Junts perdió este martes una votación en el Congreso que estaba perdida de antemano. Desde hace mucho tiempo. Desde que, allá por marzo, registró con el PSOE la proposición de ley de delegación de las competencias migratorias a Cataluña. Podemos siempre se opuso a ella. Siempre tachó la propuesta de "racista". Y mantuvo su palabra hasta el final. Sin cambios. La Moncloa se movilizó hasta el último momento para intentar salvar el texto, pero era plenamente consciente de que la posición estaba fijada y era inamovible. La iniciativa, finalmente, decayó, en su primer debate. Por 177 votos frente a 173. No fue una sorpresa para nadie. Por eso mismo el Gobierno y Ferraz están convencidos de que en el fondo esta votación, tan decisiva para los posconvergentes, no cambia sustancialmente nada, no altera los equilibrios. La formación de Carles Puigdemont, asumen, seguirá apretando, y mucho, se sentirá igual de insatisfecha, seguramente no apoye unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero no se atreverá a tumbar a Pedro Sánchez vía moción de censura. El expresident, creen, no dará el paso de provocar el descarrilamiento de la legislatura. Porque, como resumen en la dirección socialista, a Junts "menos que a nadie les interesa ir a elecciones". El resultado para ellos, recuerdan, sería nefasto, como indican las últimas encuestas.

Míriam Nogueras, la portavoz de la derecha independentista catalana en el Congreso, llenó más de argumentos la mochila de Podemos para que votase en contra. En tribuna, y en defensa de la proposición de ley conjunta con el PSOE, enhebró un durísimo discurso, claramente "racista" a ojos de los morados —y de los aliados progresistas de investidura—, y hasta intercambiable con Vox en algunos puntos: "Más del 40% de los inmigrantes en Cataluña no trabajan y muchos de ellos tienen que recibir ayudas sociales para poder vivir. Hay escuelas en las que el alumnado de origen migrante representa casi la mitad de los alumnos. La supervivencia de nuestra identidad no está garantizada, sobre todo por el enorme impacto que este fenómeno tiene en la lengua catalana, que como todos saben es un factor de cohesión y de integración social absolutamente extraordinario". Para la portavoz de Junts en Madrid, las "olas migratorias" de los últimos años y la mala gestión que de ellas ha hecho el Gobierno central ha llevado a una situación de "colapso" en Cataluña, y la propuesta que este martes se debatía permitiría a la Generalitat "controlar el actual desbordamiento".

Junts se llevó la reprimenda de los socios de izquierdas, por sus postulados "racistas", por actuar, como dijo Gabriel Rufián, portavoz de ERC, por miedo a su competidor directo en Cataluña, Aliança Catalana, cuando en realidad están "fomentando un monstruo que les va a comer". Pero también Podemos cargó con rapapolvos, porque lo que se estaba debatiendo es una transferencia de poder para la Generalitat, no para Junts. Es una ley que en sus 13 artículos, convino Jon Iñarritu (EH Bildu) "no tiene ninguna afirmación de tipo racista". A Junts, añadió Rufián, no se le detiene "frenando competencias" para Cataluña. Nada convenció a los morados. Su diputado Javier Sánchez Serna se centró en el mensaje que la iniciativa trasluce, porque "trata la inmigración como un peligro social" y lo que dirime es "qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población".

Los socialistas se removieron en sus escaños. No les había gustado el discurso de Nogueras, en absoluto. Pero entendían que ella "estaba hablando para su parroquia, por su competencia con Aliança", señalaban en la cúpula parlamentaria a este diario. El discurso del veterano diputado del PSC Pepe Zaragoza caminaba por un sendero muy distinto, de hecho, al de los posconvergentes: lo que hizo fue rebajar el alcance de la medida, al recordar que no se trataba de ninguna cesión de competencias, sino de una mera "delegación" —y, como tal, reversible—, y además la Generalitat trabajaría "siempre conforme a la ley estatal", porque la normativa migratoria aplicable es el marco nacional y europeo, de modo que el Govern no podría "decidir sobre los flujos migratorios".

Pasadas las 21 horas, la votación. El pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de ley de Junts por 177 votos (PP, Vox, Podemos, Unión del Pueblo Navarro y los diputados de Sumar Alberto Ibáñez y Jorge Pueyo, de Compromís y Chunta) frente a 173 (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y la diputada Àgueda Micó, de Compromís, y el exministro José Luis Ábalos). Ninguna abstención. La propuesta murió en ese instante.

Los posconvergentes, ante las cámaras y detrás de ellos, culpaban sobre todo a Podemos del fracaso, no al Gobierno. Horas antes, el secretario general del partido, Jordi Turull, acusaba desde Barcelona a los morados de aplicar "un 155 en materia de inmigración". Las palabras del núcleo duro de Puigdemont —y sus mensajes transmitidos en privado— hacen pensar al Ejecutivo que su relación con la formación "no va a variar mucho". "Pasará lo mismo que viene pasando hasta ahora", señalan fuentes muy próximas a Sánchez. Es decir, que los socialistas seguirán sufriendo con cada iniciativa, con cada negociación, con cada votación. Sin que Junts llegue a apretar el botón de apoyo de una moción de censura con PP y Vox. "Que no nos apoyen unos Presupuestos es lo normal, es lo que viene ocurriendo —prosiguen las mismas fuentes—. Pero es que si nosotros dependiéramos de Junts para todo, nos podría preocupar. Pero dependemos de los equilibrios con unos y con otros, y ellos a veces proponen cosas inasumibles".

En la Moncloa dicen no temer represalias de los de Puigdemont: "Ellos saben que no nos pueden culpar de que la proposición haya fracasado. Hemos estado hasta última hora hablando con Podemos para ver si era posible un acuerdo". Ironizan incluso en el equipo del presidente sobre eventuales penalizaciones: "¡Si todos los días recibimos señales de castigo de ellos! Ellos siempre ponen de manifiesto que no son socios de investidura, que no extienden un cheque en blanco, que van carpeta a carpeta. No nos hacen falta más señales, ya lo sabemos".

En definitiva, en el Gobierno y en el PSOE asumen que la convivencia con los posconvergentes es siempre muy delicada, siempre al borde del abismo, sin garantías de ningún tipo. Pero a ambos partidos no les queda otra que sostener el débil hilo que les une. "A ellos son a los que menos les interesa ir a elecciones", verbaliza una dirigente de peso de la cúpula socialista. La responsable se remite a la última encuesta de Ipsos para La Vanguardia, publicada el pasado domingo: el PSC seguiría en cabeza en unas autonómicas, aunque a la baja (de 42 a 36), pero Junts sería duramente castigada por los electores catalanes (de 35 a 21 parlamentarios), casi igualando su representación a la de Aliança Catalana, el partido ultra y xenófobo de Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, que saltaría de 2 a 19 asientos en el Parlament. ERC se estabilizaría en 21 escaños (tiene 20), el PP bajaría dos (de 15 a 13), y los comunes uno (de seis a cinco diputados). Vox, como Aliança, crecería, de 11 a 16 representantes, por delante de los populares, y la CUP mantendría a sus cuatro parlamentarios. Ese ascenso tan brutal de Aliança explica, para los socialistas, el discurso "racista" de Nogueras este martes en tribuna: "Ella hablaba para su parroquia por la competencia con Orriols".