"Si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal". Para Pedro Sánchez, para su Gobierno, el último examen parlamentario antes del cierre por vacaciones, el de este martes, arrojó un marcador positivo. Una prueba más de la maltrecha salud de hierro de la coalición. Los números eran ciertos —tres leyes que procedían del Senado ratificadas definitivamente y listas para ser publicadas en el BOE, una doble reforma del reglamento del Congreso confirmada, dos reales decretos leyes convalidados y uno derogado—, pero la derrota producto de la acción combinada de parte de los socios de investidura (Podemos, Junts y BNG) y del PP era en sí misma un aviso al Ejecutivo. Decayó el decreto antiapagones, una herramienta que Transición Ecológica consideraba clave para prevenir más caídas de la red eléctrica y para robustecer el sistema, y a la vez el naufragio del texto indicaba el distanciamiento total de los morados y el malestar de los posconvergentes por los "incumplimientos" de los socialistas en dos temas capitales para ellos, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la aplicación de la ley de amnistía pese a su constitucionalidad. El golpe en una de las votaciones servía también a los populares para señalar la inestabilidad de la legislatura.

El Ejecutivo había diseñado el último pleno del Congreso de su durísimo curso político liberado de los obstáculos más relevantes. Junts ya le había avanzado que no levantaría su enmienda de totalidad a la reducción de la jornada laboral, el proyecto más señero de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y también se había negado a sacrificar sus enmiendas parciales a la ley de acceso a la carrera judicial y fiscal, las que introducían el Consell de Justícia autonómico y la supresión de la Audiencia Nacional, inasumibles para el ministro promotor del texto, Félix Bolaños. En principio, la sesión se planteaba pacífica, un respiro para el Ejecutivo tras la convulsión del caso Cerdán, cuyos confines nadie en el PSOE es capaz de anticipar. La Moncloa quería llegar al paréntesis veraniego anotándose una victoria completa, exhibir una renovada mayoría de investidura por la vía de los hechos, con las votaciones sobre iniciativas legislativas, sin cuestión de confianza mediante.

Lo consiguió, pero a medias. En el pleno se discutieron ocho puntos, dos de ellos referidos a la reforma del reglamento de la Cámara baja —para modificar su redacción, adaptándola al lenguaje inclusivo, y para regular el trabajo de los periodistas y sancionar a los agitadores ultras—, y por eso el presidente contabilizó siete iniciativas. El Gobierno venció en todos menos en la convalidación del real decreto ley de medidas de refuerzo del sistema eléctrico, impulsado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Era el resultado previsible. Al no de Podemos, anticipado el lunes, se sumó el rechazo del diputado del BNG, luego de Junts y PP —anunciado a ultimísima hora— y finalmente del representante de Chunta (partido integrado en el grupo de Sumar), Jorge Pueyo. Marcador final: 165 votos a favor del texto presentado por el Gobierno (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria, Compromís y el exministro socialista José Luis Ábalos, que sí acudió este martes a la sesión), 183 en contra (PP, Vox, Junts, Podemos, BNG, UPN y Chunta) y cero abstenciones.

Otro decreto ley delicado, el de la actualización de las entregas a cuenta de comunidades y ayuntamientos, salió adelante sin problemas, aunque en este caso quedó salvado por el PP, porque los posconvergentes se unieron a Vox en el no. Es decir, que el bloque de investidura no se alineó en su integridad con el Ejecutivo. El marcador: 308 síes (PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, CC, UPN, BNG y Ábalos) por 39 noes (Vox y Junts) y una abstención (Compromís).

Las tres leyes que tenían pendiente la votación de enmiendas llegadas del Senado fueron aprobadas sin problemas y se publicarán en el BOE. La más relevante políticamente de todas era la que creará la Agencia Estatal de Salud Pública, que se había estrellado en marzo por la pataleta conjunta de Junts y PP contra los socialistas por otra norma que no tenía nada que ver. Las otras dos, la ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos a motor y la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para incentivar la construcción o compra de vivienda para dedicarla al alquiler habitual  —esta última, dato curioso, con el sí de Vox y el no de Sumar y Podemos—.

Para las dos reformas del reglamento del Congreso, PSOE y Sumar contaron con el bloque de investidura sin fisuras y con la oposición de PP y Vox. Y para la convalidación del tercer decreto ley que entraba en el pleno de este martes, el que contiene beneficios fiscales para acontecimientos de excepcional interés público (desde el Año Tàpies hasta la celebración del Xacobeo 2027, el Gran Premio de España de Motociclismo o el centenario de la Generación del 27), el Gobierno contó con el apoyo de toda la Cámara, salvo el no de Vox y la abstención de Águeda Micó, la diputada de Compromís ahora en el Mixto.

Un saldo positivo para el Gobierno. 42 iniciativas legislativas aprobadas definitivamente en estos dos años de legislatura, sumando decretos leyes, proyectos y proposiciones de ley y también la reforma del reglamento de la Cámara baja. Un triunfo del 87,5%, celebraba en redes el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafa Simancas.

En público y en privado, el Ejecutivo prefiere concentrar sus críticas en el partido de Alberto Núñez Feijóo. Desde Montevideo, en la segunda parada de su gira por Latinoamérica, y junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, Sánchez acusó al PP de "estar votando en contra del interés general", no solo contra el Ejecutivo, al rechazar el decreto antiapagones. Los conservadores, dijo, hacen "todo menos política" e intentan que el Gobierno sufra un castigo parlamentario. "No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles". El presidente confirmó además que su Gabinete volverá a llevar el real decreto ley a la Cámara baja. "Y ya le adelanto", dijo al periodista que le preguntó en la rueda de prensa, "que será aprobado". En su equipo ya habían anticipado que el texto regresará de nuevo al Parlamento porque ya se barruntaba la derrota desde que Podemos anunció su no. En la Moncloa eran plenamente conscientes de que, si la norma quedaba en manos del PP, Feijóo no la salvaría, porque su prioridad era asestar un varapalo a los socialistas en una fecha simbólica, el último pleno del curso, precisamente para romper la imagen de estabilidad que se pretendía proyectar.

Sánchez no arrojó ni la más mínima sombra de duda sobre la continuidad de la legislatura. Los medios le inquirieron si, con la foto salida de la Cámara este martes, mantenía su propósito de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en el otoño y de aguantar hasta 2027. "Sobre Presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal", respondió.