En pleno cisma dentro de la coalición del Gobierno por la tardanza para llevar el compromiso de embargo de armas a Consejo de Ministros, fuentes de Sumar próximas al Ejecutivo aseguran que quizá habría sido más recomendable tener bien atado o algo más encarrilados los trabajos sobre el real decreto ley antes del anuncio de ese compromiso por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre todo, cuando se están dando lugar distintos "problemas técnicos" que ninguno de los dos socios del Ejecutivo se aventuran a detallar. Se coincide por las dos partes en que el próximo martes se llevará a la reunión para aprobarlo y llevarlo al Congreso, donde tendrá que ser convalidado en el plazo de un mes.

Justo esa jornada está previsto que Sánchez esté en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) junto al Rey Felipe VI. Lo que dará al anuncio mayor valor simbólico después de que la Comisión de Investigación del organismo haya acusado a Israel de estar perpetrando un genocidio en Gaza.

Este decreto de embargo de la compraventa de armamento, munición y equipamiento militar con Israel se dio a conocer el lunes 8 de septiembre, junto a otras ocho medidas que tomaron forma en el Consejo de Ministros del martes siguiente. Entre ellas, a nivel material, destacan la prohibición del tránsito por puertos españoles a los barcos que porten combustibles dirigidos a las fuerzas armadas de Israel, o de la entrada a espacio aéreo español de aeronaves que porten material defensivo.

Según reconocen en Sumar, a nivel de partido, y no desde el Gobierno hasta minutos antes del anuncio de Sánchez en una declaración institucional desde La Moncloa, no tenían "conocimiento" de las intenciones de Sánchez. Lo que da a entender que se empezó a trabajar desde las horas posteriores en el asunto. Aunque no se especifica qué papel tuvieron sus cinco ministros en el proceso hasta esa fecha. Días antes, los magentas presionaron al PSOE con una serie de demandas orientadas a esta dirección. Se lamenta no haber podido trabajar con más anticipación y que ahora se esté dando una imagen de que no hay prioridad en este asunto.

Durante el martes, algunos miembros de Sumar dejaron caer en el Congreso, al conocerse que se aplazaba la aprobación del real decreto ley, que quizá cabía la posibilidad de que esos "problemas técnicos" se derivaran de un bloqueo por parte de algunos ministerios. Se sugería Defensa o Interior. Otras voces de Sumar se mostraban más prudentes posteriormente e incidían en la complejidad del asunto, al tratarse de un decreto que parte desde cero sin antecedentes. Como adelantó El Independiente este miércoles, desde Defensa se negaba la mayor. Incidió por la mañana, después del pleno de control al Gobierno, la ministra Margarita Robles. De ellos no dependía esa tardanza porque entre junio y julio quedó completada la rescisión de los contratos. Desde Sumar, pese a todo, algunas voces insisten en que hay confrontación entre ellos con el departamento de Robles.

Se prevé solventar esos inconvenientes técnicos a lo largo de la semana y llevar al Consejo de Ministros la medida el martes. Estarían relacionados con la complejidad de abordar la cancelación de algunas contrataciones pendientes por parte de los servicios jurídicos. El carácter clasificado de algunas cuestiones lo complican más. La vinculación a acuerdos con terceros, como la UE o la OTAN puede haber generado más problemáticas también. Queda, además, conocer qué efectos tendrán esas suspensiones de contratos. Y por otro lado, el escollo de determinar qué pasa con los materiales de los territorios ocupados.

Tendrá efectos económicos, dado que habrá que proceder a hacer indemnizaciones millonarias o gastar más para conseguir alternativas a productos militares con procedencia israelí. Aunque en abril se zanjó la polémica por un contrato de balas con una empresa israelí que abrió en canal la coalición, especialmente desde el lado de IU, datos como los publicados por Comercio Exterior (DataComex) apuntan a que Defensa a ejecutado contrataciones al país hebreo por valor 16 millones de euros. En bombas, grandas y torpedos. Además, en este 2025, España ha vendido a Israel unos 165.000 euros en material militar. De hecho, hasta el mismo día del anuncio de Sánchez, se ha venido contratando con Israel. Ello no ha vuelto a generar polémicas entre PSOE y Sumar.

El 9 de septiembre, Defensa canceló a las cuatro de la tarde dos adjudicaciones del lanzacohetes SILAM y de los misiles contra carro de combate Spike-LR2 en los que participaban empresas israelíes. El coste conjunto era de mil millones de euros. No hay una cantidad fijada para la indemnización, pero si así lo solicitase la empresa afectada, la Administración española debería estudiarlo. De rechazarlo, se iría a un proceso contencioso-administrativo. Debería ser la empresa perjudicada la que fijase una cantidad a demandar, en función de las pérdidas y los daños ocasionados.

Igualmente, este embargo tendrá impacto en la tecnología militar española. Aunque no se comercialice directamente con Israel, hay muchos elementos bélicos que en Occidente llevan componentes con origen israelí dado su desarrollo en este campo. En las últimas horas, publicaciones como la de El País alertaban sobre ello, haciendo hincapié en los cazas F-5 del Ejercito del Aire y el Espacio. A corto plazo, el embargo armamentístico puede poner en un aprieto la formación de los pilotos de combate, quienes se entrenan con ese modelo.

Pilar Alegría, la ministra Portavoz y de Deportes apuntó a ese objetivo en la comparecencia posterior de prensa a la reunión del órgano en Moncloa. Inciden con mayor determinación desde Sumar. Este mismo miércoles, en el Congreso, el ministro de Cultura y portavoz nacional del Movimiento Sumar avaló con garantías que se llegará a buen puente. "Sumar está en el gobierno y va a garantizar que se apruebe el martes", dijo en los pasillos del Congreso y en una comparecencia en televisión.

Podemos, crítico con este decreto

A juicio de los morados, muy críticos con la coalición de Gobierno, este decreto está tardando por las prisas de "anunciarlo sin tenerlo" listo. Para ellos, este decreto de embargo de compraventa de armamento, así como las prohibiciones de tránsito de material van a quedar en papel mojado ya que a través de las bases de EEUU en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) "van a seguir pasando armas para Israel" al ser el primero su principal socio. "Están hilando muy fino para que suene bien", pero "no va a servir para nada".

Fuentes estatales de Podemos ponen sobre la mesa las valoraciones que ha hecho recientemente el investigador y miembro del Centre Delás, Alejandro Pozo, que tras el anuncio de medidas de Sánchez apuntó que mientras se viene trabajando en este embargo, desde octubre de 2023, se ha seguido comprando y vendiendo. Ello pese a que desde el Gobierno, como se ha comprobado, afirmaron que se adoptaba un "bloqueo comercial" tras la invasión terrestre de Israel en Gaza. Ha habido exportaciones de munición hasta la fecha. Recalca que según DataComex "España ha sido la tercera máxima importadora de la UE" de esas armas y munición definidas bajo el código 93. Tras Países Bajos y Estonia.

Para Podemos eso refleja que el PSOE ha frenado el asunto exigido por Sumar hasta la fecha para poder seguir comprando el material necesario para los próximos años. Y, una vez haya relevo de Gobierno, que dan por echo que pasará por Génova, "le tocará al PP comérselo y reactivar" esas contrataciones con Israel. Los morados, además, se muestran bastante en contra de que estas medidas se hagan vía decreto ley. Creen que el Gobierno tiene las suficientes capacidades administrativas como para hacerlo directamente, dejando de contratar.

Los de Ione Belarra trasladan que al subirse al carro de la causa palestina, al querer adoptar repentinamente las medidas que desde Podemos y el resto de los partidos de la izquierda alternativa se vienen reclamando durante años, "Sánchez quiere dejar un último buen recuerdo, que sea positivo" antes de la convocatoria de elecciones. Para movilizar a la izquierda. Creen que se guía más por los anuncios que por los hechos. Los morados aventuran que a principios de año, Sánchez convocará un adelanto de comicios si no consigue sacar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Dejan margen hasta después de las elecciones de Castilla y León o Andalucía, sugieren un movimiento similar al de 2023, nada más darse un importante golpe en el ciclo autonómico.