constitucional, con el rechazo del Senado, con la oposición de casi la mitad del Congreso y con el repudio de la mayoría de los ciudadanos, incluidos los que votan al PSOE. Fuera de Cataluña, el porcentaje de ciudadanos contrarios a la ley es ampliamente mayoritario.

Se trata de una felonía que retrata bien al presidente del gobierno. Los que le votaron en 2023 no sabían que con sus votos el presidente iba a hacer todo lo contrario de lo que había dicho anteriormente.

Es dudoso que la ley de amnistía haya provocado un efecto sanador para la convivencia en Cataluña, como esgrime la sentencia. Pero es posible. Lo que sí es seguro es que ha dividido a la sociedad española. Así que, si su justificación es política, como afirma la sentencia que lleva la firma de Conde Pumpido, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, Laura Díez, María Luisa Segoviano y la ponente y vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, no se les escapará, me imagino, a estos seis magistrados que su aprobación también ha provocado un efecto político divisorio, que ha ensanchado la fractura entre españoles no sobre un posicionamiento ideológico (izquierda/derecha), sino sobre si es legítimo ceder ante un chantaje.

Finalmente, los promotores del referéndum ilegal del 1-O han conseguido que el Estado al que quisieron derribar, no sólo les perdone, sino que les diga que el proceso que concluyó con la sentencia condenatoria del Supremo estuvo mal. En definitiva, que se les ha dado la razón en lo fundamental.

Feijóo ha dicho que la ley de amnistía es "ilegal". Recuerda la oposición que el negociador del bodrio fue nada menos que Santos Cerdán, lo que no deja de tener su gracia.

Pero, lo lamentable, lo penoso de todo esto es que ya no se puede hacer nada. El PP no puede derogar esta ley, cuyos efectos son inamovibles. La ley de amnistía es el blanqueamiento de una ilegalidad que no tiene remedio.

Algunos dirigentes del PP y de Vox confían en que el TJUE tumbe la norma. En teoría, puede hacerlo, pero yo les diría que pierdan toda esperanza. Los jueces europeos no van a derogar una ley con unas implicaciones políticas tan evidentes. Es mejor hacerse a la idea de que el daño ya está hecho.

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