La Audiencia Provincial de Madrid negó al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que imputara por malversación de fondos públicos a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Pese a ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado tanto a Gómez como a Álvarez para que declaren como presuntas autoras de este delito los días 11 y 10 de septiembre, respectivamente.

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El pasado 12 de junio, la Sección 23 de la Audiencia Provincial sostuvo que la actuación de Álvarez debía analizarse únicamente en relación con el presunto tráfico de influencias que atribuye tanto a ella como a Gómez, y no por malversación. En un escrito, los magistrados explicaron que "el funcionario destinado ilícitamente a cubrir necesidades privadas de su superior no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión".

Precisamente, por esta cuestión Peinado tomó declaración al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y posteriormente pidió al Tribunal Supremo que lo imputara por un delito de falso testimonio y otro de malversación. El juez consideraba que el ministro pudo malversar dinero público en la contratación de Álvarez en Moncloa -que se produjo tras la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno- cuando era secretario general de Presidencia y, por tanto, el responsable último de su contratación. El alto tribunal rechazó su petición.

Al margen de ello, la Audiencia recalcó que la colaboración de Álvarez puede ser relevante a la hora de acreditar un posible delito de tráfico de influencias, ya que contribuía a reforzar la posición de Gómez en el ámbito privado gracias a su cercanía a la Presidencia del Gobierno.

En su escrito, Peinado recoge un párrafo del escrito del tribunal madrileño que destaca la amistad previa entre ambas: "Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento".

Asimismo, para los jueces de la Sección 23, la contratación de Álvarez "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados [...] ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno".

También precisaron que la malversación sólo cabe plantearla si Álvarez hubiera cobrado un sueldo sin realizar ninguna de las funciones para las que fue contratada. En cualquier otro caso, su papel debía entenderse como un "elemento de la máxima trascendencia" para acreditar la influencia de Gómez, a quien describían moviéndose en un "limbo de poder no institucionalizado".

Cuatro líneas de investigación

En contra de esa interpretación, Peinado entiende que existen indicios suficientes para investigar a ambas por malversación. En su auto de este lunes, el instructor recoge el pronunciamiento de la Audiencia pero concluye que procede continuar con la investigación sobre si se desviaron recursos públicos en beneficio de actividades privadas de Gómez. Será la tercera ocasión en la que Gómez acuda a los juzgados de Plaza de Castilla como imputada. Lo hará el próximo 11 de septiembre a las 10:30 horas, un día después de que lo haga Álvarez, convocada a las 11:00.

En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigentes cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez.

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