El sindicato de funcionarios penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha remitido una queja formal al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por el "incumplimiento sistemático" de una instrucción de la propia Secretaría General, dependiente del Ministerio del Interior, que regula la compensación económica por excesos de jornada a los funcionarios en el área de vigilancia. Además, exige que se investigue si este incumplimiento responde a una orden interna transmitida por correo electrónico para evitar el pago de las horas extraordinarias.

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Según expone en el escrito el presidente del sindicato, Manuel Galisteo, esta orden fue impuesta por sentencia judicial firme y obliga a la Secretaría a abonar los excesos de jornada extra, reconociendo el derecho de los funcionarios a recibir compensación económica por las horas trabajadas fuera de su jornada laboral. El fallo, explica, reconoce que ese exceso debe ser considerado como horas extraordinarias, y por lo tanto, debe ser remunerado como tal.

Sin embargo, TAMPM asegura que la instrucción sigue sin cumplirse en hasta 23 centros penitenciarios repartidos por toda España, y solicita que se investigue si el incumplimiento de la Instrucción emana de una orden emitida mediante correo electrónico interno por parte del actual Subdirector General de Recursos Humanos, Eugenio Arribas.

El sindicato denuncia que, a pesar de que la norma establece expresamente que las horas extras deben ser compensadas mediante retribución económica, los directores de los centros penitenciarios estarían desoyéndola esta norma, basándose en un correo electrónico interno del subdirector general de Arribas. Este mensaje, que "no goza de rango normativo y además es contrario a la instrucción vigente", según denuncian, ordenaría no pagar las retribuciones extraordinarias a jefes de servicio y coordinadores, y sustituir el pago por cambios forzados de turno en sus días de libranza, una práctica que TAMPM califica de "trato desigualitario y discriminatorio y una práctica abusiva".

En su escrito, solicita además que se aclare el alcance jurídico del citado correo interno, "el cual no puede derogar una instrucción formal ni vulnerar derechos adquiridos", y exige que se apliquen medidas para evitar "la sobrecarga injustificada de los mandos intermedios".

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