Si hay Presupuestos Generales del Estado, bien. Y si no, no pasa nada. Cierto, es brochazo gordo, pero es a grandes rasgos la síntesis de lo que le trasladó Pedro Sánchez a Pepa Bueno el pasado lunes en el Telediario 2. Esa reflexión tenía sin embargo su miga, porque era un doble mensaje a los socios (y, de paso, a los ciudadanos). Por un lado, porque no habrá incentivos para la negociación ya que no estaría en juego la continuidad de la legislatura. Por otro, porque la Moncloa arriesgará lo justo y se plantará —eso asegura— si se le ponen condiciones inasumibles. Porque la idea central es que, ocurra lo que ocurra, el presidente no adelantará las generales.
Sánchez optó por abrir curso político en la tele, frente a una Bueno de vuelta a TVE. No avanzó nuevos proyectos, ni aprovechó para lanzar grandes anuncios. La entrevista en sí misma, la primera en un año en un medio de comunicación español, era la noticia, la primera vez que se enfrentaba a un toma y daca con un periodista, fuera de las múltiples escapatorias que permite una rueda de prensa convencional, con un puñado (corto) de turnos de preguntas. El presidente, sin embargo, sí dejó dos mensajes destacados. Uno, su crítica a una "minoría" de jueces —los hay "haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia"— y dos, su confirmación de que, esta vez sí, llevará su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Congreso, cosa que no había hecho en los dos ejercicios anteriores, los de 2024 y 2025. El 28 de julio, en su comparecencia de balance del curso, anticipó que presentaría las cuentas públicas de 2026, pero no bajó al detalle. No aclaró si las registraría en la Cámara aun sin los apoyos necesarios, exponiéndose por tanto a una derrota. El pasado lunes, en cambio, sí disipó las dudas, y con mayor nitidez aún lo explicó apenas unas horas más tarde la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Si el proyecto es tumbado por el Congreso, "seguiremos con los Presupuestos que tenemos", alegó Sánchez ante Bueno. La diferencia con 2018 es que el Gobierno sí tiene PGE propios y fondos europeos, justificó él mismo tras enfrentarse a su hemeroteca
"Por supuesto que a las Cortes Generales les voy a ofrecer ese acuerdo de unos nuevos Presupuestos Generales, pero también les digo [a los socios] que si la Cámara los tumba o considera que no son apropiados, eso no significa, uno, que el Gobierno no vaya a seguir manteniendo su hoja de ruta, que lo va a hacer, y dos, que podamos sacar políticas de esos Presupuestos Generales del Estado, que estas sí gocen de una mayoría parlamentaria", sostuvo. De manera más directa, si el proyecto es rechazado por el Congreso, "seguiremos con los Presupuestos que tenemos". Es decir, que Sánchez no adelantará las generales aunque sufra un golpe parlamentario de enorme envergadura.
El contraste con sus palabras de 2018, cuando como líder de la oposición apremiaba a Mariano Rajoy a abrir las urnas si no lograba sacar unas nuevas cuentas públicas, era evidente, y se lo recordó Bueno. Sánchez respondió que el entonces presidente al final sí aprobó sus PGE —aunque una semana más tarde la moción de censura que prosperó le barrió de la Moncloa—, y que él sí anticipó las generales en 2019 al tumbarle los independentistas su propio proyecto. La diferencia, adujo, es que hoy el Gobierno de coalición sí cuenta con unos Presupuestos propios (los vigentes, los de 2023, aprobados en la pasada legislatura) que le permiten hacer frente a su "agenda social" y vehicular "todos los fondos europeos" de que España disfruta hasta 2026.
La respuesta que Sánchez dio a Bueno no era casual. Parte de una reflexión destilada en la Moncloa. "La idea de fondo es que el PP ha conseguido, con gran habilidad, crear una regla no escrita en ningún sitio en democracia: que la legitimidad del Gobierno emana de su capacidad para aprobar unos Presupuestos. Es cierto que eso ha ocurrido así casi siempre, pero también hay que recordar que España ha tenido casi siempre gobiernos en mayoría. Pero el ordenamiento jurídico jurídico es claro: la legitimidad del Gobierno emana de su mayoría parlamentaria —razonan en el núcleo duro del presidente—. La legitimidad del Gobierno, por tanto, no está determinada por su capacidad para aprobar unos Presupuestos. Nosotros ganamos nueve de cada 10 votaciones en el Congreso, y la oposición tiene la moción de censura como mecanismo para intentar derribarnos. Los Presupuestos, por tanto, son un instrumento importante, pero no esencial. Ese es el mensaje. El objetivo es que la gente lo entienda".
La Moncloa aduce que tenía que desmontar el marco del PP de que la legitimidad del Gobierno emana de unos nuevos PGE: "Emana de su mayoría parlamentaria. Los Presupuestos son un instrumento importante, pero no esencial"
Sánchez, igual que Montero el martes, incidió en que los PGE son un mero "instrumento", "no un fin en sí mismo", porque el fin es "crecer, crear empleo, reducir la desigualdad", desplegar la agenda de "transformaciones económicas" que está acometiendo el Gobierno, posibilitar la gestión de los fondos europeos.
"Las dos caras de la moneda"
En el fondo, lo que estaba haciendo el presidente, de manera consciente, era rebajar el valor de los Presupuestos. Porque si la legislatura no acaba y se adelantan las generales en caso de que sean tumbados —la alternativa a día de hoy más probable—, entonces es indiferente que salgan o no aprobados. Es decir, los incentivos que tienen los socios para subir el precio se diluyen, y también se reducen los alicientes, los estímulos, para que echen una mano al Gobierno. Y, al tiempo, si conseguir que prosperen los PGE no es un juego a vida o muerte para el Ejecutivo, tampoco se ve obligado a aceptar todas las demandas de sus aliados parlamentarios. "Son esas las dos caras de la moneda", reconocen en la Moncloa. "Y eso, en el fondo, nos da libertad —añaden las mismas fuentes—. Si afrontas los Presupuestos con la premisa de que se acaba el mundo si no salen, entonces los meses de negociación son un infierno, aunque los apruebes. Lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a intentar aprobarlos, pero si sale mal, no pasa nada. Es verdad que hemos perdido un arma de negociación, porque los socios no tienen incentivos para apoyarnos, pero a cambio ganamos en libertad. No nos podemos dejar chantajear por una presión insoportable, la de que hay que ir a elecciones si no hay nuevos Presupuestos. Presupuestos los hay, los de 2023, y podemos tirar con ellos".
El Ejecutivo no pretende quemarse más de la cuenta en la negociación de las cuentas, primero porque sabe de la dificultad de cuadrarlas y de complacer a todos y también porque Montero, candidata en Andalucía, "no se puede permitir ya ciertas cosas"
El Gobierno, por tanto, está deslizando la idea de que no pretende quemarse más de la cuenta en la negociación de las cuentas públicas de 2026. Primero, porque es consciente de la dificultad de cuadrarlas y de satisfacer a todos sus socios. Y dos, porque quien estará al frente de las conversaciones, la vicepresidenta Montero, "no se puede permitir ya ciertas cosas", con las elecciones andaluzas a la vista, en las que ella será la candidata socialista.
"Que el precio que pongan los socios baja porque no entramos a la negociación diciendo que los tenemos que sacar sí o sí... es cierto. Pero también es secundaria esa lectura, porque nuestro propósito es devolver la objetividad al debate público", continúan exponiendo en el equipo del presidente, "porque no puede ser que el PP decida qué es democrático y qué no. Nosotros podíamos entrar con lo mismo en las comunidades del PP que tampoco tienen nuevos Presupuestos, y no lo hacemos". ¿Es posible una legislatura de cuatro años sin unas solas cuentas públicas nuevas? "Sí, perfectamente", responden con rotundidad en la Moncloa. "Las legislaturas son de cuatro años, y se interrumpen si el presidente disuelve las Cortes o si pierde la mayoría parlamentaria —remachan—. Eso es lo que dice la Constitución. Las normas son las que son. ¿Hay que convocar cuando al PP le venga bien?".
En el círculo del presidente insisten en que la voluntad era "devolver la objetividad al debate público", porque también hay varias CCAA sin cuentas este año. Y aseguran que se puede culminar la legislatura sin PGE
En el entorno de Sánchez admiten que se ha producido un cambio de opinión respecto a lo que el líder socialista afirmó antes de llegar al Ejecutivo: "Pero aquella frase era verdad, tanto como que convocó elecciones en 2019 porque le tumbaron su primer proyecto de Presupuestos. Él cumplió. Pero es que ahora tiene unas cuentas que sí son suyas y que le valen, porque tiene más dinero [procedente de los fondos Next Generation] y porque la coyuntura económica no ha cambiado".
Los dos únicos precedentes: 1995 y 2019
¿Hay postureo? Podemos, por ejemplo, cree que sí. En la Moncloa lo niegan tajantemente: pase lo que pase, no se adelantarán las generales. Es decir, que no es una añagaza para encaminar al país a unas elecciones en caso de que el Congreso tumbe el proyecto y así el presidente pueda esgrimirlo como una suerte de programa electoral. "Si las presentamos este año, y no lo hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, es porque en los años previos nos daba la sensación de que los socios estaban en posiciones maximalistas que hacían imposible una negociación razonable. Ahora", indican en el primer círculo de confianza de Sánchez, "parece que están algo más constructivos. Así que entramos a la negociación. Si piden cosas razonables, estamos dispuestos. Pero si no es así, pues nada".
En el equipo de Sánchez niegan que haya postureo: si no hay PGE, no habrá adelanto electoral. Y si se presenta el proyecto ahora es porque se percibe a los socios "algo más constructivos que antes"
Lo cierto es que normalizar un varapalo en una votación de PGE es una novedad. Porque cuando en 1995 o en 2019 los gobiernos de Felipe González y Pedro Sánchez vieron tumbadas sus cuentas la convocatoria de elecciones fue insoslayable. Porque una cosa es no presentar el proyecto y no someterlo a votación y otra muy distinta llevarlo al Congreso y que sea derrotado. La imagen en absoluto es la misma. De ahí que quepa la duda de hasta qué punto el compromiso del líder socialista se materializará hasta el final, porque en esta misma legislatura también había anticipado que presentaría las cuentas de 2024 y 2025, aunque nunca de manera tan solemne como hasta ahora. Con la aclaración, incluso, de que el texto aterrizará en la Cámara baja "con o sin esos apoyos" parlamentarios, según especificó Montero. Ella misma no era partidaria hasta ahora de registrar el proyecto sin tener asegurada su viabilidad.
Ahora, nadie se llama a engaño. Las dificultades son obvias. En la Moncloa reconocen que todos los socios están "duros". Pero el obstáculo mayor es "encontrar el equilibrio", porque es un sudoku casi inviable complacer a izquierda y derecha. "Convencer a Junts por separado podría no ser imposible, o Podemos por separado. Lo difícil es satisfacer a ambos a la vez. Lo vimos con la reforma fiscal", con la que el Gobierno sufrió lo indecible, aunque logró sacarla adelante. Fue justo hace algo menos de un año.
La mayor dificultad será "encontrar un equilibrio", porque el Ejecutivo ha de intentar contentar a formaciones de izquierda y derecha, y ya costó mucho para la reforma fiscal, hace casi un año
"Además", continúan en el Gabinete de Sánchez, "hace dos años no estaba tan consolidado el marco creado por el PP de que sin Presupuestos has de ir a elecciones. Es que todo depende mucho del contexto y del momento político del país y del momento que atraviese el Gobierno. Tenemos fondos europeos y margen fiscal. En realidad, no los necesitamos".
La pista de la senda de estabilidad
Montero pretende llevar al Congreso este mes de septiembre la senda de estabilidad, el primer paso para la elaboración de los PGE. Es la única fecha tentativa que Hacienda se ha permitido dar. Por ahora, aseguran desde el entorno del jefe del Ejecutivo, no hay un cronograma perfilado. Lo único que está más claro es que el Gobierno se dejará "la piel" para intentar sacar adelante las que serían las primeras cuentas públicas de la legislatura, en palabras de la vicepresidenta primera. "Las primeras reuniones con los grupos serán muy discretas y luego, si nos piden escenificar, pues habrá foto. Pero la principal escenificación es la de llevar los PGE al Congreso", señala un cargo de la total confianza de Sánchez.
Montero promete dejarse "la piel" en la negociación parlamentaria. Pero a la cúpula parlamentaria le ha dado mala espina, por ejemplo, que Junts se alineara con PP y Vox en la Diputación Permanente de agosto
En el Grupo Socialista también aprecian los obstáculos. "Está bien que se intente, pero el panorama es muy difícil —indican desde la cúpula parlamentaria—. No nos gustaron nada las votaciones de Junts en la Diputación Permanente de la semana pasada. Votó la mayoría de los puntos con PP y Vox, algo que sorprende, la verdad. ¿Le das juego a quien quiere verte en la cárcel y hasta ilegalizar tu partido?". La dirección del partido en la Cámara baja aconseja "paciencia, que queda mucho". "Veremos cómo avanza todo. La votación de la senda de déficit nos dirá cómo va el asunto. Pero en esta legislatura cada año, cada mes, cada semana cambian las cosas". Un dirigente muy conectado con el jefe del Ejecutivo también aplaude que se "exploren" todas las posibilidades, que se haga el "esfuerzo" de elaborar los PGE, pero cree que "no habrá votación sin acuerdo" con los grupos, precisamente por la carga simbólica de una derrota parlamentaria de esta dimensión. "Es probable" que el Gobierno retirara el texto antes de digerir un golpe tan profundo, vaticina.
Se trata, en verdad, de dibujar castillos en el aire. Lo expresa con franqueza un mando de Ferraz: "No sabemos lo que pasará en el pleno de la semana que viene, en el que se votará la reducción de la jornada laboral, como para ponernos en lo que pueda ocurrir a seis meses vista". La incertidumbre es la eterna compañera de una legislatura áspera y cruda para Sánchez.
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