El Gobierno no se romperá, la coalición seguirá adelante. Eso no está en duda. Pero el último tirabuzón dialéctico de Sumar, su presión para que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se aparte si no asume medidas "valientes", ha dolido en el ala socialista del Ejecutivo. El socio minoritario fue este martes más allá que en otras ocasiones, apuntaba directamente a la cabeza de un miembro del Gabinete. No lo decía Podemos, o cualquier otro aliado parlamentario. La crítica cruda partía del interior del Gobierno. Y aunque los socialistas intentaron templar los ánimos y no responder al choque, aunque lo achacaron a la constante voluntad de la formación de Yolanda Díaz de "sacar la cabeza", de "llamar la atención", a su ansiedad por su extenuante pugna con los morados, en el fondo latía un cierto malestar. El enfado por un ataque que juzgaban inmerecido y que creen que debe dirigirse no a ellos ni a Rodríguez, sino a las comunidades del PP, que son las que se niegan a desplegar la ley de vivienda que permite, entre otras medidas, el control de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. El nivel del desencuentro obligó a una desescalada: por la tarde, los magentas recularon y precisaron que de ningún modo estaban requiriendo la caída de Rodríguez.
El propio presidente, Pedro Sánchez, ha reiterado en varias ocasiones que esta "va a ser la legislatura de la vivienda", consciente de que, como indican consistentemente los barómetros del CIS, es el primer problema del país a ojos de los españoles. Lo estima así el 37,1% de los ciudadanos, según el estudio de este mes de octubre, pero es una inquietud aún más acuciante para el electorado progresista. Hasta el 43,7% de los votantes del PSOE sitúan la vivienda como el gran problema de España, y lo es para el 60,5% de los simpatizantes de Sumar.
La vivienda es el principal problema del país, según el CIS, e inquieta especialmente a los votantes del PSOE (el 43,7% lo cita) y más aún a los de Sumar (el 60,5%): es un tema muy sensible para ambos
Es una carpeta, por tanto, extremadamente sensible para el Ejecutivo en su conjunto, y en la que le está costando más avanzar, en parte porque se trata de una política en la que tardan en llegar los frutos y en parte también porque la mayor parte de las competencias están residenciadas en comunidades y ayuntamientos, la mayoría de ellos en manos del PP. Es "el primer problema del Gobierno", alertaba de modo elocuente este martes el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Para entonces, para cuando Bustinduy respondía a las preguntas de los periodistas en la Moncloa, Sumar ya había levantado la voz. La portavoz del grupo en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, había instado a media mañana a la responsable de Vivienda a "dejar paso" a otra persona si no se ve capaz de tomar medidas "valientes". A los suyos, avisó, se les está "acabando la paciencia". La diputada no quiso pronunciar la palabra dimisión, ni cese, pero el mensaje a los socialistas ya estaba lanzado. Barbero cargó contra la "decepcionante" comparecencia de la ministra ante el pleno del Congreso de la semana pasada, le recriminó que anunciara como "medida estrella" un teléfono de consulta, el 047, que calificó de "teléfono de esperanza", le atizó por no tomar medidas "serias", "innovadoras". "Mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo. Por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", deslizó.
Mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo. Por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", había avisado por la mañana la portavoz de Sumar
Lo que exige Sumar es que el PSOE se pronuncie públicamente sobre el conjunto de medidas que le puso sobre la mesa hace una semana, y que giran en torno a la "intervención" del mercado de la vivienda con un decreto ley para así poder contener los precios. Una de las iniciativas que reclama el socio minoritario es la congelación y moratoria de los contratos de alquiler: la prórroga general, por tres años, de todos los arrendamientos. En las CCAA donde no se hayan declarado zonas tensionadas —las del PP—, los nuevos contratos o renovaciones se deberían fijar "al mismo precio que el contrato anterior", sin posibilidad, por tanto, de subidas abusivas.
La eficacia de las medidas de unos y otros
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no quiso avanzar su opinión sobre las medidas planteadas por Sumar. En todo momento rechazó agravar la tensión. Aprovechando las palabras, segundos antes, de Bustinduy, que señaló que la propuesta de su grupo era "constructiva", ofertada "con total normalidad y con la confianza de que pueda ver la luz cuanto antes", la ministra se quedó con que lo importante es destacar el trabajo que ya está "haciendo" el Ejecutivo: multiplicar por ocho el presupuesto en vivienda, poner en marcha un plan estatal de vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros (por los 1.700 millones del anterior) y desplegar la primera ley estatal, aprobada al final de la pasada legislatura, en 2023.
La ministra portavoz pone en valor el trabajo que se está "haciendo" desde el Ejecutivo: desde la mayor inyección de recursos hasta el plan estatal de vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones
Alegría recordó, eso sí, que no solo puede remar el Gobierno central, ya que comunidades y ayuntamientos tienen que ir "de la mano" para resolver el principal problema político del país. En definitiva, remachó, el Ejecutivo se toma "muy en serio" esta inquietud ciudadana, la considera su "prioridad" y su objetivo es "consolidar el quinto pilar del Estado del bienestar". El ataque a Rodríguez, dijo, no es "compartido". "Ni justificado", abundaron después fuentes del Ejecutivo.
La orden desde la Moncloa era rebajar la temperatura, trasladar la idea de que se trataba de bolas de fogueo, poco más. "Intentan sacar la cabeza", resumía un miembro del núcleo duro de Sánchez, sin darle mayor importancia. En Vivienda también advertían de que no iban a dar la réplica a Sumar. Tocaba templar. "No vamos a confrontar con ellos, sí con las comunidades que boicotean la ley de vivienda o que no quieren blindar el parque público de vivienda. No nos van a despistar. Si nos dedicamos a enfadarnos, la gente se enfada", justificaban. No obstante, la propia Rodríguez, cuando fue preguntada por los periodistas en los pasillos del Senado, sí deslizó la razón que los socialistas entrevén tras la actuación de sus socios: "Es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos, y que este Gobierno tiene muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de vivienda".
Pero tras esa capa de prudencia también latía este martes un hondo malestar. En el ala socialista del Ejecutivo explicaban que lo que le ocurre a los de Díaz es que "se quedan sin banderas", porque las medidas que a su juicio están funcionando son las que ha puesto en marcha Vivienda, y no Sumar. Ponen un ejemplo: el ministerio de Rodríguez detectó, según comunicó a mediados de septiembre, 53.876 pisos turísticos ilegales, gracias a que solicitaron el número de registro obligatorio y se les denegó por no cumplir con los requisitos legales. Consumo, en manos de Sumar, anunció en julio que había logrado que Airbnb retirase de su web cerca de 65.000 anuncios sin licencia que fueron requeridos por el ministerio. "Pero la plataforma recurrió y han estado posponiendo la retirada con recursos. En cambio, nosotros —aseguran desde el sector mayoritario del Ejecutivo— hemos adaptado la normativa europea, crear un registro y han tenido que cumplir con la ley. Es más efectivo ir así que andar con cartas y tribunales".
Es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención", dice Isabel Rodríguez sobre Sumar. "Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos, y que este Gobierno tiene muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de vivienda", añade
Los socialistas son conscientes de que los votantes de Sumar están muy preocupados por la vivienda. "Pero no se dan cuenta —apuntan fuentes gubernamentales— de que mientras golpean a su socio, a nosotros, lo que hacen es dar armas a la derecha, alimentando la sensación de que no hacemos nada. Y eso solo beneficia a la antipolítica".
¿Se pueden congelar de manera general los alquileres?
No solo es una cuestión de tono. En la Moncloa no convencen las propuestas de Sumar. Creen que buena parte de las medidas que ha puesto sobre la mesa [aquí en PDF] son "inconstitucionales". Así, no gusta la congelación general de los alquileres, porque invadiría las competencias de las comunidades y porque ese objetivo es lo que persigue la ley de vivienda con la declaración de las zonas tensionadas: que los contratos nuevos no impongan un precio superior al anterior y que la actualización de las rentas esté limitada. Pero los gobiernos autonómicos del PP se han negado a aplicarlo, con el argumento de que supone la intervención del mercado.
Los socialistas creen que en lugar de atacar a la titular de Vivienda su socio minoritario debería apretar a los gobiernos autonómicos del PP para que apliquen la ley de vivienda y declaren zonas tensionadas para así controlar precios
"La inseguridad jurídica no vale de nada. Si apruebas algo por decreto ley y nos lo tumban, encima tenemos que indemnizar a los afectados. No habría necesidad de congelar alquileres en Madrid, por ejemplo, si el Gobierno regional lo declarara zona tensionada. ¿Por qué no presionan mejor a Isabel Díaz Ayuso y se movilizan en Madrid? Es mejor no hacer inventos", se defienden en el lado socialista del Ejecutivo. Molesta, por tanto, que Sumar se abalance contra Rodríguez en lugar de apretar a los barones del PP que han decidido no recurrir a la ley de vivienda para controlar los precios de la vivienda.
Además, los socialistas se quejan de que algunas de las propuestas que plantea Sumar ya están en tramitación, como la subida al 21% del IVA de los pisos turísticos, para que tributen como actividad económica que son —el PSOE registró esta y otras medidas en mayo en el Congreso—. Otras, como el desbloqueo de la regulación de los contratos de temporada o de habitaciones, depende del socio minoritario, porque la iniciativa está firmada por ellos en la Cámara baja y la pueden "activar cuando quieran" —el intento anterior lo tumbó Junts—. En el bloque socialista del Gobierno piden a Sumar que "en vez de dar ruedas de prensa" se movilicen para "conseguir votos" para las iniciativas que pongan orden en el mercado de la vivienda.
El ministerio de Rodríguez, por su parte, insiste en que no ha parado de adoptar medidas para que la vivienda sea realmente un "derecho" y no "un bien especulativo al servicio del mercado". En su equipo enumeran las principales políticas puestas en marcha. Para empezar, el Plan estatal de vivienda 2026-2030, que triplica la inversión pública en esta materia, hasta los 7.000 millones. Además, por primera vez se imponen condiciones a las CCAA que quieran recibir recursos: tendrán que cofinanciar el 40% del programa, blindar el parque público de vivienda y que compartan los datos "con transparencia y en tiempo real". También se está llevando a cabo la transformación de SEPES en la nueva Empresa Pública de Suelo y Vivienda Asequible. La nueva entidad ya ha licitado la construcción de más de 1.660 viviendas, ha incorporado a su patrimonio 40.000 pisos y 2.400 suelos de la Sareb con potencial para construir 55.000 viviendas más. Asimismo, ha sumado ocho infraestructuras penitenciarias —como la antigua cárcel madrileña de Carabanchel— para la edificación de 1.332 viviendas protegidas en ocho provincias de cinco CCAA.
Sobre el "teléfono de la esperanza", el 047, ridiculizado por Sumar, afirman en el Ejecutivo que es más "un servicio público", que había sido pedido por asociaciones para desahogar dudas jurídicas
El ministerio ha creado también el registro único y la ventanilla única digital para combatir el fraude en los alojamientos turísticos y ha reformado la Ley de Propiedad Horizontal para empoderar a los vecinos (sin su aval expresa, no se pueden instalar viviendas vacacionales en un inmueble). Se han eliminado ya las golden visa y se ha lanzado un PERTE de la vivienda industrializada. Y Rodríguez anunció, sí, el llamado por Sumar "teléfono de la esperanza", el gratuito 047 —porque el 47 es el artículo que en la Constitución regula el derecho a la vivienda—, porque "lo pidieron las asociaciones y los sindicatos de inquilinas", porque se hallaban desbordados y creían positivo habilitar un canal que sirviera para informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos, de qué es legal y qué no. Se trata, resumen los socialistas, de "un servicio público más que de un teléfono de la esperanza".
Fuentes del Gobierno indican que se invitó a Sumar a una reunión a la vuelta del verano para que Vivienda les explicara las medidas puestas en marcha y las que estaban en cartera. Pero no se ha agendado ningún encuentro todavía, lamentan, porque el socio minoritario no ha querido. Algo que niegan en la formación de Díaz: "¿Con lo que nos importa la vivienda y habiendo hecho una propuesta no vamos a presentarnos a una reunión? No se lo cree nadie".
"No, no tiene que dimitir"
De cualquier modo, Sumar intentó recoger cable por la tarde. Tanto la portavoz en el Congreso como la ministra de Sanidad matizaron las declaraciones de la mañana y señalaron que Rodríguez no debía dimitir. "El día en que yo quiera pedir la dimisión, pediría la dimisión y no habrá una repregunta al respecto", aseguró Martínez Barbero en La Sexta. "La propia portavoz del grupo Sumar ya ha dicho que que no, que no tiene que dimitir", respondió por su parte Mónica García, líder a su vez de Más Madrid. "Sí que es verdad es que desde el Gobierno de España somos conscientes de que la vivienda es un problema de primer orden, y que tenemos que atajarlo". La titular de Sanidad recordó que su grupo ha ofrecido medidas que son un "plan de choque para abordar la subida de los alquileres" y los pisos turísticos, cuestiones que "no se suplen solamente con construir y con dar ayudas a la gente que quiere comprar o alquilar". "Y en este sentido, vamos a poner toda la carne en el asador porque ahora [el precio de la vivienda] es el sumidero por el que se van todos los avances sociales".
Mónica García, Yolanda Díaz o la propia portavoz de Sumar matizan y dicen horas después que no se pide la caída de Rodríguez. Pero insisten en que urge un "plan de choque" por la subida de alquileres
García sí hizo alusión a que hay comunidades como Madrid que "se niegan sistemáticamente a cumplir con la ley de vivienda", y por tanto hasta que "todas" las administraciones no se hagan cargo, el problema no se podrá "resolver". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también evitó el combate con su socio: instó a los socialistas a que asuman las propuestas de Sumar, sin apuntar a Rodríguez. En el fondo, la discrepancia entre los dos miembros del Ejecutivo volvía a estar presente: mientras que Sumar apuesta por medidas más intervencionistas del mercado, en el PSOE optan por la regulación y por las políticas de incentivos y ayudas y también de construcción.
Desde la Moncloa piden paciencia. Porque, a diferencia de otras políticas, como la tramitación de becas, que se inyectan de manera directa y dependen del Gobierno, la vivienda es una competencia que depende de las tres administraciones y no tiene "un retorno tan fácil", ya que los frutos tardan años en llegar. Por eso en el ala socialista del Ejecutivo lanzan un consejo a Sumar: "Si vamos juntos, iremos más lejos".
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