"Estamos negociando". Lo demás es un silencio prudente entre el grupo parlamentario de Sumar y el círculo más íntimo de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo afronta una semana crítica para evitar que su propuesta estrella de la legislatura, el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, naufrague por el rechazo de Junts. Ninguna de las partes detallan si habrá reuniones formales o se limitarán a coger el teléfono en los seis días que quedan hasta que el miércoles la iniciativa llegue al pleno del Congreso para someterse a examen. Lo que sí aseguran fuentes próximas a Díaz es que no se contempla elevar la negociación directamente con Carles Puigdemont.

Sin descartar si ha habido o habrá interlocución con el presidente de los neoconvergentes, fuentes de Sumar sí afirman que no se contempla por ahora elevar el rango de la negociación con un encuentro entre la vicepresidenta y Puigdemont en los próximos días después del encuentro mantenido con el president de la Generalitat, Salvador Illa, este martes. En Sumar no quieren 'quemar' esa bala, todo pese a que Díaz afirmó el lunes durante una entrevista que está "dispuesta a reunirse con todo el mundo" salvo Vox. "No hay fecha, soy transparente. Si lo hago, lo diré como he hecho siempre".

Solo hay un precedente: la cita que hace justamente un año, el 4 de septiembre, transcurrió en el Parlamento Europeo entre ambos para sacar el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez, a iniciativa propia de Díaz y con el ahora diputado Jaume Asens, de Catalunya en Comú, como enlace con el dirigente independentista. Dentro de Sumar se confía en que la visita de Illa, de "normalidad institucional", haya servido para ablandar a Puigdemont y facilitar la negociación de Presupuestos Generales del Estado y de esta legislación laboral. Se desconoce los temas tratados de una reunión sin agenda entre ambos líderes catalanes, pero se traslada que desde Sumar se ha pedido que se tenga en cuenta.

Hasta la fecha, se han producido varias citas entre el equipo de Díaz y el de la portavoz de Junts en el Congreso, Mìriam Nogueras. La última el 26 de junio. En paralelo, desde los comunes en Cataluña se ha dialogado puntualmente con el secretario general de Junts, Jordi Turull. Consta al menos una conversación en mayo. Pero ni por un lado ni por el otro ha habido avances para atraer a Junts. Tampoco ha servido el diálogo con la asociación de pymes catalana Pimec, dispuesta a hablar de cambios legales y muy próxima a Puigdemont. Las consideraciones de Junts vienen reiterándose, alentada en ese rechazo por Foment del Treball: contemplan que la norma está mal hecha, que no atiende a la realidad de los autónomos y las pymes, y que perjudicará su actividad.

Desde esa última sesión no ha habido acercamientos, al menos que se hayan hecho públicos. Pero a finales de agosto, ABC advirtió de que los neoconvergentes se abrían a negociar si se abría el asunto al ministerio de Economía y al de Seguridad Social. Para afrontar cuestiones que preocupan a los de Puigdemont, como el absentismo laboral o la incapacidad temporal, que ha supuesto un sobrecoste extra de 5.000 millones de euros en el primer trimestre del año. Nadie lo ha desmentido. Además, eran ya apreciaciones que fuentes de Junts hacían antes de la pausa veraniega. De haber un resquicio de oportunidad para negociar sobre esas reclamaciones, otros socios del Gobierno como ERC alertan: el resultado será una medida diluida.

Lo máximo a lo que se abrían desde Sumar era a ofrecer ayudas directas a las pymes para afrontar los cambios progresivamente, pero Junts lo vio insuficiente. Ese estancamiento llevó a los magentas a no incluir en el pleno extraordinario del 22 de julio el asunto, pese a amenazar con llevarlo sin apoyos para retratar a Junts, pero también al PP, frente a más de 12 millones de trabajadores que se beneficiarían, dijeron entonces fuentes de Sumar. Incluso se contemplaba emprender una reforma alternativa y temporal, como incluir el endurecimiento del registro horario vía decreto ley para forzar luego una votación parlamentaria. Este es uno de los tres pilares de la reforma, junto a la reducción horaria y el derecho a la desconexión digital. Es la más relevante para Sumar.

La vicepresidenta segunda asegura que llevará el texto al Congreso las veces que haga falta. La duda es si el PSOE volverá a arriesgarse a nuevos fracasos si no hay acuerdos previos

La idea del socio minoritario del Gobierno era la de retomar las conversaciones progresivamente sin presión sobre el calendario. Sin embargo, el nuevo ciclo de sesiones da mayoría en la Junta de Portavoces —que entre sus funciones tiene la de organizar el calendario— a PP, Vox y UPN, que sustituye a Podemos como representante del Grupo Mixto. Los tres partidos forzaron —con un error de PSOE y Sumar de por medio— que la votación de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los populares, los ultraconservadores y los neoconvergentes se sometan a votación el miércoles. De salir adelante uno de los tres, caerá la norma. De arrancar un compromiso a Junts para, al menos seguir negociando durante la tramitación, los de Nogueras deberán o retirar la suya y votar contra las demás, o rechazar todas.

Díaz gastará todos los cartuchos a su alcance

Pese a esa intención de negociar, el pesimismo empieza a apoderarse de algunas esferas de la izquierda. Desde Sumar se lamenta la falta de tiempo para aterrizar en el nuevo curso y las prisas de la derecha. Tanto entre los sindicatos como en Trabajo empieza a contemplarse la posibilidad de que haya que volver a iniciar el trámite. De tener que ser así, habrá que ver la posición del PSOE —si opina que puede haber otra derrota si se propone el mismo texto—, que mantiene un perfil discreto con una ley que en enero le supuso confrontación con su socio. Enfrentó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con Díaz.

Ante la inmediatez de la votación y el riesgo de que decaiga, en Sumar están dispuestos a recuperar esa estrategia de presión y tensión pública para buscar una marcha atrás por parte del PP o la reconsideración de Junts. Dentro del grupo parlamentario, fuentes magentas aseguran que no tienen nada que perder y que hay que agotar todas las vías posibles, pero creen que al menos todos los partidos deberían abrirse a un debate sosegado en comisión antes de cerrarse en banda al asunto. Tampoco se descarta que vaya a haber una nueva ronda de llamadas a la patronal española y catalana para intentar influir sobre la bocina.

Después de conocerse que Sumar afronta una contrarreloj, este miércoles Díaz, durante la participación en un encuentro con organizaciones ecologistas e ingenieros forestales en el Ministerio de Trabajo, afirmó que está dispuesta a recuperar el texto las veces que haga falta. "No se preocupen. Con lo que pase, lo volveremos a llevar. Mi paciencia es casi infinita", aseguró Díaz ante los medios preguntada por esta votación y los riesgos. En esa línea estratégica, cargó contra el PP y Vox, todo sin citar a Junts: "Esta norma está demostrando que tenemos una oposición que es muy mala para el país".

El Gobierno no está fallando. Es la oposición la que está dañando a los trabajadores

Se quitó presión de encima al indicar que "no es el Gobierno el que está fallando". "Lo es la oposición, que está dañando a los trabajadores", volvió a aludir al PP. Una forma de reconocer, con todo, que no hay, por ahora, visos de que la medida salga adelante. De hecho, desde Junts reconocen que, a día de hoy, su enmienda sigue planteada.

Díaz, que a última hora de la tarde de este miércoles fue entrevistada en Cadena SER, donde reiteró esos compromisos y cuestionó a la oposición, se aferra a lo sucedido en febrero de 2022 en el Congreso. Entonces se votó la reforma laboral, sin garantías, pero un error por parte de un diputado del PP salvó la normativa hoy vigente. Frente a su propuesta, en todo caso, se erige una mayoría alternativa que trae de cabeza al Gobierno sobre todo en materia económica. PP, Vox y Junts ya han arrancado algunas victorias, como en la reforma fiscal diluida del año pasado, haciendo valer 177 escaños.

A esta primera prueba de fuego le puede seguir la votación de los permisos parentales y de cuidados vía real decreto, una de las exigencias al PSOE ya aprobadas a finales de julio en Consejo de Ministros y que tiene que ser convalidado en el Parlamento. Clave vuelven a ser Junts, pero también Podemos, que criticó este martes la medida calificándola de "maquillaje". Si uno de los dos socios se niega, algo difícil, podría decaer.