Un juez de Tarragona ha imputado al ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y le acusa de liderar una "organización", junto a su equipo ministerial, que modificó varias leyes, decretos y reglamentos a cambio de obtener rédito económico. La causa llevaba siete años bajo secreto de sumario y entre los presuntos delitos de los que está acusado el exmistro y algunos miembros del que fuera su despacho jurídico Equipo Económico están prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, fraude contra la administración, corrupción en los negocios, falsedad documental y negociaciones prohibidas.

PUBLICIDAD

La investigación adelantada por El Independiente en octubre de 2023, implica concretamente a 28 personas y seis personas jurídicas. Entre ellas, el despacho jurídico Equipo Económico, que el exministro fundó en 2008 antes de acceder al Gobierno de Mariano Rajoy.

El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, adelantado por 'La Vanguardia' y al que ha tenido acceso este medio, subraya que "altos cargos del Gobierno y la Administración Central" habrían creado "una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico". El juez dice haber constatado que Montoro nombró entre sus altos cargos a personas "estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos se redactasen 'a demanda' de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello".

Entre los investigados está el ex secretario de Estado, Miguel Ferré y la exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Pilar Platero. También los exdirectores generales de Tributos, Diego Martín-Abril y José Alberto García y el exsubdirector general de tributos locales. Oscar del Amo. Asimismo, también se investiga a Rogelio Menéndez, asesor del gabinete del ministro; a José María Buenaventura, ex director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda. Además, el juez también imputa a Santiago Menéndez, ex director general de la Agencia Tributaria.

Las empresas implicadas son Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Sociedad Española de Carburos Metálicos, que habrían contratado en dos ocasiones al citado despacho "para que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones". Todas formaban parte de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), a la que también se ha imputado.

El juez de Tarragona, que ha tenido acceso a correos electrónicos intervenidos, relata que las compañías ya habían intentado con "diferentes consultoras" influir para conseguir cambios legislativos "sin obtener resultados satisfactorios". Y, por ello, recurren al despacho fundado por Montoro, al que habrían pagado 779.705 euros entre 2011 y 2019.

Respecto a los responsables de Equipo Económico, figuran como imputados Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras. El juez dice que la asociación que engloba a las gasísticas "consigue que las reformas legislativas se desarrollen atendiendo a las peticiones de la AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes reembolsos".

La primera contratación

La primera vez que recurren a EE es para la "obtención de una modificación legislativa con la finalidad de obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad". En 2013, algunas compañías del sector -relata el juez- se organizaron para conseguir que se les incluyese entre los sectores que iban a beneficiarse de una bonificación impositiva mediante la aprobación de la Ley 16/2013. En paralelo, las empresas habrían contratado también a la consultora Ersnt&Young "para que hiciese el trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por EE" para el cambio normativo que les había sido negado hasta ese momento.

Y "en un escaso período de tiempo y mediando precio", el despacho de Montoro "logra para las empresas gasísticas la reforma legislativa que estas pretendían, a través de la Ley 28/2014 y el Real Decreto 1074/2014", que modifica el Reglamento de Impuestos Especiales en menos de un mes desde la intervención de EE.

Mediante dichas reformas se cambió el criterio que hasta entonces usaba el secretario de Estado de Hacienda para justificar la negativa a las pretensiones de las gasísticas. El juez llama la atención que pese a no haber modificaciones sustanciales del marco económico presupuestario, se cambiase de criterio en tan breve período de tiempo.

Asimismo, dice que la propia patronal se encargó de "la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el citado beneficio fiscal". Algo que para el juez "podría calificarse como de sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase pre legislativa de la elaboración de la ley así como de su reglamento de desarrollo".

La segunda contratación

Hubo una segunda vez en la que las empresas recurrieron a los servicios del despacho fundado por el exministro. Y el juez constata que "se vuelve a reproducir el mismo esquema que en el supuesto anterior". En este caso, es para conseguir que los ayuntamientos donde estaban basadas sus plantas de producción o envasado les cobrasen unas tarifas más baratas. Algo que llevaban persiguiendo en los tribunales desde finales de la primera década del siglo. "Pero la Justicia siempre les negó la razón", subraya el titular del juzgado de Tarragona.

Aunque todo cambia cuando contratan al despacho de Montoro. "Solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas, mediante la modificación del IAE [Impuesto sobre Actividades Económicas] a través de la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, que modificó el Real Decreto Legislativo 1175/1990", dice el juez. Y remarca que el texto aportado por la patronal a la Subdirección General de Impuestos Locales de la Dirección General de Tributos "se corresponde exactamente" con el que se incluyó después en la ley presupuestaria.

PUBLICIDAD