Una de las iniciativas más relevantes para Sumar en materia anticorrupción y de regeneración democrática llegó al Congreso este martes para iniciar su tramitación parlamentaria. No obstante, fue rechazada por la mayoría de PP, Vox y Junts a la primera de cambio y decayó. Todo pese a que los magentas se abrían a debatir modificaciones vía enmiendas con todos los grupos parlamentarios al ser una propuesta "técnica" en la lucha contra la corrupción. "No entenderíamos que ninguno no la apoyase. Sobre todo el PP, que pide atender a las exigencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)", advertían horas antes de la votación en Sumar.

Se trata de la Oficina de prevención de la corrupción, con la que los magentas buscan incentivar los controles y la prevención ante este tipo de delitos en la política y en la administración pública. Sumar registró esta proposición de ley a finales de marzo de 2024 después de estallar el caso Koldo, y tras el escándalo por presunta corrupción de Santos Cerdán, ligada a esa trama, la recuperó al cierre del ciclo de sesiones. De hecho, fue una de las reivindicaciones hechas al PSOE en el pacto de regeneración democrática y de impulso social de la legislatura. Está contemplada su puesta en marcha de forma posterior.

Sin embargo, el varapalo a la primera de cambio —una semana después de caer también por el voto negativo de Junts la reducción de la jornada laboral—, impide abrir una alternativa parlamentaria frente a la negociación de todas las medidas en el seno del Gobierno, que por ahora, está paralizada. Y nuevamente por diferencias con Junts. Fuentes de Sumar dentro del Ejecutivo aseguran que desde la conformación de la comisión interministerial para abordar el asunto, no ha habido avances. Desde el ala socialista del Gobierno, ante la misma consulta, se guarda silencio.

En julio, antes de la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los acontecimientos de Cerdán y las dudas de una posible financiación irregular del PSOE, socialistas y magentas avanzaron un acuerdo de más de una veintena de medidas, entre los que se incluye esa oficina y actuaciones contra las empresas que favorezcan esa corrupción o mayores condenas, más plazos de inhabilitación o la obligatoriedad de devolver lo robado. A finales de agosto, al inicio del nuevo curso, se creó una comisión interministerial para coordinar la puesta en marcha de ese pacto y se designó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No se habría dado ningún paso más.

No se especifican motivos concretos, pero el inicio del curso empezó muy convulso por la crisis de los incendios, el choque de competencias con el PP y sus regiones afectadas, así con las negociaciones económicas con el independentismo. Es el caso de la quita de la deuda, cuyo proyecto de ley debe pasar por el Congreso. También con la financiación singular de Cataluña en el tintero. Pero una de las principales explicaciones que podría argumentar ese parón en el seno del Gobierno para empezar a trabajar en la aplicación de las medidas planteadas sería el compromiso del Ejecutivo con presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ayudarían en su caso a la aplicación de muchas de ellas.

El compromiso de Montero, titular de la comisión, con esas nuevas cuentas y la dificultad que supone poner de acuerdo a un bloque asimétrico, sobre todo por los intereses de Junts y de Podemos, explicarían en parte la paralización de ese compromiso de regeneración. Las complicaciones con ambas fuerzas, como se ha visto demostrado esta última semana en el caso de los neoconvergentes, no auguran un buen ciclo de sesiones para el Gobierno. Que en la segunda jornada de sesiones, el miércoles pasado, experimentó esa gran derrota en materia laboral.

Desde el Grupo Plurinacional Sumar afirmaban que dar recorrido a la proposición de ley permitía reabrir el debate parlamentario frente a la corrupción e incitar al Gobierno a ponerse a trabajar en el marco adquirido hace dos meses para esa regeneración e implementación del mandato en los próximos dos años. Este golpe dificulta, por ahora, poder ahondar en esa senda. La intención del Gobierno es ponerse a trabajar lo antes posible. Este asunto generó una gran tensión entre los socios de Gobierno. Sumar apostó a estas medidas la viabilidad de la legislatura incluso.

Pese al voto favorable, desde el PSOE se reconocía que la propuesta de Sumar era "algo diferente" a la que ellos quieren consolidar. Y aunque ello no supone un problema, sí que lamentaban que con esta votación fuera del ámbito del trabajo del Gobierno —saben que no dependía de ellos, que Sumar tenía cupo para meterla para el debate— se vuelve a poner el foco en la corrupción" beneficiando con ello discursos como el del PP y Vox. Sobre todo, en un momento favorable, cuando las acciones contra Israel y en defensa de Gaza están sobre el tablero. Desde el PP se les reprocha por un "uso partidista" mientras mantienen una posición indefinida para no entrar en el marco "genocidio sí o no".

Precisamente, al margen de la Oficina Anticorrupción, magentas y socialistas tuvieron sus roces este martes tras el Consejo de Ministros. Desde el ala de Sumar en el Gobierno se reprochaba al PSOE estar dilatando por dos semanas la presentación y aprobación del real decreto ley de embargo de armas a Israel. Fuentes socialistas justifican ello por la precisión técnica que hay que tener de cara a conformar el texto. Desde Sumar, admiten que son conscientes del trabajo que se requiere, frente a otras modificaciones previas de normativas como puede ser el SMI, ejemplifican. De cara al público, pese a todo, mantienen cierta rivalidad. El Gobierno garantiza que el decreto estará listo el martes. Desde IU —integrado en Sumar— solicitan que de no ser así, haya un desplante de los cinco ministros magentas al PSOE.

Dos medidas en funcionamiento por trabajos previos

Dentro del acuerdo, quince puntos van expresamente dedicados a la regeneración. Hay dos cuestiones que ya están aprobadas por los trabajos previos derivados del Plan de Acción por la Democracia de 2024. Sumar pedía poner a funcionar a la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, algo que ya es una realidad desde este mes de septiembre. Está presidida por el catedrático Manuel Villoria. Asimismo, ya se ha trabajado por la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal para luchar contra la corrupción pública.

A principios de julio el Gobierno dio otro paso: aprobó el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) para hacer obligatoria la participación y celebración de debates electorales. Además, para publicar los microdatos de todas las encuestas electorales. Aún tiene que pasar por el Congreso.

Propuesta de regeneración y medidas de Sumar al PSOEDescarga

Por delante quedan la aprobación de esa Oficina contra la corrupción. Una ley integral contra la corrupción, para impedir durante 20 años a las empresas que han participado en esa corrupción su participación en adjudicaciones públicas. Una ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante este tipo de delitos. El endurecimiento del Código Penal para los corruptos con cargo público y su inhabilitación por treinta años. Tipificar el enriquecimiento ilícito injustificado de cargos públicos. Prohibir los indultos por corrupción. Reformar la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar los procesos por corrupción, y la ley de partidos, para que sean éstos los que paguen por las corruptelas de sus miembros.

Falta también fortalecer la Oficina de Conflicto de Intereses y el Consejo de Transparencia. No se sabe nada aún de una comisión de investigación en el Congreso específica para Cerdán, Ábalos y Koldo. Y al mismo tiempo queda pendiente saber cuándo llegará al Congreso el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de grupos de interés, para hacer frente a la influencia de los lobbies. También estaba sobre la mesa antes de este acuerdo de regeneración.