Sumar encontró poca receptividad por parte del PSOE en la reunión de seguimiento del pacto de Gobierno mantenida este miércoles en el Congreso de los Diputados. Como informó El Independiente, los magentas esperan que los socialistas superen en el comité federal del sábado el "shock" que ha dejado el escándalo de Santos Cerdán en el seno de partido y se focalicen en acogerse a la "hoja de ruta" propuesta por los de Yolanda Díaz. Una batería de propuestas dividida en dos bloques, uno de regeneración democrática y otras de agenda social, para dar un "reimpulso" legislativo al mandato de la coalición y evitar que "embarranque".
Ese segundo bloque social contiene en su mayoría cuestiones acordadas por los dos socios de cara a la investidura de Sánchez, en octubre de 2023, y que se han aplazado por falta de apoyos ajenos, por poca voluntad de los socialistas o porque la agenda del momento las ha llevado a cajón de sastre. Sumar quiere que el PSOE tome nota de ellas y Sánchez traslade su compromiso para darles recorrido en los próximos meses. Sectores del partido exigen condicionar, de hecho, el discurso del presidente el próximo miércoles 9 de julio en el que dará explicaciones de la corrupción que salpica al partido y el alcance que tiene ésta después de la expulsión de Cerdán. Quieren que se pacte previamente los anuncios que hará y las medidas que dan por hecho que anunciará. Todo bajo la previsión de que una vez pase el comité el PSOE se centrará en mimar el Ejecutivo.
Figuras como Lara Hernández, colíder del Movimiento Sumar, y Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso y miembro de la dirección del grupo parlamentario, instan a pactar esos contenidos. Así lo han trasladado en distintas intervenciones. Aunque hay positividad dentro del grupo, el tono duro de este jueves por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Trabajo, a las puertas de un acto de la Fundación ONCE, refleja el temor de que haya una omisión por parte del ala socialista del Gobierno. Algunos incumplimientos de acuerdos recientes por parte de su socio no dejan buen sabor de boca, reconocen fuentes del partido. Ahora bien, aunque haya un compromiso de Sánchez a materializar esos compromisos —tanto por compromiso como para ganar tiempo— Sumar puede encontrarse en muchos de los casos con un muro: Junts.
A priori, los de Carles Puigdemont no tendrían motivos para poner pegas a la batería de iniciativas de ese bloque de regeneración contra la corrupción. Principalmente se propone una Ley integral anticorrupción que insta a que los corruptos asuman los costes derivados de los procedimientos judiciales y que las empresas que participen en ella no puedan optar a contrataciones públicas durante 20 años; la creación de una Agencia Independiente contra la Corrupción; la expropiación de los bienes o beneficios adquiridos de forma ilícita; el aumento de penas de prisión y de personal judicial para la investigación; fortalecer la Comisión de Conflicto de Intereses y la Transparencia, y poner en marcha la nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante.
Mayor escollo pueden encontrarse en Sumar ante la prohibición de indultos por corrupción y la inhabilitación para cargo público durante 30 años. Ello, cuando figuras como Puigdemont están acusadas por malversación de caudales públicos derivado del procés, algo que no le ha permitido la aplicación de la amnistía. Y en vistas al deseo de no dejar de lado el objetivo independentista. Pero son los planteamientos sociales, especialmente en los de vivienda en los que los magentas se toparán con el bloqueo o la rebaja de contenidos por parte de Junts.
Las reclamaciones de Vivienda: enmendadas en el Congreso
De los ocho puntos propuestos para el relanzamiento social, la mitad hablan de la vivienda. La más clara es la que pide "acelerar la tramitación y garantizar la aprobación de la Ley de regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones". El compromiso de los socialistas no ha sido pleno con esta reforma. De hecho fuentes socialistas esperaban que quedase en el tintero nada más pasar el primer trámite parlamentario. A finales de mayo, con la ley ya en la Comisión de Vivienda, Junts dio a conocer sus enmiendas parciales al texto propuesto.
De tajada exigen desvincular el alquiler de habitaciones, lo que recorta la propuesta magenta. Es una línea roja de hecho, pero los de Puigdemont creen que es una "invasión competencial" de las competencias de Cataluña.
Además, en lugar de "eliminar de facto" la figura del alquiler de temporada como reclaman los socios de izquierdas del Gobierno, proponen establecer mecanismos que justifiquen las circunstancias de la temporalidad ajena al turismo. Para no suprimir y al mismo tiempo evitar fraudes en alquileres de larga duración que se enmascaran como de temporada. Esto ya deja noqueada la propuesta de Sumar, que hasta el próximo ciclo de sesiones en el Congreso, a partir de septiembre, no podrá continuar su debate. Mientras que Junts no quiere poner un máximo a los alquileres de temporada, el PNV apuesta por fijar en diez meses el tope de los contratos. Un año en el caso del PSOE.
Al margen de ello, Sumar reivindica la extensión en tres años de los contratos vigentes que estén a punto de finalizar para que los propietarios no expulsen a los inquilinos para la venta de la vivienda o el alquiler turístico y les dejen sin alternativa de alojamiento. O que tampoco se aproveche para un aumento muy contundente de precios. Que haya un margen de búsqueda si el propietario quiere rescindir el contrato. Al mismo tiempo, y a propuesta de Más Madrid, Sumar exige establecer los contratos de alquiler indefinidos que cuyos pagos puedan adecuarse según el IPC y solo puedan ser requeridos con seis meses de aviso previo si es para el uso personal del propietario o sus familiares directos.
Ambas medidas fueron sugeridas por Sumar como condiciones para abrirse a negociar unos Presupuestos Generales del Estado que terminaron por encallar a finales del año pasado. La postura de Junts ante este tipo de medidas "intervencionistas" es de rechazo, creen que atentan contra la libertad de los propietarios. Aunque no hay valoraciones concretas a estas dos cuestiones, en sus enmiendas a la regulación de alquileres de temporada inciden en que el plazo legal de alquileres es de cinco años por parte de particulares y siete por parte de empresas. Que durante ese tiempo hay protección de equilibrio de precios según el IPC. Por lo que se entiende que lo establecido ya por ley se considera un margen razonable.
Junts también reprochó a Sánchez a principios de año la intención de endurecer la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios de la UE o de dar ventajas fiscales a los propietarios que rebajen los alquileres. Igualmente bajo el rechazo de ese "intervencionismo", la portavoz parlamentaria, reprochó a Sánchez estar "triturando a la clase media" mientras no despliega un parque amplio de vivienda pública. Ante ello, parece poco probable que se acepte una tercera propuesta de Sumar: prohibir la compra de vivienda a empresas en zonas tensionadas o a particulares que no vayan a vivir al menos los primeros cinco años en ella, para desincentivar la inversión con fines turísticos. De hecho, se quiere prohibir ese tipo de alquileres en esas zonas céntricas de España.
El último punto en vivienda es reciente. Hace una semana Sumar propuso invertir el 1% del PIB anual (65.000 millones de euros) en el Plan de Vivienda 2026-2029 para construir vivienda de alquiler asequible de entre 400 y 600 euros. Es más ambicioso que los 7.000 millones anuales que propuso Sánchez en la última Conferencia de Presidentes, que triplica ya la inversión actual. En un reparto del 60% a cuenta del Estado y el resto de las comunidades. En concreto, los magentas quieren sumar a ese planteamiento otros 58.000 millones en el periodo comentado procedentes de créditos blandos Next Generation. Lo que permitiría cada año duplicar la cantidad y disponer de 16.000 millones. Cataluña es partidaria de la apuesta inicial de Sánchez. Se desconoce la postura de Junts, que denuncia al Gobierno por deber vivienda a Cataluña de la Sareb.
Contenidos previstos en la Ley de Familias
Junts no pondría vetos a la petición de "fortalecer el sistema de dependencia y completar el desarrollo de la Ley ELA". Sin embargo, menos claridad hay en torno a los puntos que se enmarcan dentro de la Ley de Familias del Gobierno, guardada en el cajón durante más de un año. No es tanto un rechazo de Junts, sino diferencias sobre la posible invasión de competencias autonómicas. En los últimos meses, estos conflictos, con todo, se han ido limitando y se espera que próximamente pueda darse continuidad a una ley que ya supera las 50 prórrogas de enmiendas.
Es el mismo borrador iniciado por Ione Belarra, la antecesora de Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales. Aunque Sumar, en plazo de enmiendas parciales, quiere añadir novedades como la ampliación de los permisos por nacimiento a 20 semanas o la prestación o deducción de 100 euros mensuales por crianza hasta los tres años con posibilidad de prórrogas hasta los seis años. El documento recoge permisos remunerados por cuidados o la equiparación de las familias monoparentales en derechos por nacimiento, entre otros.
Solo la exigencia no invertir "ni un euro más" en gasto militar queda ajena a Junts en esas reivindicaciones sociales. Dependen de Sánchez, que pactó con los socios no implementar más del 2,1% pese a que en la última cumbre de la OTAN firmó alcanzar los cinco puntos del PIB en inversión. No es vinculante, y Sánchez asegura que puede cumplir los objetivos con menos de la mitad. Es una de las cuestiones que se plantean a mayor largo plazo y la que no generará tensión en la coalición.
A la espera de que Sánchez tome decisiones, la primera prueba de fuego para la coalición es la votación de enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral. Junts insiste en bloquearla y Sumar acredita un respaldo total que en el PSOE rebajan. De decaer a la primera de cambio, se tumbaría la ley estrella de Díaz. Sumar, con todo, cree que puede utilizar ese escenario para construir relato, sin embargo, eso puede distanciar más aún al Gobierno con Junts, que ante cualquier disposición de pactos no renunciará a exigencias duras.
Te puede interesar