La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue la pista del dinero para intentar llegar a las mordidas que, presuntamente, cobraron los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán a cambio de adjudicaciones de obra pública por parte del Ministerio de Transportes. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que ambos se beneficiaron económicamente de la red impulsada desde la cartera que dirigió Ábalos entre 2018 y 2021 y que supuestamente favoreció a determinadas empresas mediante contratos públicos. Para acreditar ese enriquecimiento ilícito, los agentes han solicitado tanto datos fiscales y bancarios como información laboral de los empresarios vinculados a la trama.

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Este jueves, los agentes pidieron al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que requiriese al Congreso de los Diputados y al PSOE información sobre los pagos y donaciones realizados por el exministro entre 2014 y 2024. El juez accedió a la solicitud de la UCO y subrayó en un escrito la "aparente falta de sintonía" entre los datos recabados de Hacienda y los movimientos detectados en las cuentas bancarias de Ábalos.

En concreto, el Instituto Armado señala que el dirigente socialista declaró haber percibido 751.421 euros del Congreso en la última década, pero sólo constan 79.841 euros ingresados en sus cuentas. Es decir, que hay un desfase de más de 670.000 euros. Además, la Agencia Tributaria atribuye aportaciones del diputado del Grupo Mixto al PSOE por valor de 44.729 euros, mientras que los investigadores sólo han hallado transferencias por ese concepto que suman 8.471 euros. Estas discrepancias han llevado a la UCO a solicitar que el partido detalle todas las cantidades abonadas por Ábalos.

Fuentes de las defensas consultadas por El Independiente apuntan a que dichas cantidades podrían corresponder a las donaciones obligatorias que los diputados hacen a sus partidos. En esta misma línea se pronunció el PSOE, que atribuyó las discrepancias a la existencia de dos vías distintas de ingreso: una, a través del Grupo Parlamentario, que descuenta directamente del sueldo de los diputados una aportación voluntaria; y otra, la cuota de militante, que cada parlamentario abona por su cuenta. El partido explicó que Ábalos, como el resto de diputados y altos cargos, cobraba su retribución del Grupo Parlamentario y no directamente del Congreso.

En el llamado 'informe Cerdán' entregado al Tribunal Supremo, la UCO planteaba la posibilidad de que algunas aportaciones económicas vinculadas a contratos públicos pudieran haber llegado al PSOE de forma encubierta, o lo que es lo mismo: que se haya cometido un delito de financiación ilegal. Esta es la cuestión sobre la que ahora, con estos requerimientos al juez instructor, tratan de arrojar luz.

Los empresarios

También a instancias de la UCO, que busca trazar una "imagen completa del ámbito financiero y tributario de los implicados", el magistrado Puente ha solicitado a la Seguridad Social la vida laboral completa de cinco empresarios imputados por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones: Antxón Alonso, propietario de Servinabar; Fernando Merino, exdirectivo de Acciona; José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción; y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, responsables de Obras Públicas y Regadíos.

Se trata de un punto clave en la investigación, ya que, según indican fuentes del caso a este periódico, la Guardia Civil cree que Antxón era quien cobraba el dinero que, presuntamente, iba destinado a Cerdán en forma de comisiones ilegales. En el registro de la sede de Servinabar, los agentes encontraron un documento que acredita que el dirigente socialista poseía el 45% de la empresa. En su declaración ante el alto tribunal, alegó que se trataba de un documento privado que nunca se elevó a escritura pública.

Asimismo, la petición del togado incluye a los presuntos beneficiarios de esas mordidas: Santos Cerdán, el exasesor ministerial Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz. También se ha requerido información sobre la fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos, con el objetivo de completar la verdadera situación patrimonial de las personas físicas investigadas y de las sociedades en cuyo beneficio pudieron haber actuado.

El juez justifica esta diligencia "al efecto de conocer el desempeño laboral" de estas personas durante la década investigada y "el vínculo que hubieran podido mantener con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban". Según detalló en su escrito, la información obtenida se cruzará con los datos bancarios ya en poder del Supremo, lo que permitirá "conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras".

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