La Fiscalía Provincial de Madrid ha reabierto unas diligencias por la denuncia que interpuso el fiscal Anticorrupción José Grinda después de que un intermediario le ofreciera un puesto en el extranjero a cambio de que modificara causas judiciales. Según avanzan distintas fuentes fiscales a El Independiente, la investigación preprocesal se ha iniciado ya y se ha tomado declaración al fiscal Grinda que, según aseguró en su denuncia, señala por este chantaje a la exconcejal del PSOE Leire Díez. Dos juzgados distintos investigan también Díez, que renunció a militar en el partido socialista después del escándalo, trató de interferir en el procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero en una terraza en el ático de un céntrico bar en Madrid, tal y como contó este medio. El fiscal José Grinda acudió a verse con un periodista que, como posteriormente se ha publicado, era Pere Rusiñol y éste le entregó un papel en el que se le proponía el archivo de varios casos relacionados con el independentismo como el 'caso Pujol' --una investigación sobre corrupción contra el expresidente de la Generalitat catalana que está pendiente de juicio--; el 'caso del 3%' --sobre el escándalo de la antigua Convergència y el porcentaje de obra pública que presuntamente cobraban en mordidas--; además, de otro asunto relacionado con Venezuela, el de 'Duro Felguera', y el 'caso Zed', que afecta al empresario Javier Pérez Dolset, una persona muy cercana a Díez y con la que ella ha estado trabajando supuestamente en los últimos años.

La denuncia que realizó posteriormente el fiscal Grinda asegura, además, que se le proponía que aclarara el origen de la investigación contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell -- que estuvo en prisión provisional por un asunto del que finalmente fue absuelto y tuvo que ser indemnizado-- y que consiguiera información de "actividades delictivas personas o profesionales" del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.

A cambio, en ese folio se le ofrecía el traslado a un puesto en el extranjero. Algo que, precisamente, él había solicitado sin éxito unos meses antes, en diciembre, cuando había propuesto su candidatura para una vacante de colaboración de la Unión Europea para investigaciones en tráfico de drogas y tráfico de mujeres en Bolivia.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción confirmaron que Grinda redactó una denuncia que fue enviada a la Fiscalía General del Estado y esta, a su vez, la remitió a la Fiscalía de Madrid por ser la competente en los hechos. Las diligencias de información preprocesales (el paso previo a una investigación) si iniciaron así, pero fueron archivadas el pasado 19 de mayo de forma provisional ante la imposibilidad de contactar con el periodista implicado al que llamaron, según aseguraron fuentes fiscales, más de una decena de veces para poder citarlo.

Lo cierto es que a finales del mes de mayo el tablero político sufrió un terremoto al conocerse una reunión entre Leire Díez, el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo con Alejandro Hamlyn, un imputado por un fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, a quien le ofrecían un pacto con la Fiscalía o con la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora tanto de Grinda como de distintos miembros destacados de la Guardia Civil que, precisamente, están investigando asuntos que afectan al Gobierno.

Por ello, la Fiscalía de Madrid ha decretado la apertura de la investigación apoyándose en las "noticias" que han sido publicadas en la prensa en las últimas semanas y que apuntan a "operaciones sórdidas" de algunas personas "destinadas al desprestigio de funcionarios de Justicia".

El fiscal encargado del caso, Juan Pablo Nieto Mengotti, revirtió el archivo provisional de estas diligencias el pasado 20 de junio y seis días después citó a declarar al fiscal José Grinda, según confirman varias fuentes conocedoras de este asunto. Éste explicó su versión de los hechos y ratificó la denuncia que había interpuesto inicialmente. Ahora, el Ministerio Público tendrá que decidir si existen elementos suficientes para judicializar el caso o si, por el contrario, reitera el archivo de las pesquisas.

El pasado 6 de junio, además, el Consejo Fiscal acordó por unanimidad conceder el amparo que Grinda había solicitado después de que se hicieran públicos los audios en los que Díez buscaba información personal sobre él e, incluso, llegara a ofrecérsela a algunos medios de comunicación.

Díez y el hermano de Sánchez

Díez que era una militante del PSOE activa en redes sociales, pero bastante desconocida para el gran público pasó a ocupar todo tipo de titulares de prensa después de que se publicara la grabación en 'El Confidencial' en la que trataba de convencer a un imputado en el caso de hidrocarburos de que le diera información turbia sobre agentes de la Guardia Civil y proponía como contraprestación pactos con la Fiscalía.

Ella misma dio una rueda de prensa asegurando que era periodista y que estaba trabajando en un libro de investigación e insistió posteriormente en varias entrevistas en que si habló de sentarse con la Fiscalía fue para tirarse el pisto. Negó también cualquier mensaje al fiscal Grinda y trabajos para el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien distintas fuentes la vinculan. Como publicó este medio, Leire Díez se reunió también con otras personas relacionadas con distintos procedimientos judiciales como el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye; o como con el exsecretario de Estado de Seguridad del PP Francisco Martínez.

Hay, al menos, dos juzgados que ya están investigando distintas denuncias contra Díez. El juzgado de instrucción número 2 de Badajoz abrió el pasado 18 de junio una causa contra ella a raíz de una denuncia presentada por Hazte Oír por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, estafa procesal y revelación de secretos al tratar de investigar supuestamente la investigación contra el hermano de Sánchez en dicha ciudad.

Lo mismo ha hecho el juzgado de instrucción número 4 de Badajoz a raíz de otra denuncia de Manos Limpias contra la exmilitante, el empresario Pérez Dolset y el exjuez pacense José Luis Sáenz de Tejada. En ese caso se trata de delitos de obstrucción a la justicia y fraude procesal.

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