El reto es doble para el proyecto magenta en este nuevo curso legislativo, que pese la insistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en agotar la legislatura, corre el riesgo de pegar carambolas políticas. Por la posibilidad de cese de respaldo de socios como Junts, la presión si no se sacan nuevos Presupuestos, la continuación de las investigaciones sobre los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno de Sánchez, pero también con los comicios de Castilla y León y Andalucía en 2026 como aliciente para optar por un superdomingo.

PUBLICIDAD

La marca creada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, —la coordinadora es Lara Hernández pero de facto la tutela de Díaz es clara— afronta por un lado ganar más reconocimiento dentro de su coalición de gobierno con el PSOE. Durante los dos primeros años de la legislatura, hubo momentos puntuales en los que los magentas ganaron influencia.

Primero, por el acercamiento de Díaz a Carles Puigdemont en Bruselas —apoyada por Jaume Asens— para precipitar la investidura. Tras estar el debate condicionado por la amnistía, el tema de la vivienda y de la conciliación laboral devolvió al primer plano a la confluencia. Tras golpes para su imagen pública, como fue la abrupta salida de Íñigo Errejón, su portavoz parlamentario y uno de los principales ideólogos de doctrina interna, Díaz volvió a escena con una nueva subida del SMI y con el reto de la reducción de jornada laboral. Estancadas las negociaciones durante estos últimos meses, el informe de la UCO contra Santos Cerdán devolvió al primer plano a Sumar, con la reclamación de un plan de regeneración democrática, de apuesta social y contra la corrupción a los socialistas.

Tras el verano, empiezan a definirse los primeros pasos para avanzar en ese plan ambicioso que requiere múltiples reformas en vivienda, para instaurar una Agencia contra la corrupción o para fortalecer al Estado frente a los corruptores. Muchas de ellas dependen, en todo caso, de una mayoría parlamentaria que no está asegurada. Sobre todo para los asuntos más sociales que responden al cumplimiento de lo pactado con el PSOE en 2023. De momento, se ha confirmado que María Jesús Montero estará al frente de la comisión que supervisará el acuerdo.

El cumplimiento de lo pactado en ese acuerdo pero también en el compromiso de Gobierno es crucial para Sumar, para defender su papel esencial durante esta legislatura. Desde el Ejecutivo se afirma que hasta la fecha hay un cumplimiento de casi la mitad de ese acuerdo, pero la balanza cae con mayor contundencia en lo propuesto por los socialistas. Cuestiones como la derogación de la ley mordaza, la ya bajada del precio de la vivienda o la reducción de jornada siguen pendientes. Esta última medida, fue la 'estrella' de Sumar durante la última campaña electoral, pero por ahora se le ha atragantado a la vicepresidenta segunda, implicada directamente desde Trabajo. Junts es el principal escollo y ganar la partida es clave de cara al futuro electoral de Sumar.

La reducción de jornada, el reto de septiembre

El fin de curso anterior, a finales de julio, fue de infarto para los magentas. El 22 de julio Sumar programó el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley para esa reducción de las 40 a las 37,5 horas de forma oficial —muchas empresas, generalmente las más grandes, ya lo tienen establecido por sus propios convenios—. Tras semanas encallados con los neoconvergentes, que demandaban borrón y cuenta nueva para la ley, que se retirara, los de Díaz se comprometían a que se debatieran esas enmiendas, incluida la presentada por Junts, para poner en un aprieto a la marca. Se consideraba que podrían echarse atrás para seguir negociando porque "mucha gente en Cataluña no entendería" su rechazo a la propuesta.

La insistencia de Junts en sus posiciones, y ante el riesgo de una nueva jornada crítica para el Gobierno, con varias cuestiones factibles de acabar en derrota, Sumar decidió no incluir en ese pleno el debate y aplazarlo para retomar las conversaciones a finales de verano. Se espera que la interlocución entre Díaz y Mìriam Nogueras se reactive pronto. Si bien hasta la fecha Junts no se conformaba con la oferta de Sumar para añadir ayudas a las pymes y a los autónomos para implementar esta reducción, según publicó recientemente ABC ahora los neoconvergentes podrían explorar una reconsideración si el acuerdo incluye a otros ministerios como Economía o Seguridad Social.

En concreto se pide atajar el absentismo laboral, señalado durante la negociación por parte de Junts, como una prioridad en lugar de la reducción en sí. También se pide flexibilidad horaria para las pymes y autónomos y un plan para mejorar la competitividad. En añadido, se exige una revisión a principios de 2026 de las incapacitaciones temporales, que han crecido este año un 10% y ha supuesto un sobrecoste de 5.000 millones de euros para la Seguridad Social.

El plano interno: la convivencia con los socios

Durante esta primera mitad de legislatura se han dado las bajas de Podemos y de la diputada de Més Compromís, Àgueda Micó. Son cinco escaños menos para los magentas que influye en la sostenibilidad de la legislatura, especialmente los de Podemos que marcan perfil contra el Ejecutivo. A nivel parlamentario, los meses venideros abren un riesgo principal para Sumar, que es seguir perdiendo diputados. Al menos hay dos en el aire. Aún queda pendiente que la Asamblea de Més per Mallorca decida si ordena a su único diputado dentro de la confluencia, Vicenç Vidal, abandonar el grupo parlamentario para ubicarse dentro del Grupo Mixto como hizo Micó.

¿El motivo? Al igual que la nacionalista valenciana, los mallorquines reclaman mayor independencia de decisión. Sobre todo, después de los escándalos por corrupción que rodean al PSOE. Se pidió salir a Sumar del Gobierno, pero se rechazó. Tanto valencianos como mallorquines, por sus experiencias regionales, son muy sensibles a las cuestiones de corrupción, de ahí la presión. La petición de voto autónomo o relación bilateral con el gobierno era otra exigencia de Compromís que llevó a tomar esa decisión partiendo en dos a la coalición valenciana.

A Vidal le puede seguir Jorge Pueyo, quien votó en contra del decreto anti apagones del Gobierno en ese mismo pleno extraordinario mencionado. Las razones, las mismas que sus compañeros. Lo decidirá la dirección de Chunta Aragonesista. A esas bajas voluntarias, de darse, podrían añadirse otras circunstanciales que podrían beneficiar a Podemos. De producirse alguna salida en las listas de Madrid o de Barcelona, por ejemplo, correría la lista en beneficio de los morados, que aumentarían su músculo. Pese a la marcha de Carlos Martín como co-coordinador de Sumar por motivos de salud, éste mantendrá su escaño para evitar que entre Isa Serra, coportavoz de Podemos, eurodiputada y líder por Madrid.

A esa resistencia para mantener el peso parlamentario, se une el planteamiento estratégico por el que optarán los de Díaz. El propósito es seguir reivindicándose como eje de unidad entre todas las fuerzas, pese a que otros socios como IU ya han arrancado el compromiso a los magentas de primarias, horizontalidad entre fuerzas y huir de los hiperliderazgos. Queda por despejar si Díaz está dispuesta a postularse de nuevo a la presidencia y a disputar unas primaras abiertas con un censo general entre todas las fuerzas. Hasta entonces, mantener de lado al mayor número de fuerzas aliadas es obligatorio.

Antes de nada, Sumar quiere despejar qué pasará con Podemos. Como publicó El Independiente, se optará al principio del curso por tender la mano a los morados pero si éstos siguen con la confrontación, se entrará de lleno a discutir programa y medidas. Los de Ione Belarra no están por la labor, acusan al socio minoritario del Gobierno y a sus partidos de ser cómplices del rearme y de continuar con las relaciones diplomáticas con Israel. También de no aplicar una legislación contundente en materia de vivienda.

La primera prueba de fuego será Andalucía. La izquierda quiere presionar para que Podemos no tenga alternativas y acabe asumiendo, si realmente quiere dar continuidad a las políticas sociales, y acabe adhiriéndose a la coalición en la que ya se trabaja en la comunidad. Se espera que lo que pase allí, si no hay adelantos, pueda ser extrapolable a todo el Estado, aunque no hay por ahora confianza a conseguir edificar una candidatura única para generales.

PUBLICIDAD