El Gobierno espera que a la segunda vaya la vencida. Ya intentó sacar adelante la pasada legislatura la nueva ley de información clasificada, pero no lo logró por la falta de respaldos y por la disolución anticipada de las Cortes Generales para las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Ahora el Ejecutivo retoma sus intenciones, las de reformar la antigua ley franquista de secretos oficiales, con el objetivo de que esta vez sí logre el aval parlamentario. Y con ese fin también el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha pilotado los trabajos, ha introducido modificaciones como el recorte de los plazos, de 50 a 45 años, aunque prorrogables otros 15, para levantar la reserva de la información sensible.

Pedro Sánchez tenía el compromiso pendiente con el PNV, uno de sus aliados prioritarios y más estables, y el partido que más ha batallado para modificar una norma procedente de la dictadura, y ha decidido acelerar. El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley, recibidas las sugerencias del Consejo de Estado, y lo remitió al Congreso. El texto, si finalmente es aprobado por las Cámaras, sustituirá por tanto a la ley de secretos oficiales de 1968 —retocada en 1978— y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada, cuando transcurran unos determinados plazos. Así, España "se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada", y de hecho, "países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos" en la ley, según recuerdan fuentes del Ejecutivo.

Como en el anteproyecto de 2022, el texto redactado por el ministerio de Félix Bolaños establece cuatro categorías de información clasificada —en la vigente ley de 1968 son dos, secreto y reservado—: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. A cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación, teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o su uso indebido. Los documentos más sensibles, los calificados como alto secreto, estarán ocultos 45 años, prorrogables de forma motivada otros 15. En el borrador de 2022, el plazo era de 50 años, extensibles otros 15.

El proyecto también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.

Otro cambio respecto a 2022 es el régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada. Se rebajan las cuantías de las multas. Entonces, la horquilla era de 50.000 a tres millones de euros. Ahora, en el texto aprobado por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso, las sanciones van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones para los casos más graves. Con esta vía, se crea un "régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión". El derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de las multas.

El organismo que estará al frente de la protección y tratamiento de la información sensible será la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Aquí no hay cambios respecto a 2022: el organismo encargado pasa de quedar adscrito a Defensa a depender del departamento de Bolaños.