La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un desfase de más de 670.000 euros entre los ingresos que la Agencia Tributaria atribuye a José Luis Ábalos por su labor parlamentaria y los que figuran realmente ingresados en sus cuentas. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que instruye el 'caso Koldo', ha accedido a la petición de los agentes de requerir tanto al PSOE como al Congreso toda la información sobre las donaciones realizadas por el exministro entre 2014 y 2024. El togado quiere esclarecer las "aparentes faltas de sintonía" en la información disponible sobre la "verdadera situación económica" de Ábalos.

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Un informe que el Instituto Armado acaba de remitir al alto tribunal y al que ha tenido acceso El Independiente refleja que en la última década, Ábalos debió percibir 751.421 euros en concepto de retribuciones, dietas y otros pagos del Congreso de los Diputados según él mismo declaró a Hacienda, pero en sus cuentas sólo aparece una cantidad de 79.841 euros.

Pero, además, la Agencia Tributaria atribuye a Ábalos aportaciones al PSOE por un total de 44.729 euros durante esa misma década y este dato a la UCO tampoco le encaja. Ellos sólo han encontrado en sus cuentas movimientos por ese concepto que suman 8.471 euros, una diferencia que también considera relevante y que quiere esclarecer. Por tanto, pide a la formación que dirige Pedro Sánchez que "informe detalladamente" de todas las cantidades abonadas por Ábalos al partido.

Otras 21 personas

El juez Puente accede igualmente a que se reclame a la Agencia Tributaria la información que posee sobre 21 personas físicas y jurídicas —entre ellas la empresa Acciona— con el objetivo de tener una "imagen completa" del ámbito financiero de todos aquellos que están bajo la lupa de los investigadores por las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública por parte del Ministerio de Transportes.

La petición se amplía a requerir a la Seguridad Social que aporte la vida laboral de cinco empresarios investigados en la causa —Joseba Antxón Alonso, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino y José Ruz—, así como la del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor ministerial Koldo García y la exmujer de este último, Patricia Uriz. Esta petición se enmarca también entre 2014 a 2024, con el propósito de arrojar luz sobre los vínculos que mantuvieron con las empresas que están siendo investigadas.

Quiere Puente conocer también sobre la fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos todos los datos financieros con el objetivo de cruzar esos datos con los movimientos bancarios ya requeridos para conocer "la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuales determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquellas".

Además de requerir al Congreso que detalle cada retribución abonada a Ábalos en esa década, con la fecha, método de pago, cuenta de destino y titularidad, el magistrado ha pedido al PSOE que informe también de todas las cantidades que el exministro transfirió al partido, ya fueran donaciones u otros conceptos, así como de los pagos que la formación le hubiera hecho a él, ampliando así el alcance respecto a lo inicialmente solicitado por la UCO.

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