La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado el recurso presentado por el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Beatriz Biedma, de transformar las diligencias en procedimiento abreviado. El tribunal confirma así que existen indicios suficientes para que se siente en el banquillo acusado de delitos de corrupción —prevaricación y tráfico de influencias— vinculados a su incorporación a la Diputación de Badajoz.

PUBLICIDAD

Así consta en el auto dictado este martes 23 de septiembre, al que ha tenido acceso El Independiente, donde el tribunal extremeño subraya que corresponde al juicio oral determinar la responsabilidad penal de Sánchez. Considera que existen indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas, por lo que confirma el procesamiento dictado por Biedma, a quien ahora corresponde ordenar la apertura de juicio oral. También serán juzgados el presidente del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el extrabajador de Moncloa Luis Carrero.

En relación con las irregularidades que se le atribuyen al hermano de Pedro Sánchez, el auto menciona la existencia de indicios de que éste se benefició de su posición y contactos para obtener un puesto público en la Diputación. Los magistrados apuntan a "una apariencia fundada" de que pudo prevalerse de esas influencias para lograr su contratación en esta administración pública.

Así, la Audiencia rechaza la argumentación de la defensa, que solicitaba la absolución al considerar inexistentes los indicios de delito. Sin embargo, los jueces recuerdan que en esta fase procesal no corresponde valorar en profundidad la prueba, sino verificar la existencia de un "juicio de probabilidad incriminatorio" suficiente. En esa línea, subrayan que será en el juicio donde se practiquen con garantías las pruebas, sin que este auto suponga en ningún caso una anticipación de la sentencia.

El tribunal también responde a la alegación que trataba de minimizar la capacidad de influencia de Pedro Sánchez por haber dejado la secretaría general del PSOE en octubre de 2016 y no recuperarla hasta mayo de 2017. Los magistrados recuerdan que fue en ese mes de octubre cuando se propuso la creación del puesto en la Diputación, y que siete meses después, ya con Sánchez de nuevo al frente del partido, comenzó el proceso de nombramiento de su hermano para ese cargo.

Los indicios

En su resolución, los jueces agrupan los indicios en tres bloques. El primero alude a la creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, adjudicada a David Sánchez. La Audiencia subraya que la propuesta carecía de justificación, que no debía cubrirse con un cargo de alta dirección y que los informes sobre su labor se presentaron "en papel y con fecha más que tardía". Añade, además, que el puesto fue "adaptado a las exclusivas preferencias personales" del hermano del presidente.

El segundo bloque se refiere al cambio de denominación del cargo, de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación. Según la resolución, se trató de "disfrazar de simple" una modificación que en realidad suponía la creación de un nuevo puesto, acompañado de la "eliminación de la incompatibilidad" que lo limitaba.

El tercer bloque apunta a la incorporación de una nueva "sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas", que recayó en Carrero, exasesor del Ministerio de la Presidencia y amigo personal de David Sánchez. La Audiencia menciona incluso correos en los que Carrero lo llamaba "hermanito".

El origen de la causa se remonta a junio de 2024, cuando la asociación Manos Limpias presentó una denuncia por presuntas irregularidades en contrataciones en la Diputación pacense. A raíz de esa iniciativa, la togada abrió diligencias y, el pasado 28 de abril, dictó un auto que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado y procesaba, además del hermano del jefe del Ejecutivo, a otras diez personas.

La magistrada señalaba la posible comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, lo que llevó a las acusaciones populares —integradas por Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el PP— a solicitar penas de hasta tres años de prisión para los investigados. Frente a esa posición, tanto la Fiscalía como las defensas reclamaron el archivo de la causa por falta de indicios de criminalidad. El abogado de Sánchez, Emilio Cortés, ha venido denunciando que el procedimiento tenía un trasfondo "político e instrumental".

(Noticia en ampliación)

PUBLICIDAD