La Policía Nacional ha concluido que las consultas en bases oficiales que distintos agentes hicieron sobre senadores de Podemos entre 2015 y 2016 se enmarcaron dentro de la normalidad. El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga un supuesto complot organizado en el Ministerio del Interior de la época de Jorge Fernández Díaz para perjudicar a la formación morada.

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El juez Santiago Pedraz emitió oficios a distintas unidades de la Policía y a distintas jefaturas superiores. Muchos de los agentes que hicieron las búsquedas de los miembros del partido político ya no están en el mismo puesto que hace una década, y otros tantos no recuerdan exactamente por qué se hicieron las consultas.

Sin embargo, en las minutas remitidas a la Audiencia Nacional, la práctica totalidad señala a que si buscaron esos nombres, por un lado, no sabían quiénes eran, o bien lo hicieron dentro de sus tareas operativas. Las consultas están hechas, hace diez o nueve años, desde la comisaría especial de la Casa Real, el área de seguridad del Congreso o el Senado, desde el complejo policial de Canillas (Madrid) o por registrarse en algún hotel.

Identificación previa

En el caso de los eventos relacionados con Zarzuela, todos los visitantes tienen que identificarse, enviar sus datos y los policías hacer las comprobaciones correspondientes. Lo mismo cuando alguien accede a alguna de las dos cámaras de representantes o a cualquier complejo de Policía, Guardia Civil o de las Fuerzas Armadas.

Sólo hay un caso en el que un agente consultó la identidad de un senador de Podemos, José Ramón Arrieta. El acceso a la base de datos se hizo el 8 de enero de 2016. Entonces el policía estaba en la brigada central de estupefacientes, de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO).

Debido al tiempo que ha transcurrido, el policía ha tenido que preguntar a sus compañeros. Estos le dijeron que la consulta estuvo relacionada con la conocida como operación Cardenal, en la que se vinculó presuntamente a uno de los pesos pesados de Podemos, Miguel Urbán, con la venta de 40 kilos de cocaína en el centro de Madrid para financiar al partido. La Fiscalía Antidroga abrió unas diligencias previas.

Supuesto testimonio

Todo partió del testimonio de un supuesto trabajador, con nombre y apellidos según ha podido comprobar este periódico, de un bar del barrio de Malasaña. Según aseguró en una denuncia, vio a Urbán subir a la parte de arriba del local con 40 kilos de cocaína, y se habría marchado de allí con 1,2 millones de euros que eran para Podemos.

Sin embargo, nada de esto se ha probado. Urbán ha denunciado en la Audiencia Nacional un montaje policial para hundirle a él y afectar a su partido. Señala al entonces director del CITCO, el comisario ya jubilado José Luis Olivera, y a un entonces mando de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán.

La primera intención de Urbán fue la de adherirse a la causa que investiga el Central 5, aunque el juez Pedraz lo rechazó por considerarlo hechos distintos, aunque se produjo en el mismo periodo de tiempo.

Según ha publicado esta semana eldiario.es, la jueza María Tardón, también de la Audiencia Nacional, ha abierto diligencias por la denuncia de Urbán. Ha pedido a la Fiscalía un informe previo antes de decidir si abre o no una investigación.

Otras consultas

Las sospechas de Podemos sobre las consultas a sus senadores se enmarcan en las mismas que tenían sobre otros miembros del partido: una presunta guerra sucia organizada desde el Ministerio del Interior en manos del Partido Popular.

Podemos denunció que la Policía hizo miles de búsquedas en bases policiales sobre sus dirigentes. Según la formación, el objetivo era hacer investigaciones prospectivas para desacreditarlos de cara a la opinión pública. Los investigadores han remitido una serie de informes al juez donde explican que los registros respondían a operativos de seguridad en favor de los representantes del partido.

La Policía descarta de plano que se recibiesen órdenes para consultar de manera ilegal sus bases para obtener datos de Podemos. En sus escritos, de los que informó El Independiente hace casi un año, apuntan a que las búsquedas respondían a labores de seguridad y "contravigilancias" a esas personas. A raíz de las elecciones de 2014, cuando la formación morada obtuvo cinco millones de votos, la Policía puso en marcha operativos de seguridad, como hace con todos los partidos. Otras veces eran miembros del partido los que pedían ese servicio para otros componentes de la formación.

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