La lista de morosos de Hacienda publicada el viernes por la Agencia Tributaria incorpora varias empresas presentes en la investigación de la trama de hidrocarburos vinculada con el empresario Víctor de Aldama. La recopilación de los mayores deudores de España con el fisco que hace anualmente el organismo incluye a tres de las siete comercializadoras que usaba presuntamente la trama a modo de empresas pantalla para defraudar el pago del IVA.

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Hay dos que se incorporan a la lista; Salamanca Fuel Center SL (actualmente en liquidación), que adeuda 33,4 millones, y Espaeventos SL, a la que Hacienda reclama otros 19 millones. Una tercera, Obaoil 3000 SL, que ya figuraba el año pasado en la lista de deudores, eleva su deuda con el fisco de 60,36 millones a 72,4 millones. Entre las tres suman 124,8 millones. Todas ellas figuran en los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ido remitiendo al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional que instruye la causa.

Estas firmas forman parte de un grupo de siete suministradoras que recibían el combustible de la firma Villafuel, vinculada al socio de Aldama, Claudio Rivas. Las intermediarias simulaban la reventa del combustible a gasolineras o intermediarios, y dejaban de ingresar el impuesto correspondiente a Hacienda, lo que acababa provocando una competencia desleal dentro del sector. La defensa de Villafuel, en un escrito al juez, se desvinculó de los presuntos cabecillas de la trama -Aldama y Rivas- y defiende que todas sus prácticas fueron legales. Hacienda le reclama solo 2 millones y fuentes conocedoras aseguran que podría deberse a una discrepancia contable.

En conjunto, los investigadores estiman que el daño a la hacienda pública asciende a 182 millones de euros entre todas las comercializadoras implicadas. Pero al margen de esas tres antes citadas, las otras firmas que figuran en los informes del Instituto Armado -Casmar Hidrocarburos SL, Canary Islands Fuel Company SL, Skyward Tech SL o Carburantes Jalón Plaza-, no aparecen en el listado de Hacienda. Tras comprar el carburante en depósitos fiscales y cobrar el IVA a las gasolineras que no ingresaban en Hacienda, se disolvían antes de ser localizadas.

Además de la trama vinculada con el presunto conseguidor del caso Koldo, las tramas que se investigan en la Audiencia Nacional suman ya más de 300 millones de euros de presunto fraude. Y en el sector estiman que el fraude podría ascender a más de 2.000 millones.

El listado de deudores de Hacienda incluye otras empresas de hidrocarburos que también figuran entre las primeras posiciones de morosos por la cantidad que deben al fisco. Habitualmente eran las empresas constructoras como Reyal Urbis las que lideraban la tabla.

Pero ahora están entre los mayores morosos firmas como Metaway Combustibles (195,8 millones). Aunque no está investigada en el caso de Aldama, aparece mencionada en los informes judiciales porque intentaron hacerse con ella tanto él como su socio Rivas y la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en octubre de 2020 en la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid).

Precisamente, a una firma de esta última empresaria -Have Got Time- Hacienda le reclama 66 millones. Se trata de la sociedad a través de la que se habría comprado en 2021 un chalet para el ex ministro José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz) y es el segundo año que aparece en el listado. Está investigada en el 'caso Gaslow', lo que los investigadores creen que puede ser el origen de toda la trama.

La recopilación de Hacienda también menciona entre la primera veintena de firmas que más deben otras compañías dedicadas al negocio de los hidrocarburos como Vertix Petroleum (194,7 millones), Bio-Zenite Energy (153,4 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). También salen otras empresas investigadas en otras causas de la Audiencia Nacional, pero con deudas mucho menores como Gaslow Abastecimientos SL (1,84 millones).

Como publicó El Independiente hace unas semanas, el Gobierno está desarrollando la modificación legal aprobada a finales del año pasado para establecer un impuesto complementario a los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud. Con este cambio, antes de extraer el hidrocarburo del depósito fiscal, se exigirá presentar una garantía de IVA del 110% y ya no existirá la exención que había hasta ahora en ese primer eslabón de la cadena de comercialización.

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