Con el debate migratorio en primer plano,alimentado por la violencia organizada desatada por grupos radicales en la localidad murciana de Torre Pacheco, el PP intenta marcar posición entre una izquierda que le considera connivente con los postulados de la ultraderecha y un Vox que les acusa de tibieza en un tema rentable electoralmente para ellos. Entre esas dos fuerzas opuestas transitan los populares, que han intentado aclarar sus postulados sobre el asunto tanto en la ponencia política aprobada en el 21 congreso nacional del partido como en el pacto firmado en septiembre del año pasado con el presidente canario, Fernando Clavijo.

Alberto Núñez Feijóo lleva los últimos días apelando a la tranquilidad -"que nadie cuente con el PP para agitar las calles", dijo el pasado martes- y reafirmándose en la tesis de que los inmigrantes en situación irregular que delincan serán repatriados "inmediatamente". También ha empleado el término "deportados" y "expulsados", concretamente este miércoles, pero todos ellos son sinónimos de un mismo compromiso. El texto de la ponencia, anterior a los acontecimientos de Torre Pacheco, considera "imperativo trabajar directamente en los países de origen para fortalecer el control fronterizo, luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito".

"Tolerancia cero con aquellos que cometen delitos"

"Tolerancia cero con aquellos que cometen delitos -dice el texto en el capítulo referido a Libertad y seguridad- especialmente los reincidentes y con los que no se quieren integrar y respetar nuestra cultura, particularmente el rol de la mujer de la sociedad". En España "las leyes se cumplen y los derechos son respetados", insisten para ir mucho más lejos al cuestionar también el acceso a prestaciones económicas o asistenciales a los 'sin papeles', aunque nada se dice en concreto de la sanidad. En tiempos del primer gobierno de Mariano Rajoy se intentó limitar la atención sanitaria a este colectivo en medio de una gran polémica.

Según la propuesta -en la que se detecta un evidente endurecimiento en línea con el debate instalado en toda Europa, también entre los gobiernos socialdemócratas- se eliminará la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular "a las prestaciones económicas no contributivas, porque la irregularidad no puede generar derechos" apostillan. Y "condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas. Contribuir tiene que ser condición para permanecer".

Endurecimiento del arraigo y la reagrupación familiar

"Recibir prestaciones asistenciales no puede generar por sí mismo el derecho a residir legalmente en España", puntualizan al tiempo que se comprometen, de gobernar, a devolver al arraigo y la reagrupación familiar "su carácter excepcional porque se ha convertido en una vía opaca de regularización masiva de inmigrantes irregulares sobre la que el Estado apenas ejerce control".

Otro aspecto llamativo de la ponencia política, a todas luces un boceto de programa electoral, es la apelación al establecimiento de vías de entrada legal y ordenada "primando la llegada de aquellos culturalmente cercanos, que cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes de nuestro sistema de valores", muy probablemente en alusión a la comunidad hispanoamericana. El inmigrante legal "no debe ser estigmatizado, porque no es ni víctima ni verdugo, sino una persona digna y libre, titular de derechos y también responsable de obligaciones como cualquier ciudadano".

Apelación al control de fronteras

Por ello apelan al control de fronteras entendido como "una garantía de la convivencia en libertad". El Gobierno central es "la administración competente en esta materia" y, por tanto, quien debe asumir "las consecuencias del descontrol migratorio" que existe a juicio de los populares. España "carece de cauces legales realmente efectivos para la gente que quiere venir a trabajar. Llevamos años sin ejercer un control eficaz sobre la inmigración ilegal, con fronteras desprotegidas y un sistema de regularización caótico que incentiva a las mafias que trafican con personas y a miles de migrantes a incumplir la ley".

El texto político, del que fueron ponentes los presidentes autonómicos de Castilla y León y de Andalucía, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno, respectivamente; además de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la eurodiputada y actual vicesecretaria de coordinación sectorial, Alma Ezcurra, que coordinó la ponencia, denuncia que "no hay política migratoria más inhumana que la que no existe. No podemos permitir que terceros países traten de utilizar la inmigración como arma para desestabilizar nuestra economía y nuestra sociedad. La inmigración es, también, una cuestión de Seguridad Nacional", sentencian.

Este texto tiene un antecesor en el 'Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio' firmado por Feijóo y Clavijo, centrado más en la crisis de los menores inmigrantes, que apelaba también garantizar a mejorar los controles policiales con mejores medios materiales y humanos, el despliegue de Frontex y de la Oficina Europea de Asilo y aligerar todos los procedimientos de expulsión, entre otras medidas.