Luis Sanz es portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Es una de las voces que más críticas se han mostrado durante los últimos meses con la ‘Ley Bolaños’ o con el atrincheramiento de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado. También con la falta de medios de los juzgados y el progresivo deterioro de la justicia española.

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En esta entrevista, ofrece sus impresiones con respecto a estos asuntos, a pocas horas de la inauguración oficial del nuevo curso judicial, que se celebrará con la más intensa mar de fondo de los últimos años.

Pregunta: Afirmó el presidente del Gobierno el lunes que hay jueces que se dedican a hacer política y que condicionan a eso sus decisiones...

Respuesta: Las manifestaciones las realizó en relación con los dos instructores de los casos de su mujer y de su hermano. A mí me parece una intolerable intromisión en la función judicial que pretende minar el ánimo de los jueces que trabajan en esos asuntos, así como deslegitimar la justicia frente a la ciudadanía, algo inimaginable en otro país europeo. Es un poco preocupante que el Consejo General del Poder Judicial asista con un silencio enorme ante estas manifestaciones, que son un ataque significativo.

P: ¿Puede un presidente del Gobierno pronunciarse sobre actuaciones judiciales?

R: Evidentemente, hay libertad de expresión para discrepar de las resoluciones judiciales, pero una cosa es eso y otra es atacar a la propia función judicial. La forma en la que deben dirimirse esas discrepancias es mediante la articulación de los recursos contra las decisiones judiciales que se consideran incorrectas. Pero difamar o lanzar la acusación velada de que los jueces prevarican es cruzar una línea roja muy relevante. 

P: Los aludidos -Begoña Gómez y David Sánchez- recurrieron…

R: Y las respectivas audiencias provinciales confirmaron, en esencia, la actuación de los jueces instructores.

Difamar o lanzar la acusación velada de que los jueces prevarican es cruzar una línea roja muy relevante.

P: En España, se ha pasado de un extremo al otro. Antes, los portavoces políticos no comentaban las decisiones judiciales y, ahora, arrojan dudas sobre los jueces e incluso se les sitúa en conspiraciones de “lobbies oscuros”...

R: Es muy grave esa atribución porque esconde una velada imputación de prevaricación, que es el delito más grave que puede cometer un juez. Eso es muy grave en cualquier ciudadano, pero mucho más en el presidente del Gobierno.

P: Leía este miércoles que las asociaciones judiciales planean algún tipo de protestas contra el fiscal general del Estado en la apertura del curso judicial…

R: No conozco más que lo que se ha publicado. Simplemente, puedo decir que es una anomalía que el fiscal general del Estado se mantenga como tal y no haya dimitido cuando tiene una imputación que conducirá seguramente a la celebración de un juicio. Esa circunstancia va a provocar muchas distorsiones y anomalías.

P: Desconocidas hasta el momento quizás…

R: La más singular de ellas es que, en el juicio, la posición del fiscal la ostentaría un inferior jerárquico del fiscal general del Estado. Su dimisión habría evitado esto, así como una circunstancia realmente enojosa, como es que sea él quien hable el viernes en representación de la Fiscalía ante personas que probablemente van a formar parte del tribunal que le juzgue.

P: Sugiere que esto empaña la imagen de la institución...

R: Es que, mira, cuando esto afecta a cualquier fiscal, inmediatamente es suspendido, pero en este caso no se contempla porque nunca se pensó que se podría plantear una situación de este tipo.

P: ¿Cómo explicar al ciudadano lo perniciosa que es la politización de la Fiscalía o del CGPJ?

R: La existencia de un juez independiente y de un fiscal autónomo es esencial para el correcto funcionamiento de la justicia. Quien tiene afán de politizarla, intenta siempre condicionar los nombramientos de los altos cargos de la judicatura, como, por ejemplo, del CGPJ, que es el que designa a todos los magistrados del Tribunal Supremo, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia y a los presidentes de las audiencias provinciales.

P: Vocales 'políticos', ¿decisiones políticas?

R: Es que esa designación puede plantear dudas, desde el punto de vista de la apariencia de imparcialidad, cuando estas personas tienen que ejercer su función judicial en causas que afectan a aquellos que nombran a los vocales que nombran a esos jueces. Pensemos, por ejemplo, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

P: Ley Bolaños, ¿cuál es el calendario que nos espera?

R: Si va a salir adelante o no, depende del apoyo que consiga el proyecto de ley. Hasta ahora, Junts se ha mostrado en contra y además ha presentado algunas enmiendas durante su tramitación parlamentaria. Pero es importante destacar que esta norma pretende modificar el sistema de acceso a la carrera judicial, obviando los criterios de mérito en los que se basa el actual y pretendiendo introducir otros más subjetivos, amén de ideas tan sorprendentes como la de residenciar la preparación de los opositores en el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia. Todo esto tiene una finalidad: es el control político de la base de la carrera judicial.

P: Habla usted de una forma de entrismo…

R: Es que los jueces en la actualidad debe su carrera a su esfuerzo para aprobar una oposición y a la forma en la que ejerzan su función. Eso permite tener jueces profesionales, independientes, formatos y no condicionados a una decisión política. ¿Qué ocurre ahora? Que eso peligra con este proyecto de ley. Tanto por la función que asigna al Centro de Estudios Jurídicos como por la pretensión de introducir a 1.000 jueces sustitutos en la carrera judicial por una exigencia europea que no existe. Esto, al final, podría redundar en la existencia de jueces más dependientes.

P: El proyecto pretende otorgar también la instrucción a la Fiscalía…

R: Esta reforma es muy preocupante. Es verdad que en otros países europeos se ha atribuido la competencia para instruir los asuntos penales a los fiscales, por tanto, nada impediría hacerlo aquí. Pero claro, eso no casa con la particular estructura de la Fiscalía General del Estado, que es hoy más dependiente que nunca del Gobierno y que tiene un mando jerárquico sobre todos los fiscales de España. Si esto se aprueba, desaparecerá la figura del juez de Instrucción, que ofrece unas garantías de independencia y solvencia absolutas; y se sustituirá por un fiscal instructor, dependiente de la FGE. El efecto de esto puede ser, sin duda, que queden afectadas las investigaciones judiciales sobre los gobiernos actuales y futuros. Pero además, el Gobierno podría utilizar a la Fiscalía para abrir causas sobre partidos de la oposición. 

Si se aprueba la Ley Bolaños, el Gobierno podría utilizar a la Fiscalía para abrir causas sobre partidos de la oposición"

P: Parece que se ha aparcado el debate sobre los recursos económicos y humanos que recibe la Justicia. ¿Cuáles cree que son las principales urgencias?

R: Conviene señalar, en principio, que la competencia de los medios personales -jueces y magistrados- es del Gobierno, como también la competencia para proveer la de medios materiales. Los medios son esenciales para el desarrollo de esta función y España sólo tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea, que es de 22. Eso provoca un claro deterioro de la Administración de justicia que se concreta en profundos retrasos. Cada año se incrementa el retraso de los tribunales, pese a que aumenta la laboriosidad. En las grandes ciudades, los señalamientos de juicios y vista se dilatan hasta extremos enormes; y cabe señalar que la justicia tardía es menos justicia. 

P: Situación compleja…

R: A pesar de eso, los últimos gobiernos no han convocado las suficientes plazas de oposiciones de jueces ni crean los órganos judiciales que se han venido demandando, de siempre. Hay otros problemas en los medios materiales, como la utilización de varios sistemas informáticos distintos que plantean problemas de conexión. Hay varios asuntos que se deben resolver.

P: Otra de las claves del nuevo año judicial tendrá que ver con la renovación en el Tribunal Constitucional. ¿Es optimista?

R: El Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial, pero tiene una enorme trascendencia. En los últimos años, se ha producido un deterioro muy notable con respecto a la capacidad y a la independencia de los magistrados. Hay y ha habido miembros que han sido incluso ministros, lo que plantea muchos problemas. Este tribunal está actuando de una forma, además, muy perniciosa, dado que, a través del recurso de amparo, revisar las decisiones del Tribunal Supremo. Eso se concreta, por ejemplo, en la anulación de procesos de corrupción política tan graves como el de los EREs de Andalucía. Esta degradación se ha podido apreciar también en algunos momentos, en los que algunos políticos han avanzado decisiones del Constitucional antes de que se hicieran públicas. En fin, necesitamos una reforma de este tribunal, dado que es una pieza esencial dentro de nuestro sistema.

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