Es la tasa que enfrenta a las nucleares y el Gobierno desde hace años. Excesiva para los primeros, necesaria para los segundos. Las compañías que explotan las cinco centrales nucleares y siete reactores operativos en España hace tiempo que denuncian que la denominada ‘Tasa Enresa’ es tan elevada que pone en peligro la viabilidad de la generación de energía nuclear. Más aún desde que fue incrementada en julio del año pasado en un 30% por parte del Ejecutivo. Desde el Gobierno, en cambio, reiteran que ese incremento es necesario para poder gestionar el día después de la energía nuclear en nuestro país: su desmantelamiento y tratamiento de residuos radiactivos.

PUBLICIDAD

Pero la cuestión que les enfrenta y que puede terminar en los tribunales es cómo se ha acordado el incremento de su cuantía actual: 10,36 euros por MWh frente a los 7,98 euros por MWh que se aplicaban antes del incremento de la tasa.

Enresa es la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos. En el horizonte ya está fijado el final de la actividad de las centrales nucleares. Por el momento, ambas partes no han cerrado ninguna alternativa realista que plantee una prórroga, tan sólo demandas para poder estudiarla. En 2019 ambas partes, Gobierno y compañías eléctricas, pactaron que el calendario de cierre se activaría en 2027 con Almaraz y concluiría en 2035 con el desmantelamiento de la central de Trillo. También que la ‘Tsa Enresa’ no se tocaría.

En el trasfondo del enfrentamiento millonario se sitúa el largo proceso de supresión de las instalaciones y el almacenamiento que habrá que hacer de los residuos generados durante casi cuatro décadas de actividad nuclear. ¿Cómo se financiará? La operación tiene estimación de coste: 20.220 millones. También vía para pagarla: la ‘Tasa Enresa’. Por el momento, ese fondo acumula un saldo aportado por las compañías cercano a los 8.000 millones y en el futuro tendrá que seguir engordando hasta alcanzar el presupuesto estimado.

Acuerdo de 2019, ¿incumplido?

En el acuerdo de 2019 se acordó no sólo el calendario sino también el importe que hasta el final de la ‘era nuclear’ en España tendría la tasa con la que se financiaría mediante aportaciones tributarias de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, las cuatro compañías con intereses nucleares.  

Ese cargo impositivo que vienen pagando inicialmente estaba previsto para un plan de desmantelamiento que recientemente se modificó. El VII Plan General de Residuos descartó la idea inicial del plan anterior de construir un gran Almacén Temporal Centralizado (ATC). Sería en él donde se tratarían y enterrarían todos los residuos. Pero esa propuesta de que Villar de Cañas (Cuenca) lo acogiera no prosperó y no hubo candidato a hacerlo. Por eso, el Gobierno cambió sus planes y planteó que el almacenamiento de los residuos, al menos en su fase inicial, se haría no en uno sino en siete emplazamientos, todos ellos junto a las centrales nucleares. Ese ‘plan b’ sería más costoso y habría que subir la cuantía de la ‘Tasa Enresa’ para financiarlo.

Iberdrola y Endesa ya habrían iniciado la batalla judicial para intentar revertir esa presión fiscal que complica la viabilidad de esta actividad nuclear. Según publica El País, Endesa reclama a Enresa la devolución de 454 millones de euros e Iberdrola de 324 millones por daños y perjuicio por el cobro de la tasa tras su actualización en julio del año pasado. Una reclamación que en un caso ya se tramita ante la Justicia y en el otro ante el Gobierno. Ambas compañías defienden que el incremento impositivo no debía haberse producido, tal y como se acordó en 2019.

Ese incremento, recuerda constantemente las nucleares, es el que les está asfixiando económicamente y les ha restado competitividad. Recuerdan que lo acordado en 2019 era no volver a subir la tasa pero que eso se ha incumplido. El incremento en un primer momento fue de hasta un 40% pero en abril del año pasado el Ministerio de Transición Ecológica finalmente accedió a rebajarlo un 10%. Sin embargo, ese 30% de subida de la tasa sigue lastrando la rentabilidad de la generación nuclear en España.

Residuos en Francia... a 82.500 euros por día

En nuestro país la gestión y tratamiento de los residuos nucleares siempre ha sido polémico. En 1989 un incendio precipitó el cierre de desmantelamiento de la central de Valdellós I. Entonces nuestro país no disponía de instalaciones para almacenar con seguridad aquellos restos y tuvo que ‘subcontratar’ el servicio con empresas francesas. El compromiso alcanzado fue que aquellos restos custodiados por Francia se ‘repatriarían’ antes de 2010. Sin embargo, la situación se ha ido retrasando por falta de instalaciones en nuestro país, lo que ha supuesto sobrecostes en forma de multa que España ha tenido que seguir abonando. Se estima que la factura diaria por los contratos de custodia en vigor para almacenar esos residuos en Francia ronda los 82.500 euros por día.    

Sólo el año pasado en España las centrales nucleares generaron 679,04 m3 de nuevos residuos de muy baja, baja y media intensidad, según datos de Enresa. Representan el 95% del total de residuos. A ellos se suma otro 5%, alrededor de 2.500 m3, que corresponden a residuos más peligrosos de alta intensidad. En este caso se estima que son necesarios más de 30 años para que se produzca un proceso de ‘semidesintegración’ pero que los efectos de radiación pueden prolongarse cientos de años.

El Foro Nuclear viene denunciando en los últimos meses que la presión fiscal ha ido en aumento de forma exagerada en el sector. Reitera que no sólo por el incremento de la ‘Tasa Enresa’ sino por el resto de impuestos que deben abonar. Asegura que se ha pasado de un coste por MWh de 16 euros a 28 euros MWh en la actualidad. Un incremento que considera que hace “insostenible” la viabilidad económica de las centrales.

Lista de impuestos

La principal carga fiscal que soporta el parque nuclear en nuestro país está integrado por la llamada ‘Tasa Enresa’. Supone 10,3 euros de los 28,2 euros por MWh que se pagan en impuestos. A el se suma el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado, que según un estudio de PWc supondría 5,1 euros el MWh. Por último, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica representa 4,85 euros. A todas ellas se suman las ecotasas, un impuesto fijado por las comunidades autónomas por el impacto en el medio ambiente y que representa 4,77 euros el MWh. Finalmente, se encontraría el resto de impuestos como el IBI, IAE, la tasa del Consejo de Seguridad Nuclear, etc.

En este informe de PwC se concluye que el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y las Ecotasas son “redundantes con la Tasa Enresa” ya que no se destinan a actividades relacionadas con el parque nuclear al que va dirigido. Subraya, además, que en julio de 2024 se produjo un incremento del 30% de la Tasa Enresa “ajeno a las centrales nucleares” por la decisión de aplicar un cambio en el modelo de gestión de los residuos radiactivos.

PUBLICIDAD