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La mayoría de asociaciones judiciales han rechazado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una entrevista en TVE dijo este lunes que "hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia" en referencia a los casos de supuesta corrupción que afectan a familiares suyos.
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha lamentado que "Pedro Sánchez no conoce el respeto al Poder Judicial que es básico en un Estado de derecho". Ha recordado que sus críticas al Poder Judicial "son evidentes desde hace mucho tiempo" y que "está gobernando con los votos de Junts fruto de un pacto en el que se habla de 'lawfare' (persecución judicial con fines políticos)".
La asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) manifiesta en un comunicado que "los jueces cumplen con la ley, trabajan con profesionalidad y en defensa de los derechos de los ciudadanos", y estima que "no es aceptable cuestionar la integridad de todo un poder del Estado". "El Estado de derecho se sustenta en el respeto a la independencia judicial", zanja la AJFV.
Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha indicado que quizá no le correspondía al presidente del Gobierno realizar esas manifestaciones pero ha advertido de que "se está tratando de instrumentalizar la justicia por motivos políticos". Rodríguez ha abundado en que "hay una judicialización de la actividad política que hace que los tribunales tengan que ser rigurosos para que no se instrumentalice el Poder Judicial en casos determinados".
Por último, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha calificado de "muy graves" las declaraciones de Pedro Sánchez que, a su juicio, recuerdan a "manifestaciones populistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra jueces que le molestan".
Para Portillo "es irresponsable lanzar ese mensaje deslegitimador de que hay jueces que no son independientes" y supone "una estratégica política dañina" cuando lo que a su juicio debió transmitir el presidente del Gobierno es "confianza en el Poder Judicial". "Hay que dejar a los jueces trabajar en paz, es el funcionamiento del Estado de derecho", ha concluido.
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hace 3 semanas
Los países de América Latina han visto cómo quienes ocuparon el cargo más alto en el gobierno han terminado en tribunales, en procesos penales o hasta en extradición:
Los casos más recientes se han suscitado en Bolivia, Brasil y Argentina; éste último, con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, quien desde el 18 de junio cumple una pena de seis años bajo prisión domiciliaria y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Evo Morales queda fuera de presidenciales en Bolivia; partido que lo postuló estaba inhabilitado.
En la numerosa lista figuran presidentes como los brasileños Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, los peruanos Pedro Castillo y Alberto Fujimori, el argentino Carlos Ménem o el venezolano Carlos Andrés Pérez.
Caso Odebrecht vs ex mandatarios peruanos
El país que destaca con un mayor número de ex presidentes juzgados y condenados es Perú, con casos como el de Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000 y fue extraditado por Chile en septiembre de 2007. Señalado como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, Fujimori fue encarcelado y condenado a una pena de seis años en 2007 y a otras tres en 2009, la mayor de ellas de 25 años.
Asimismo, por el caso de Odebrecht —la constructora brasileña que pagó sobornos a varios ex presidentes latinoamericanos—, Ollanta Humala y su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski, cayeron en manos de la justicia.
En abril pasado, un tribunal peruano condenó a 15 años de prisión a Humala y aplicó igual pena a su esposa Nadine Heredia. Además, el ex mandatario Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años de prisión en octubre de 2024.
El ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados por el caso Odebrecht. (Foto: AFP)
El ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados por el caso Odebrecht. (Foto: AFP)
Alan García, que presidió el país en dos ocasiones, se quitó la vida el 7 de abril de 2019 cuando iba a ser detenido en el marco del mismo caso.
Por otro lado, el proceso más reciente es el de Pedro Castillo, enjuiciado por su fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
El 7 de diciembre de dicho año, el entonces gobernante, anunció por televisión que pensaba disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto, en un mensaje que fue considerado golpista, tras lo cual fue destituido por el Congreso y detenido por la policía nacional.
Desde el inicio de este juicio, Castillo asegura que la Fiscalía no ha podido confirmar que haya cometido el delito de rebelión por el que pide que se le condene a 34 años de prisión.
Asimismo, ha asegurado que el proceso judicial que enfrenta ha afectado, principalmente, a sus padres y a su hija menor, y también le ha producido problemas de salud.
Pedro Castillo fue detenido tras su intento de disolver el Congreso. (Foto: EFE)
¿Quiénes son los condenados en Centroamérica?
Centroamérica es la región con más condenados. Presidentes de El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua se han sentado en el banquillo de los acusados.
Los presidentes de Guatemala juzgados y condenados son Alfonso Portillo, encarcelado en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, y Álvaro Colom, detenido y encarcelado en 2018 por su presunta relación con un caso de fraude y malversación; falleció en 2023 por problemas de salud.
De Guatemala también figura Otto Pérez Molina, condenado a 16 años de prisión en 2022 por asociación ilícita y fraude aduanero; quedó en libertad tras entregar dos inmuebles para pagar una fianza de 10.3 millones de quetzales en enero de 2024.
Otto Pérez Molina quedó en libertad tras entregar dos inmuebles. (Foto: AP)
De la presidencia a los tribunales también pasaron los salvadoreños Francisco Flores, trasladado a prisión en 2014 y posteriormente a arresto domiciliario, acusado de peculado y enriquecimiento ilícito; y Antonio Saca, enviado a prisión en enero de 2017 por su relación con un caso de peculado, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y malversación del presupuesto público.
El panameño Ricardo Martinelli, quien gobernó el país entre 2014 y 2019 fue condenado por su país a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en la compra de la Editora Panamá América S.A. con fondos ilegales, captando recursos de empresarios y de ejercer presión en varios contratistas del Estado para que aportaran a dicha adquisición, según las investigaciones.
La lista de ex presidentes centroamericanos la completan el hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos para cumplir una condena de 45 años por cargos de narcotráfico y armas, y Arnaldo Alemán, nicaragüense que en 2003 fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos.
¿Quiénes han enfrentado a la justicia en América del Sur?
De Ecuador, dos ex mandatarios han sido juzgados y condenados. Abdalá Bucaram y Rafael Correa. El primero, fue presidente entre 1996 y 1997, año en el que fue destituido por el Parlamento por incapacidad mental.
En 1998, fue procesado por corrupción, difamación y estafa al Estado y condenado a cuatro años de prisión por calumnias a dos políticos rivales.
Por su parte, Rafael Correa fue condenado en abril de 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación política por un delito de cohecho.
En Venezuela, Carlos Andrés Pérez ingresó a prisión en 1994 y fue condenado a 2 años y 4 meses por «malversación genérica».
De Brasil, Lula da Silva fue condenado a dos penas de 9 y 12 años por delitos de corrupción relacionados con la petrolera Petrobras en 2017 y 2019; sin embargo, fue absuelto en 2021 tras dos años en prisión.
El brasileño Lula da Silva fue absuelto en 2021. (Foto: AP)
Otro nombre destacado es el de Álvaro Uribe. En agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó su detención domiciliaria. Su juicio comenzó en febrero, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un caso que se remonta 13 años.
De Bolivia, destaca el caso de Jeanine Áñez; fue detenida en marzo de 2021, acusada de terrorismo con relación a los incidentes que en noviembre de 2019 terminaron con la salida de Evo Morales de la Presidencia; ingresó a una prisión en La Paz.
En octubre de 2024, también se dictó una orden de captura contra el ex mandatario Evo Morales, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.
Morales, que ya gobernó en tres mandatos, pretendía participar como candidato a la Presidencia de Bolivia en las elecciones del 17 de agosto. En mayo, el ente electoral informó que Evo quedó fuera al no poder inscribir su candidatura presidencial.
Finalmente, en Argentina, el ex presidente Carlos Ménem fue procesado en 2001 y sometido a arresto domiciliario durante 5 meses. En 2013, fue condenado a 7 años por contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
Y después de toda está retaula sacada de la prensa cabe preguntarse:
Estamos más cerca de Europa que de América Latina?
hace 3 semanas
Es que los jueces escuchan o atienden a este OKUPA??