El Sáhara Occidental, la ex colonia española ocupada por Marruecos, provoca alianzas poco habituales en el Congreso de los Diputados desde el histórico cambio de posición del PSOE en el contencioso. La Cámara Baja ha aprobado este jueves una iniciativa de Vox que insta al Gobierno a oponerse a la modificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos por incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario preferente, vulnerando las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

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La proposición, derivada de una interpelación al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recibió el apoyo del Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Sumar. El PSOE y el resto de sus socios de investidura —ERC, PNV, Bildu, Junts, Podemos, Coalición Canaria y BNG— votaron en contra. El resto de los puntos de la moción fue rechazado.

El texto aprobado recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 4 de octubre de 2024, que anuló los acuerdos agrícola y pesquero entre la UE y Marruecos al considerar que se aplicaban al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, vulnerando el derecho internacional.

Contexto del acuerdo

La Comisión Europea logró en tiempo récord negociar con Marruecos una nueva versión del acuerdo comercial con Marruecos tras la anulación dictada por el TJUE. El objetivo es adaptar el texto a la jurisprudencia europea, aunque Rabat insiste en que los productos procedentes del Sáhara deben mantener su acceso preferente al mercado europeo.

El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según la ONU. Marruecos controla la mayor parte del territorio y lo considera parte de su soberanía, mientras el Frente Polisario, con el apoyo de Argelia, reclama la independencia.

Reacciones políticas

La votación en el Congreso pone de manifiesto una vez más la división política en torno a la política exterior española hacia Marruecos. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una relación estratégica con Rabat desde el giro diplomático de 2022 —cuando España respaldó el plan marroquí de autonomía para el Sáhara—, sus socios parlamentarios se oponen a cualquier reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el territorio.

A finales de septiembre, formaciones del Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui enviaron una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, solicitando que España rechace el nuevo acuerdo. En la misiva denunciaban las maniobras de Bruselas y Rabat para incluir al Sáhara en el tratado y recordaban que “cualquier acuerdo sobre los recursos naturales saharauis requiere el consentimiento del pueblo saharaui”.

El Frente Polisario ya ha advertido que recurrirá cualquier nuevo texto que incluya al Sáhara Occidental. Organizaciones de defensa de los derechos saharauis han acusado a la UE de “ignorar deliberadamente” el fallo judicial y de “dar cobertura económica a la ocupación marroquí”.

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